Enfrentar el crimen organizado, la delincuencia común o el terrorismo, exige de un Estado democrático un equilibrio en el mantenimiento del orden público y el respeto a los derechos humanos. En otras palabras, debe mantener dos pilares en armonía funcional: de un lado la seguridad, la ley y el orden; y de otro, el respeto a las garantías. Si se inclina al primer pilar, devendría en un Estado policiaco; y si lo hace al segundo pilar, en una "anarquía" institucional, cómplice de la delincuencia.
El Perú no tiene los niveles que el crimen organizado y la delincuencia exhiben en países como Brasil, México o Venezuela, pero se ha incrementado peligrosamente en los últimos 30 meses.
Lamentablemente, los operadores designados por el gobierno para encarar estos flagelos son personas sin experiencia, mientras tanto el crimen organizado crece, infiltrándose y corrompiendo el sistema de justicia. Estas son sus características: 1. Estructura organizativa similar a consorcios empresariales de liderazgo centralizado, que inclusive opera desde las cárceles, pero también articulado internacional, nacional, regional y localmente; 2. Capacidad logística con armas, vehículos, escondites y facilidad para obtener información; 3. Las armas de fuego y explosivos que posee son utilizados, sin dudar, contra civiles y policías; 4. La ampliación de sus actividades se ha visto favorecida también por los resultados del Plan Colombia, que a través de la migración de organizaciones delictivas, provenientes de ese país, proporciona a los nacionales nuevos conocimientos en acciones vinculadas al narcotráfico (narcoavionetas aterrizan a diario en zonas como la margen izquierda del río Ene y el bajo Putumayo), al lavado de activos; y, 5. Participación delictiva articulada en la minería ilegal, en la trata de personas, en el contrabando, en la extorsión a empresarios, a pequeños comerciantes, bodegueros o asociaciones de taxistas y en el sicariato, que se ha convertido también en un instrumento delictivo para administrar "justicia" de facto.
Es verdad que el Congreso aprobó instrumentos legales para enfrentar al crimen organizado, no obstante, con menos beneficios penitenciarios, con más delincuentes en las cárceles, la delincuencia sigue en aumento y con más violencia.
No cabe duda que necesitamos enfrentar el crecimiento de la criminalidad. Para tal efecto, entre otros aspectos, se debe: 1. Solucionar los problemas presupuestales en la implementación de la Ley del Crimen Organizado; 2. Reducir la carga procesal con más juzgados y salas penales y magistrados calificados; 3. Crear más fiscalías especializadas contra el crimen organizado; 4. Fortalecer a la PNP, modernizándola con una gestión que tenga altos niveles de confianza de la ciudadanía (no con "podas" institucionales ni burocratizando la estructura y funcionamiento policial, como sucede actualmente); 5. Potenciar la investigación e inteligencia policial pero más la prevención policial, acompañada de políticas multisectoriales que a la vez potencien la prevención social; 6. Coordinar con los gobiernos regionales y locales la emisión de ordenanzas orientadas a la tranquilidad pública que tiendan a fortalecer, por ejemplo, operaciones integradas bajo la dirección policial para mejorar la vigilancia y prevenir los delitos y/o faltas contra los ciudadanos; 7. Reformar el sistema penitenciario (que vaya más allá de la instalación de bloqueadores electrónicos o construcción de establecimientos carcelarios); y 8. Implementar una plataforma tecnológica de alerta temprana a nivel nacional que recoja información de ocurrencias sobre crimen organizado, orden de capturas, entrada y salida de extranjeros, ficha de delincuentes, organizaciones criminales, modus operandi, detenidos, reos sentenciados y procesados.
