Por Octavio Salazar Miranda
El 15 de julio en las páginas de este diario señalamos que el Congreso elige al Defensor del Pueblo y los integrantes del Tribunal Constitucional, porque así lo establece la Constitución y por ser depositario de la representación popular (modelo que hemos importado del contexto europeo continental).
Advertimos, también, que la responsabilidad del Parlamento en la selección y elección de estos magistrados repercutiría en la política, en la economía y en la sociedad, cuando se materialicen en la expedición de sentencias constitucionales e informes defensoriales y que, por lo tanto, todos los candidatos propuestos debían reunir requisitos indispensables para ejercer el cargo, como el poseer una sólida formación jurídica; conocimiento del sistema interamericano de derechos humanos; capacidad de análisis interdisciplinario; capacidad para buscar el consenso, una vez detectadas las mejores opciones para emitir sus resoluciones, etc.
La votación del 16 de julio, promovida y luego petardeada por el propio presidente Ollanta Humala, demostró que somos los políticos y no el diseño institucional de elección de estos altos funcionarios (que siendo perfectible, en esencia sigue siendo válido), quienes no hemos hecho bien nuestro trabajo.
Sin embargo, lo que llama a preocupación es la actuación ambivalente del primer mandatario de la nación en todo este proceso eleccionario, luego de haber tenido una activa participación en él. Y no es la primera vez.
El presidente Humala, sea directamente o través de sus voceros, ha venido confrontando adrede, y casi simultáneamente, a los empresarios, a los empleados públicos, a Fuerza Popular, a sus exaliados de izquierda y, ahora, quitándole la alfombra a su aliado chakano. ¿Por qué se abre tantos frentes? ¿Inexperiencia o premeditación?
Una explicación del estilo de gestión presidencial la brinda Martín Tanaka, según la cual este gobierno se entiende mejor como uno más bien sin proyecto, en el que se desarrollan iniciativas paralelas, que avanzan con una lógica de ensayo y error, que coexisten y que eventualmente se enfrentan, en donde en ocasiones unas ganan y otras pierden, pero nunca de manera definitiva.
En ese contexto, la actual crisis política está generando un severo cuestionamiento ciudadano por la decisión del Congreso, aunque direccionada desde Palacio de Gobierno. Esta vez, como anota Juan de la Puente, la raíz del problema no "encuentra un conflicto social o demanda laboral, las circunstancias que han poblado las calles de reclamantes en la última década. La interpelación de estos días es política pura en estado sólido. Pero es más que eso; lo que se registra es la evolución inicial de la insatisfacción en indignación".
Entonces, más allá de cuestionar la representatividad de las protestas (tuiteritos, unos cuantos universitarios u opinólogos), lo cierto es que se está gestando un creciente cuestionamiento, tanto al actual sistema político de partidos que forman parte de él (oficialismo y oposición), como de otras instituciones. No podemos cegarnos ante esa realidad.
¿Se soluciona el problema convocando a una Asamblea Constituyente, cerrando el Congreso, como pretenden militantes del partido de gobierno? Obviamente que no, sin embargo habría que preguntarle al primer mandatario de la nación, si piensa lo mismo que los militantes de su partido.
