Seguridad Ciudadana: menos promesas, más eficiencia

De los recientes cambios ministeriales, el que más atención concita, no cabe duda, es el correspondiente al sector Interior.
 

Al respecto, los principales sondeos de opinión revelan datos muy preocupantes. En julio de 2013, Ipsos formuló esta pregunta: ¿Qué ha sido lo peor del segundo año de gobierno de Ollanta Humala? El 59% de los encuestados señaló a la delincuencia y la falta de seguridad. En diciembre de ese año, la encuesta nacional urbana de GFK reveló que el 62% de los peruanos consideraba como aspecto negativo de la gestión del Gobierno el no combatir a la delincuencia. El mismo mes, la encuesta de Opinión Pública Datum Internacional difundió la nota promedio (del 0 al 20) sobre diversos aspectos de la gestión gubernamental, la cual arrojó respecto a las acciones de seguridad ciudadana y lucha contra el narcotráfico la nota desaprobatoria de 08.

Al respecto, el quinto ministro saliente, Walter Albán, señaló reiteradamente que se estaba controlando el aumento de la criminalidad; sin embargo, los ciudadanos no piensan lo mismo, tal como lo revela la reciente encuesta nacional urbana de CPI, difundida el 19 de junio de este año, donde el 76.1% de los peruanos "despide" al exministro del Interior, discrepando con su "optimismo". Su reemplazante en el cargo ha debutado con un inusitado entusiasmo verbal.

"En pocos días avanzaremos lo que no se ha hecho en mucho tiempo"; "No vamos a permitir que sigan circulando estos benditos vehículos que están llenos de papeletas y choferes llenos de papeletas, que siguen como Pedro en su casa"; "Voy a cerrar San Jacinto", son algunas de las expresiones del general EP ® Daniel Urresti, sexto titular de la Cartera del Interior y tercer militar en ocuparla en lo que va del Gobierno, que al parecer son preludio de un "activismo" operativo en la lucha contra la delincuencia, que por incoherente y sin metas claras, como remedio puede resultar peor que la enfermedad.

El nuevo titular del Interior debe mostrar mayor ponderación y humildad. La destrucción de dragas en Madre de Dios, su carta de presentación, no significa haber liquidado a los mineros ilegales y mucho menos avances en la formalización minera.

Los retos que le esperan al nuevo ministro son enormes. El crimen organizado y la delincuencia común articulada a ella tienen estas características: 1. Una estructura organizativa similar a consorcios empresariales de liderazgo centralizado, que inclusive opera desde las cárceles, pero también articulado internacional, nacional, regional y localmente; 2. Capacidad logística con armas, vehículos, escondites y facilidad para obtener información; 3. Las armas de fuego y explosivos que posee son utilizados, sin dudar, contra civiles y policías; 4. La ampliación de sus actividades se ha visto favorecida también por los efectos del Plan Colombia, que a través de la migración de organizaciones delictivas, provenientes de ese país, proporciona a los nacionales nuevos conocimientos en acciones vinculadas al narcotráfico, al lavado de activos; y, 5. Participación delictiva articulada en la minería ilegal, en la trata de personas, en el contrabando, en la extorsión a empresarios, a pequeños comerciantes, bodegueros o asociaciones de taxistas, y en el sicariato.

Además, un aspecto concurrente que afecta a la seguridad y actividad económica, especialmente en el interior del país, radica en la evidente asociación de ciertos gobiernos regionales y locales con la corrupción (19 de los 25 presidentes regionales enfrentan investigaciones fiscales o procesos judiciales por corrupción) y el crimen organizado, siendo probable incluso que candidatos corruptos participen en las elecciones de octubre, sin que el JNE pueda detectarlos.

Enfrentar estos flagelos requiere, entre otros aspectos, solucionar los problemas presupuestales en la implementación de la Ley de Crimen Organizado; fortalecer a la PNP, modernizándola con una gestión que tenga altos niveles de confianza de la ciudadanía (no con "podas" institucionales ni burocratizando la estructura y funcionamiento policial como sucede actualmente); y potenciar la investigación e inteligencia policial, pero más la prevención policial, acompañada de políticas multisectoriales que a la vez potencien la prevención social.

Ojalá que el Gobierno y su nuevo ministro del Interior recapaciten por el bien de los peruanos.

Artículo publicado en Diario Correo, viernes 27 de Junio del 2014.



¿Más delincuencia, menos homicidios?

El presidente Ollanta Humala al iniciar su gobierno ofreció combatir la inseguridad ciudadana; sin embargo, entrando a la mitad de su mandato, entidades como Ciudad Nuestra y Latinobarómetro revelan que la victimización por hogares se incrementó en 42.2% el año 2011; y en 43.2% el año 2012, mientras el año 2010 era 29%.

Asimismo, en el Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014 (Seguridad Ciudadana-PNUD-ONU), respecto a la percepción de la inseguridad y victimización en América Latina correspondiente al año 2012, coloca al Perú en un preocupante primer lugar respecto a la percepción de inseguridad en el barrio (50%) y victimización directa (28.1). Sin embargo, mientras se incrementa la delincuencia común, el crimen organizado, el sicariato, los secuestros, las extorsiones y la falta de seguridad, el Ministerio de Justicia acaba de informar que la cifra oficial de homicidios en el Perú correspondiente al año 2012, representa una tasa de 6.5 por cada 100,000 habitantes.

Si ya se cuestionaba que la tasa de 9.40, registrada por la PNP, era muy "optimista" respecto a las alarmantes cifras del Ministerio Público del año 2011 (24.1), la del MINJUS de 6.5 resulta ser "nubenáutica". Recapitulemos, en los últimos años, las tasas de homicidios dolosos reportadas por la PNP, que aparecen en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018, fueron las siguientes: 10.2 muertes por cada cien mil habitantes para 2009; 9.2 para 2010; 9.5 para el 2011 y 9.6 para el 2012, en tanto el Ministerio Público registró una tendencia ascendente, teniendo un aumento muy significativo para el 2011 (14 por cada cien mil habitantes para el 2009; 18.6 para el 2010 y 24.1 para el 2011).

Ante la controversia en la data de homicidios, el Ministerio Público desarrolló un conjunto de acciones con la finalidad de identificar las razones de tales diferencias, constituyendo para tal efecto una comisión que concluyó con un resultado sorprendente: 6.4 homicidios por cada 100,000 habitantes para el año 2012 (una reducción significativa respecto al año anterior).

Pero, eso no es todo, el Ministerio Público sostiene, como argumento para justificar su "sinceramiento", que en la elaboración de las cifras proporcionadas para los años 2011 y anteriores, "no se llevó a cabo un seguimiento estadístico que permitiera informar si la muerte se debió, efectivamente, a un acto delictivo doloso o tuvo una causa distinta (accidente de tránsito, muerte natural, suicidio, etc.)". Vale decir, la nueva "data" no puede ser comparada con las anteriores.

Paralelamente, el Consejo Nacional de Política Criminal (Conapoc) constituyó el año 2013 un comité estadístico, a cargo del INEI, para, entre otros aspectos, determinar el número oficial de homicidios en el país, que para el año 2012 es 6.5% (casi similar a la del Ministerio Público). Lamentablemente la metodología utilizada tampoco inspira confianza.

Los homicidios constituyen la forma más extrema de violencia en una sociedad, que se ejerce de manera intencional para quitar la vida a otra persona, por lo tanto, las instituciones estatales deben abordarla necesariamente con sinceridad para enfrentarla con eficacia. Todo indica, sin embargo, que estamos ante un "maquillaje estadístico" del MINJUS y del INEI.

Si el objetivo del gobierno, para demostrar que ha logrado resultados positivos contra la criminalidad, se sustenta en abrumar a la opinión pública con cifras reñidas en esencia con la verdad, pues no le servirá. La "estadística" de la vida diaria del ciudadano se encargará de desmentirlo en las urnas el 2016.

¿La no-reelección es la solución?

El JNE y la ONPE han señalado en un comunicado conjunto que la violencia podría incrementarse debido a los comicios municipales y regionales de octubre. Ambos organismos electorales advierten que "esta no es una situación nueva. En diversas localidades del país se han producido durante los últimos años hechos de violencia, amenaza y acoso político que afectan la vida, la salud, la integridad física y las libertades y derechos de autoridades, dirigentes políticos y líderes de opinión". Les preocupa, como a todos los peruanos, la penetración del crimen organizado (proveniente del narcotráfico, de la minería ilegal, del contrabando, del sicariato, de la extorsión, etc.) dentro del mencionado escenario político electoral.

En el contexto descrito, se ha propuesto enfrentar el uso corrupto del poder y de los recursos públicos en los gobiernos regionales y locales, prohibiendo la reelección de los presidentes regionales y de los alcaldes a partir del 2018. Aunque, siendo el porcentaje de autoridades reelectas, especialmente en el ámbito regional, minoritario, su prohibición no constituye necesariamente una solución a los problemas descritos. Se debe transitar más bien por reformas institucionales e integrales.

Al respecto, Carlos Meléndez ("La Soledad de la Política") considera que desde finales de la primera década del siglo XXI el Perú está experimentando un nuevo ciclo de transformaciones, señalando con acierto que "estos cambios profundos se deben a la confluencia de tres factores distintos que van desde transformaciones económicas estructurales (la presencia intensiva y extensiva de capitales en zonas rurales del sur; la amplitud de la brecha de desigualdad dada la agudeza del crecimiento económico), reformas institucionales(descentralización política, reformas participativas y activación política a nivel local) a rezagos históricos institucionales (dificultad del asentamiento estatal). Estos factores estructurales confluyen en un contexto con partidos políticos nacionales muy debilitados, sin enraizamiento en la sociedad, donde los actores políticos (básicamente operadores o political brokers) tienen dificultades para intermediar las demandas resultantes de las nuevas tensiones sociales...".

Sobre las reformas institucionales acotadas, cabe señalar que con la dación del Decreto legislativo 776 en 1994, se otorgó un mayor sustento económico a las municipalidades y se cambió la distribución del fondo de compensación municipal-FONCOMÚN. Asimismo, el año 2002 se crearon los gobiernos regionales (aunque de circunscripción departamental) con administración de sus presupuestos. Ambas reformas contribuyeron a incentivar la conformación de proyectos políticos en el ámbito municipal y regional al margen de las propuestas partidarias nacionales.

En tal sentido, los siguientes datos son reveladores: a nivel regional, de 25 gobiernos regionales, el año 2002, los partidos nacionales ganaron en 14; el 2006, en 4; y el 2010, también en 4, mientras las listas regionales ganaron 11, en el año 2002, y 21 tanto en el 2006 como en el 2010. A nivel de municipios provinciales, el año 2002 los partidos nacionales ganaron 108; en el 2006, 106; y en el 2010, apenas 77, las listas regionales obtuvieron 32 municipios provinciales el año 2002; 74, el 2006; y 112, el 2010, en tanto las listas provinciales ganaron 54 el año 2002; 15, el año 2006; y 6 el año 2010. A nivel de los 1605 municipios distritales donde hubieron elecciones el año 2010, la dispersión es mayor, pero no tan desfavorable a los partidos nacionales, los cuales ganaron en 693 distritos, pero las listas regionales triunfaron en 845 (el 2006, lo hicieron en 462 distritos y el 2002 en 200).

Resulta evidente que los movimientos regionales, con mayores recursos y poder, crecen electoralmente respecto a los partidos nacionales y listas locales provinciales, aunque carentes de institucionalidad democrática y sin una supervisión eficaz.

No se trata entonces de solucionar los problemas regionales y locales con leyes reactivas ni con decisiones coyunturales y reversibles (acciones de control, fiscalización política, supervisión electoral, administración de justicia, etc.). Se trata de que los poderes del Estado, los organismos electorales y de control, funcionen.

Manual para destruir un país

En el 2005 salió a la luz una carta que le habría mandado el dictador Fidel Castro al difunto ex presidente de Venezuela Hugo Chávez. En ella Castro detalla paso a paso como llegar al poder e instaurar una dictadura... ¿Algún parecido con la realidad?

Carta de Fidel Castro a Hugo Chávez

Sabemos, Hugo, que para lograr acabar con el imperialismo yanqui, tenemos qué hacer las cosas bien. Los árabes ya están listos; Lula está trabajando en Brasil, y las FARC las has animado tú. El pueblo del poder está muy cerca; los pobres son mayoría y tienen poca memoria; inyéctales desesperanza y acusa al pasado, a la democracia, de todos los males; mantente en línea permanente, con tu pueblo; identifícate con ellos; tu verbo es simple; eso les llega muy bien, pues, tiene la salsa que hace falta; emociónalos, tómalos en cuenta, aprende a manejar la IGNORANCIA; el verbo debe ser encendido, de autoridad y poder.

No te preocupes por los ricos y la clase media; no son más que tu 80% de pobres lo que necesitas. Los ricos salen corriendo, si les haces buuuuuu... A los católicos les encantan las menciones de la Biblia o de Cristo; los católicos, que son la mayoría en Venezuela, no hacen nada con rezar, sin acciones que no van a llegar a ninguna parte;son unos bobalicones; mientras la iglesia esté dormida, aprovecha; cuando decidan moverse, ya estarás instalado. Recuerda que la iglesia es guavinosa; sigue acusándola; los católicos sin liderazgo no son nadie, y ningún curita va a reaccionar; hay dos o tres que quieren reventar pero sus superiores los acorralan.

Si ves a algún sacerdote alebrestado, cómpralo, llámalo, gánatelo. Si el pueblo cristiano se te revela, ese será tu ultimo día, pero difícilmente vendrá. Los judíos, en Venezuela, no cuentan; los evangélicos son unos pobres pendejos, y las demás religiones, para qué nombrarlas.

Saca al Cristo, siempre habla en su nombre; recuerda que esto a mí me dio excelentes resultados; incluye banderas y a Simón Bolívar, cuando puedas; genera un nuevo nacionalismo; despierta el odio; divide a los venezolanos; esa etapa te da buenos dividendos; se eliminarán unos a otros; la violencia te ayudará también a instalarte más tarde a la fuerza; mientras tanto, háblales de democracia y de constitución.

Pide dinero y compra la fidelidad, mientras cumplan los objetivos; cuando logres lo quieres, si se oponen o te aconsejan, deséchalos; envíalos a las embajadas; dales dinero para que callen o sácales del país, para que la prensa no los utilice.

Los que se opongan, siémbrales delitos; eso los descalifica para siempre. Por todos los medios, mantén mayoría en la asamblea; mantén tu lado, como mínimo, a la fiscalía y al tribunal.

Compra a todos los militares, con ropa y equipo; a todos lo que tengan comandos, ponlos donde haya bastante dinero; CORRÓMPELOS, para lograr fidelidad; a unos de ellos ponlos en la petrolera, para que logres el control militar; en las guarniciones centrales, necesitas poner a tu gente; ofrece cursos para cambiar a los indecisos de los puestos clave. Si logras de 200 a 300 militares de alto rango, con comando de tropas, eres indestructible; si tienes dudas de algunos, ponlos a prueba; por ejemplo, con un golpe simulado; ahí salen todos los traidores y todos los fieles.

Es necesario controlar los medios de producción del Estado; a los comerciantes, les encanta el dinero; compra a los banqueros, a los grandes comerciantes, y a los grandes constructores dales contratos, trabajos y facilidades para esta primera etapa.

Para la segunda etapa, tienes qué haber formado comités de defensa de la revolución; llámalos bolivarianos; haz trabajo comunitario con ellos, para que se sientan agradecidos; págales para que sigan los lineamientos, las marchas, las concentraciones. De los comités, selecciona los más agresivos, para una fuerza de choque armada que puedas necesitar, si la cosa se pone difícil.

Controla la policía, destrúyela; ponla a tu disposición. En la segunda etapa, tienes qué profundizar la misión de la revolución; debes mencionar mucho la palabra revolución; eso emociona a los pobres.

Aquí tienes que fracturar a la unión de trabajadores y de empresarios que puedan hacer oposición; tienes qué lograr que los trabajadores estén afiliados a una central paralela; con dinero se logra; igualmente, tienes qué armar una central de empresarios paralela.
Ataca a los empresarios, acúsalos de hambreadores, fascistas y, particularmente, acúsalos de golpistas.Hazte el débil; la mente del hombre siempre se ubica en el más débil y en la justicia. Si no puedes comprarlos, cierra los medios de comunicación radial, impresos y las televisoras. Tu empresa de petróleo es la que produce el dinero del proyecto; crea una junta directiva revolucionaria; saca a los técnicos y acaba con esa llamada meritocracia; si tienes todo en esta etapa, puedes seguir a la tercera. 

En la tercera etapa, puedes violar la constitución, porque nadie te lo va a impedir; ordena allanamientos, siembra armas, drogas, dinero; acúsalos de espías o corruptos; desprestígialos; recoge a muchos periodistas, empresarios, líderes laborales; los demás escaparán del país o tomarán escarmiento.

Reestructura el gabinete; aquí puedes deshacerte de tus colaboradores;a unos, puedes premiarlos, y a otros, desecharlos pues, ya no hay 0posición; tienes qué poner camaradas; establece el estado de excepción; suspende las garantías; lanza el toque de queda; apúrate, mira que el pueblo se te está poniendo bravo; cierra todos los medios de comunicación; destituye alcaldes y gobernadores de la oposición; anuncia la reestructuración de todas las áreas del Estado y la elaboración de una nueva constitución; forma un consejo de gobierno con 500 miembros; en ese consejo asesor del gobierno estaré yo.

Hay qué fusilar a los opositores que no aprendan; esto es lo único que los silencia y es más económico; nunca dejes que se organicen y conozcan tus intenciones; seremos respetados nuevamente por el marxismo leninismo; Brasil, Ecuador, Venezuela y Cuba a pasos indestructibles; si veo que no tienes criadillas, recojo a toda mi gente; me la pueden matar los militares, cuando se te alcen; si no me haces caso, ve a ver qué haces.
¿Qué estás esperando, Hugo?

Seguridad Ciudadana: del escepticismo a la resignación

 

 

Las recientes declaraciones del ministro del Interior, Walter Albán, en la que asegura que no hay medidas a corto plazo para reducir los índices de delincuencia, evidencian que el Gobierno ha pasado del escepticismo a la resignación. Sino recordemos como en más de una ocasión funcionarios del gobierno de Ollanta Humala intentaron minimizar este problema. Wilfredo Pedraza sostuvo que la inseguridad en el país era “especialmente un tema de sensación”. A su turno, el ex premier Juan Jiménez declaraba en su última entrevista en el cargo que había una “histeria colectiva”. 

Ahora, Albán nos confiesa que “la criminalidad seguirá siendo alta”, es decir, las alarmantes cifras de extorsiones, sicariato y robos no tendrán variación. Lejos de buscar soluciones de un problema que necesita medidas inmediatas, se empeña en culpar al pasado de la actual situación de inseguridad. Sin embargo, Latinobarómetro Internacional revela que en el año 2010, la vicitimización en el Perú tuvo su nivel más bajo con 29% mientras que con el actual gobierno alcanzó 40% en el 2011 y, de acuerdo a la encuesta de Ciudad Nuestra, 43.2%  en el 2012.

Lamentablemente, las declaraciones del ministro del Interior dejan en la ciudadanía una sensación de desprotección, constituyendo un peligroso mensaje a la delincuencia: este gobierno no puede hacer nada para combatirlos. Y revelan que para este cargo su inexperiencia le está pasando factura.

Cabe señalar que los ministros de este gobierno que antecedieron a Walter Albán  cometieron graves errores como: 1. El pase al retiro de 30 Generales y 596 oficiales y suboficiales) que afectó la experiencia e idoneidad en la gestión de la PNP 2. Se adoptó una  estructura organizativa burocratizada para la PNP (Generales en Macroregiones y Coroneles mandando a Coroneles en las regiones); y 3. Burocratización operativa de la institución (18 Direcciones Ejecutivas, administrativas y operativas policiales).

Desde fines del 2011 han salido de la PNP 2,948 integrantes (Generales, Coroneles, Comandantes y Suboficiales), y  la solución de Albán  para acabar con la ineficiencia policial es depurar a  “miles de policías”. En una institución de 110 mil efectivos, esto solo agravará la situación.

El gobierno, primero, con su “reingeniería policial”; luego con la “reforma” legislativa para modernizar a la PNP; nos propone ahora con su último titular del interior la REFUNDACIÓN policial. ¿Estamos ante otro experimento fallido o el objetivo de siempre es el aniquilamiento de la institución?  ¿Qué pasará con la novísima y pregonada Ley de Carrera Policial aprobada en este gobierno donde se establecen las causales disciplinarias para ser dado de baja?  ¿Se garantizarán los derechos humanos y el debido proceso  de los policías en esta “depuración? ¿Existen alternativas integrales  de reforma en el gobierno que no se limiten a la poda policial?

 

 

 

 

¿Por qué avanzan el crimen organizado y la delincuencia?

Enfrentar el crimen organizado, la delincuencia común o el terrorismo, exige de un Estado democrático un equilibrio en el mantenimiento del orden público y el respeto a los derechos humanos. En otras palabras, debe mantener dos pilares en armonía funcional: de un lado la seguridad, la ley y el orden; y de otro, el respeto a las garantías. Si se inclina al primer pilar, devendría en un Estado policiaco; y si lo hace al segundo pilar, en una "anarquía" institucional, cómplice de la delincuencia.

El Perú no tiene los niveles que el crimen organizado y la delincuencia exhiben en países como Brasil, México o Venezuela, pero se ha incrementado peligrosamente en los últimos 30 meses.

Lamentablemente, los operadores designados por el gobierno para encarar estos flagelos son personas sin experiencia, mientras tanto el crimen organizado crece, infiltrándose y corrompiendo el sistema de justicia. Estas son sus características: 1. Estructura organizativa similar a consorcios empresariales de liderazgo centralizado, que inclusive opera desde las cárceles, pero también articulado internacional, nacional, regional y localmente; 2. Capacidad logística con armas, vehículos, escondites y facilidad para obtener información; 3. Las armas de fuego y explosivos que posee son utilizados, sin dudar, contra civiles y policías; 4. La ampliación de sus actividades se ha visto favorecida también por los resultados del Plan Colombia, que a través de la migración de organizaciones delictivas, provenientes de ese país, proporciona a los nacionales nuevos conocimientos en acciones vinculadas al narcotráfico (narcoavionetas aterrizan a diario en zonas como la margen izquierda del río Ene y el bajo Putumayo), al lavado de activos; y, 5. Participación delictiva articulada en la minería ilegal, en la trata de personas, en el contrabando, en la extorsión a empresarios, a pequeños comerciantes, bodegueros o asociaciones de taxistas y en el sicariato, que se ha convertido también en un instrumento delictivo para administrar "justicia" de facto.

Es verdad que el Congreso aprobó instrumentos legales para enfrentar al crimen organizado, no obstante, con menos beneficios penitenciarios, con más delincuentes en las cárceles, la delincuencia sigue en aumento y con más violencia.

No cabe duda que necesitamos enfrentar el crecimiento de la criminalidad. Para tal efecto, entre otros aspectos, se debe: 1. Solucionar los problemas presupuestales en la implementación de la Ley del Crimen Organizado; 2. Reducir la carga procesal con más juzgados y salas penales y magistrados calificados; 3. Crear más fiscalías especializadas contra el crimen organizado; 4. Fortalecer a la PNP, modernizándola con una gestión que tenga altos niveles de confianza de la ciudadanía (no con "podas" institucionales ni burocratizando la estructura y funcionamiento policial, como sucede actualmente); 5. Potenciar la investigación e inteligencia policial pero más la prevención policial, acompañada de políticas multisectoriales que a la vez potencien la prevención social; 6. Coordinar con los gobiernos regionales y locales la emisión de ordenanzas orientadas a la tranquilidad pública que tiendan a fortalecer, por ejemplo, operaciones integradas bajo la dirección policial para mejorar la vigilancia y prevenir los delitos y/o faltas contra los ciudadanos; 7. Reformar el sistema penitenciario (que vaya más allá de la instalación de bloqueadores electrónicos o construcción de establecimientos carcelarios); y 8. Implementar una plataforma tecnológica de alerta temprana a nivel nacional que recoja información de ocurrencias sobre crimen organizado, orden de capturas, entrada y salida de extranjeros, ficha de delincuentes, organizaciones criminales, modus operandi, detenidos, reos sentenciados y procesados.

¿Sólo un acto de corrupción policial o de un poder oculto?

Publicado en Diario Correo 6 de Diciembre 2013

Responder a la interrogante de este artículo es a lo que deberán abocarse tanto el Ministerio Público y el Poder Judicial cómo el Congreso de la República, luego  que una investigación periodística revelará que el operador montesinista, Óscar López Meneses contaba con seguridad de 8 patrulleros, dos motos y 22 agentes, durante 18 meses.

La renuncia del Ministro Pedraza, del Asesor Presidencial, Adrián Villafuerte, el relevo de mandos policiales, en modo alguno ha puesto punto final a la crisis política generada luego de la denuncia.

Por eso el oficialismo,  sus voceros, sus medios de comunicación, sus publicistas (¿Favre?) y  periodistas que antes acusaban a Ollanta Humala de Montesinista, pretenden solo responsabilizar a la PNP e inclusive a las fuerzas políticas de oposición por el resguardo dado en este gobierno a OLM, quien, por cierto, habría apoyado en la campaña presidencial de 2006 al actual mandatario no solo con asesorías “indirectas”, también con una camioneta y celulares, tanto para él como para Adrián Villafuerte.

Para Álvaro Vargas Llosa, el resguardo a OLM pudo realizarse con la venia de Palacio de Gobierno.

En efecto, AVLL advierte que: “Ollanta Humala es el responsable máximo de esta crisis. Estoy seguro que la orden de proteger a López Meneses se dio por gente protegida por el presidente, como asesores que sabían bien que él tenía en ellos confianza desmesurada (…)”.

De otro lado, si de imputaciones montesinistas se trata, los vínculos de Ollanta Humala con estos no son nuevos. Recordemos que el entonces candidato presidencial de UPP-PN el año 2006  ya estaba rodeado de coroneles y comandantes vinculados a VMT.

Mientras tanto, el presidente Humala y sus aliados insisten en explicar el resguardo a OLM como un caso de corrupción policial. Si esta explicación fuera consistente, ¿Por qué renunció un ministro de estado? ¿Por qué “renunció” un asesor presidencial en materia de seguridad y defensa que fue secretario del general montesinista Saucedo Sánchez? o ¿Cómo explicar la denuncia del alcalde de Surco de que habría sido el ex jefe del comando conjunto, quien le solicitó la protección de serenazgo para la residencia en cuestión sí según el alcalde, este no solo le habría pedido telefónicamente aumentar la seguridad, sino que además la municipalidad le habría informado sobre las gestiones realizadas a través de una carta en mayo del 2012? ¿Quién dice la verdad, los mandos policiales, el burgomaestre de Surco o el actual Jefe del Comando Conjunto del FFAA y su antecesor?

Una operación que involucró un notorio despliegue de unidades, luego de 18 meses, difícilmente hubiese sido posible  sin conocimiento y autorización de altas instancias políticas.

Lamentablemente, se maltrata, una vez más, a la policía, utilizándola como cortina de humo para ocultar, por ejemplo, la realización de reglajes a los opositores y críticos del actual régimen.

Al respecto, la DINI, que con este gobierno ahora puede formular y ejecutar acciones políticas, destina el  70% de su presupuesto para actividades secretas, contando además con gastos reservados notoriamente incrementados: de 9’493,264.00, el año 2011  a S/73’952,800, el año 2013.

Otro aspecto importante es la ejecución presupuestal realizada por la DINI. Sólo en los tres primeros meses de este año gastó más que en el 2010 y 2011

¿Qué hizo la DINI en estos 18 meses?

¿Defensa Nacional o el Orden Interno?

Uno de los objetivos de la reunión "informal" del presidente Humala con el mandatario francés, Francois Hollande, sería la adquisición de un satélite de $200 millones para encarar conflictos externos, aunque, según los expertos, el arrendamiento satelital es la mejor alternativa respecto a la compra, debido a la rápida obsolescencia tecnológica.

La decisión de adquirir tecnología y armamento se confirmaría entonces con la compra de material bélico por $2300 millones que las Fuerzas Armadas efectuarán de aquí a diciembre, pues en enero del próximo año, la agencia de compras, creada mediante el Decreto Legislativo 1128, será la encargada de renovar el parque militar.

De otro lado, el Perú implementó con éxito hace quince años una política de resolución de conflictos limítrofes, el último de los cuales quedará finiquitado con el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. En ese contexto, y sin negar la importancia de la Defensa Nacional, nuestra mayor prioridad debería ser el orden interno y la seguridad ciudadana.

Al respecto, los mapas temáticos de evolución de delito, publicados por el observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público, a través de tasas de medición altas, medias y bajas por cada 100,000 habitantes, revelan, por ejemplo, que el delito de Trata de Personas se incrementó de 2.0 el año 2010 a .27.4 el 2012. Respecto a los delitos ambientales, la data del MP indica que el año 2010 Madre de Dios mostraba una tasa delictiva alta de 43.1 mientras que en el resto del país, la tasa delictiva era baja (entre 0.3 y 21.7). Para el año 2012, Madre de Dios no solo había incrementado su tasa delictiva alta en 527.3 por habitante, también le acompañaban en esta calificación Ucayali (64.4), San Martín (51.3) y El Santa (48.8).

Asimismo, el último reporte del INEI sobre la Seguridad Ciudadana, difundido el 30 de setiembre, revela que entre febrero y julio de 2013 el 40.4 por ciento de la población de 15 y más años, de las principales ciudades, había sido víctima de algún hecho delictivo. En ese mismo período, la tasa de hechos delictivos por cada 100 habitantes, muestra que el robo (25.2); estafa (14.0); robo de vehículo (4.3); amenazas e intimidaciones (3.8); maltrato sexual (2.2); robo de negocio (1.0); secuestro y extorsión (0.4); entre otros, son los que más afectan a la población. El presidente Humala al iniciar su gobierno ofreció combatir la inseguridad ciudadana, sin embargo, la victimización por hogares se incrementó en 42.2% el año 2011; y en 43.2 % el año 2012, mientras el año 2010 era 29%.

La situación descrita se agrava, debido que el Perú se ha convertido en el principal exportador mundial de cocaína, como resultado de la aplicación del Plan Colombia, que genera el llamado efecto 'globo', mediante el cual traslada a nuestro país la producción ilegal (incremento de cultivos en la triple frontera amazónica), lo que genera el aumento de la violencia y corrupción.

Incluso, frente el terrorismo, hay datos preocupantes. La encuesta de Ipsos, de setiembre de 2012, señala que 9% de peruanos consideró que los seguidores de Guzmán deberían participar en elecciones; un 19% que pueden manifestarse públicamente a favor de la lucha armada; y el 18 de agosto de 2013, un 8%, que los extintos Alipio y Gabriel eran luchadores sociales.

No basta una legislación punitiva para enfrentar estos flagelos, se necesita mayores presupuestos institucionales y concertación política.

¿Cerrar el Congreso es la solución?

                                                                                                        Por Octavio Salazar Miranda 

 

 

El 15 de julio en las páginas de este diario señalamos que el Congreso elige al Defensor del Pueblo y los integrantes del Tribunal Constitucional, porque así lo establece la Constitución y por ser depositario de la representación popular (modelo que hemos importado del contexto europeo continental).

 

Advertimos, también, que la responsabilidad del Parlamento en la selección y elección de estos magistrados repercutiría en la política, en la economía y en la sociedad, cuando se materialicen en la expedición de sentencias constitucionales e informes defensoriales y que, por lo tanto, todos los candidatos propuestos debían reunir requisitos indispensables para ejercer el cargo, como el poseer una sólida formación jurídica; conocimiento del sistema interamericano de derechos humanos; capacidad de análisis interdisciplinario; capacidad para buscar el consenso, una vez detectadas las mejores opciones para emitir sus resoluciones, etc.

 

La votación del 16 de julio, promovida y luego petardeada por el propio presidente Ollanta Humala, demostró que somos los políticos y no el diseño institucional de elección de estos altos funcionarios (que siendo perfectible, en esencia sigue siendo válido), quienes no hemos hecho bien nuestro trabajo.

 

Sin embargo, lo que llama a preocupación es la actuación ambivalente del primer mandatario de la nación en todo este proceso eleccionario, luego de haber tenido una activa participación en él. Y no es la primera vez.

 

El presidente Humala, sea directamente o través de sus voceros, ha venido confrontando adrede, y casi simultáneamente, a los empresarios, a los empleados públicos, a Fuerza Popular, a sus exaliados de izquierda y, ahora, quitándole la alfombra a su aliado chakano. ¿Por qué se abre tantos frentes? ¿Inexperiencia o premeditación?

 

Una explicación del estilo de gestión presidencial la brinda Martín Tanaka, según la cual este gobierno se entiende mejor como uno más bien sin proyecto, en el que se desarrollan iniciativas paralelas, que avanzan con una lógica de ensayo y error, que coexisten y que eventualmente se enfrentan, en donde en ocasiones unas ganan y otras pierden, pero nunca de manera definitiva.

En ese contexto, la actual crisis política está generando un severo cuestionamiento ciudadano por la decisión del Congreso, aunque direccionada desde Palacio de Gobierno. Esta vez, como anota Juan de la Puente, la raíz del problema no "encuentra un conflicto social o demanda laboral, las circunstancias que han poblado las calles de reclamantes en la última década. La interpelación de estos días es política pura en estado sólido. Pero es más que eso; lo que se registra es la evolución inicial de la insatisfacción en indignación".

 

Entonces, más allá de cuestionar la representatividad de las protestas (tuiteritos, unos cuantos universitarios u opinólogos), lo cierto es que se está gestando un creciente cuestionamiento, tanto al actual sistema político de partidos que forman parte de él (oficialismo y oposición), como de otras instituciones. No podemos cegarnos ante esa realidad.

 

¿Se soluciona el problema convocando a una Asamblea Constituyente, cerrando el Congreso, como pretenden militantes del partido de gobierno? Obviamente que no, sin embargo habría que preguntarle al primer mandatario de la nación, si piensa lo mismo que los militantes de su partido.

¿DEBE EL CONGRESO ELEGIR AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y AL DEFENSOR DEL PUEBLO?

Finalmente se logró consensuar la terna de candidatos a integrar el Tribunal Constitucional (TC), la Defensoría del Pueblo y el Banco Central de Reserva (BCR), que será sometida para su aprobación por la representación nacional en los próximos días.

Sin embargo considero importante hacer algunas reflexiones sobre este proceso de designación, especialmente respecto a los que tendrán las mismas prerrogativas e inmunidades que los congresistas (miembros del TC y el Defensor de Pueblo).

Desde hace nueve años los medios de comunicación, los analistas y autocríticamente hasta los propios electores (los parlamentarios) critican severamente al Congreso, y con razón, la falta de acuerdo político-parlamentario para elegir a los magistrados y funcionarios de las instituciones mencionadas.

El cuestionamiento nos devuelve entonces a un nivel básico en el debate. ¿No tiene acaso el Parlamento como depositario de la representación nacional las facultades para designar a los altos funcionarios del Estado? ¿No están concebidas así sus labores en la Constitución, que por cierto son semejantes a la de muchos países democráticos de América del Sur y de la Europa Continental?

En efecto, los Tribunales Constitucionales existentes de América del Sur, la idoneidad jurídica en la elección de sus miembros reposa en la legitimidad político-democrática indirecta.

En Colombia, la Corte Constitucional está integrada de nueve magistrados los cuales son nombrados por el Senado, uno de cada una de las tres ternas presentadas por el Presidente de la República; uno de cada una de las tres presentadas por la Corte Suprema de Justicia y uno de cada una de las tres presentadas por el Consejo de Estado.

En Chile, la Constitución, en su artículo 92º, estableció a partir de la vigencia de la reforma constitucional de 2005, en enero de 2006, una integración del TC de diez magistrados: tres magistrados por el Presidente de la República sin control interorgánico; cuatro magistrados elegidos por el Congreso de la República (dos por el senado y dos por diputados); y la Corte Suprema que elige tres magistrados, de fuera de dicha Corte. Todos los ministros del TC tienen un mandato de nueve años.

 

 

En síntesis, los órganos que nombran magistrados  en los Tribunales Constitucionales de Sudamérica son los mismos que operan en el contexto europeo y del derecho comparado.

En ese orden de ideas, se puede apreciar que la participación del parlamento y del gobierno en el nombramiento de la mayor parte de los magistrados o todos los magistrados (Alemania, España, Italia, Austria, Albania, Armenia, Bélgica, Bielorrusia, Croacia, Polonia, República Checa, Chipre, Eslovaquia, Malta, Moldavia, Rumania, Rusia, etc), les otorga la legitimidad democrática indirecta.

Si el diseño institucional para la elección de los integrantes del TC y el Defensor del Pueblo es similar al de otros países de la región y del mundo, que falla entonces ¿el diseño institucional o los políticos? Una de las respuestas radica en la conformación del Poder Legislativo en los últimos trece años: con mayoría precaria del partido de gobierno y con la presencia de alianzas electorales coyunturales, que luego se dispersan, dificultando la adopción de acuerdos, la reforma del sistema de partidos y el sistema electoral vigente es la que resultaría necesaria implementar.

En el contexto descrito, los parlamentarios elegiremos a nuestros controladores (TC) y fiscalizadores (DP), quienes no deberán tener lealtad a sus electores "congresales".

En otras palabras, la política, donde prima la subjetividad y apasionamiento se subordina al derecho, donde prima la objetividad, luego de esta elección.

Por lo tanto, la responsabilidad que tiene el Parlamento nacional en la selección y elección de los magistrados del TC y del Defensor del Pueblo repercutirá en la política, en la economía y en la sociedad, cuando se materialicen en la expedición de sentencias constitucionales e informes defensoriales.

Ojala que los candidatos propuestos, no algunos, todos, reúnan requisitos indispensables para ejercer el cargo, como tener una sólida formación jurídica; conocimiento del sistema interamericano de derechos humanos; capacidad de análisis interdisciplinario; capacidad para buscar el consenso, una vez detectadas las mejores opciones para emitir sus resoluciones, entre otras cualidades. Tenemos aún tiempo para realizar una reflexión adicional y tomar la mejor decisión.

¿Necesita la DINI atribuciones operativas?

      

En diciembre del año 2012, como parte de las facultades legislativas concedidas por el Congreso de la República, el Poder Ejecutivo publicó el Decreto Legislativo Nº 1141 mediante el cual se redefine los objetivos, las facultades y los ámbitos de acción de la DINI.

Diversas personalidades políticas de todas las tendencias, así como analistas y medios de comunicación, han cuestionado las actividades de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), particularmente de su director general y director ejecutivo. Los cuestionamientos van desde el destaque de 150 integrantes de la PNP hasta la contratación de 400 policías y militares en situación de retiro, reclutados para realizar actividades de reglaje y seguimiento a opositores y críticos del régimen.

Cabe señalar que el presupuesto que tiene la DINI correspondiente al año 2013 asciende a S/.73'952,800, lo que significa un incremento de 676.47% respecto al del año 2010. Sin embargo, lo que ha llamado la atención es el avance de su ejecución presupuestal.

>En efecto, según una revista local (Velaverde) los tres primeros meses de este año la DINI ha tenido una ejecución presupuestal en enero, de S/.3'688,015; en febrero, de S/.10'254,965; y en marzo, de S/.16'329,040, es decir S/.30'272,020, lo que significa que en 90 días la DINI ha gastado más que en los años 2010 y 2011 juntos. El año 2012 tuvo un presupuesto de S/.18'133,300.

Los cuestionamientos a la DINI apuntan a su nueva estructura normativa. Por ejemplo, el decreto legislativo establece nuevas atribuciones y un poder más amplio. Veamos: el artículo 16.1 precisa que la DINI es un "organismo público ejecutor, con personería jurídica de derecho público, autonomía administrativa, funcional y económica; constituye pliego presupuestal propio. Su titular es el director de Inteligencia Nacional"; el artículo 16.2 establece que la DINI es el órgano rector del sistema de inteligencia nacional que "depende funcionalmente del Presidente de la República y se encuentra adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros"; por último, en la Ley 28664 del año 2006, la DINI tenía solo 7 funciones, ahora pasa a tener 17 funciones, entre ellas la formulación y ejecución de acciones y políticas de diversa índole.

Tenemos entonces una estructura organizativa en la que la DINI ya no solo produce inteligencia, tiene además atribuciones operativas.

¿Se justifica que la DINI tenga funciones de planeamiento, supervisión, evaluación y por añadidura de ejecución operativa? Considero que no.

La DINI debe ser un organismo con poca burocracia que solo coordine y centralice inteligencia que produce las FF.AA. y la PNP para uso del Presidente y otros altos funcionarios, pero de ninguna manera convertirse en una policía "política" que desestabilice instituciones y persiga adversarios y críticos del Gobierno.

En ese orden de ideas, urge una modificación normativa que modere las actuales funciones de esta entidad, mientras tanto el Congreso de la República, a través de la Comisión de Inteligencia y la Contraloría General de la República, tiene que ejercer un eficaz control institucional de sus actividades.

¿Sólo coyunturales “turbulencias” económicas?

Diario Correo 16 de mayo 2013

El ministro Miguel Castilla ha señalado que el enfriamiento de la economía durante el primer trimestre del año se debe a la menor demanda mundial; a la caída de los commodities; a los días útiles no laborados; así como a problemas climatológicos que han retrasado proyectos de infraestructura, pero que no afectarán las proyecciones anuales del PBI (6.2%) ni de la inflación (2%) ¿Tiene razones para ser optimista el titular del MEF? Me temo que no.

Los ingresos por regularización del pago del Impuesto a la Renta (IR) han caído más de lo inicialmente estimado (de S/. 1,529  a 1,000 millones). Además de los S$ 53,000 millones proyectos mineros en cartera para el quinquenio, a duras penas se podrá ejecutar un tercio.

Asimismo, el frustrado intento estatista de comprar Repsol no ha sido el único caso en que el Poder Ejecutivo desalienta las inversiones.

No debe sorprender entonces que los reclamos de los gremios empresariales al gobierno sean cada vez más intensos. Por ejemplo, en el sondeo de marzo realizado por el Servicio de Asesoría Empresarial, un importante número de empresarios (52%) calificó como deficiente el rol del gobierno en el impulso de la inversión privada (hace ocho meses era 23%). La paralización de los proyectos de inversión debido a conflictos sociales o trabas burocráticas y legislativas, influyen, no cabe duda, en dicha percepción.

Respecto a los conflictos sociales, mientras Vladimiro Huaroc, responsable de la Oficina Nacional del Diálogo y Sostenibilidad sostiene que la estrategia de diálogo y prevención, desarrollada por el Gobierno, permite dejar atrás la política de “apagar incendios” y avanzar hacia soluciones consensuadas, la realidad lo contradice. La Defensoría del Pueblo señala que en febrero de 2013 existían 222 conflictos (activos 165 y 57 latentes) mientras que en junio de 2011 habían 217 (139 activos y 78 latentes). Esto revela que la supuesta estrategia de “anticiparse a los hechos con estrategias preventivas” no ha funcionado, sólo han “apagado” importantes inversiones.

Las trabas burocráticas o legislativas, sea por acción o por omisión gubernamental, también han contribuido a frenar importantes proyectos en minería e hidrocarburos. Mientras al sector pesquero se le hostiga con un Decreto Supremo que proscribe la pesca industrial de anchoveta en la franca marina de 5 y 10 millas, en el agro, parlamentarios oficialistas  promueven iniciativas legislativas que restringen el crecimiento de empresas al limitar el acceso a la propiedad de la tierra, con respaldo del presidente Humala, que el año pasado pretendió impulsarla sin éxito a través de COFIDE. Ahora le toca a la industria a través de una ley que para  reducir la obesidad infantil prohíbe la publicidad de alimentos “no saludables” en los medios de comunicación escrita, radial y televisiva (¿Se quiere afectar los ingresos de estos también?).

Si a lo anterior, se suman las frecuentes críticas del primer mandatario contra los empresarios, no debería sorprender que este año en lugar de tener un crecimiento económico de 6.2%, el PBI llegue apenas al 4.8. Y tampoco que en lugar de tener una inflación de 2%, tengamos una de 4. Sería lamentable que se cumplan estas predicciones, pero al parecer así será.