Desde hace un tiempo hay quienes proponen la municipalización de la Policía. Se plantea que si la seguridad ciudadana se desarrolla en un ámbito local, pues es allí donde debe reforzarse la acción policial. Sin embargo, el Estado es el único que puede desarrollar acciones de lucha contra la delincuencia, hacer uso de la fuerza pública, y no cualquier persona, entidad o institución que crea tener el derecho de hacerlo. Imaginemos lo que pasaría si cada gobierno local, cada entidad pública o privada organiza su propia fuerza policial o sus cuerpos armados particulares. ¿Qué pasaría en el caso de que un alcalde decida marchar por las calles para reclamar algo que él cree legítimo? ¿Y qué pasaría si lo acompaña su propia policía? ¿Se enfrentaría contra la Policía del Estado o con los cuerpos armados de otros distritos o provincias? Lo que está aquí en juego es algo más que prerrogativas institucionales. Desde sus orígenes, la democracia se sustenta en la voluntad y el interés popular en función de mecanismos específicos que articulan el contrato social y la división de poderes. Uno de esos acuerdos tácitos se refiere precisamente a la delegación del uso de la fuerza a cuerpos especializados, unificados e integrados al sistema político y social.
Por otro lado, la experiencia de países como México nos indica que la municipalización de la Policía ha resultado un desastre, por lo menos para países en desarrollo como el nuestro. Las policías locales de ese país han sido mucho más fáciles de ser infiltradas por el narcotráfico, debido a la falta de control del Estado, y hoy campea la violencia, apoyada y azuzada por la propia policía municipal. Se ha llegado a tal punto que hoy se vuelve a plantear la necesidad de unificar estas policías.
Los estudios que hasta hoy se realizan sobre el serenazgo, entre nosotros, no evalúan la eficacia de estos cuerpos surgidos en un momento muy especial de la historia reciente del país- en la lucha contra la delincuencia y en la administración de los recursos que se han invertido. La solución no viene pues por la fragmentación de la Policía, sino por la integración. Esto quiere decir que la Policía debe ser fortalecida, invertir en la Policía o por lo menos coordinadamente con ella para mejores resultados. Desde luego, se debe trabajar articuladamente con el serenazgo de cada distrito, potenciando así la labor de control. Las juntas vecinales son también una parte importante de esta cadena de voluntades, pues son ellas quienes mejor saben dónde se genera el delito y cómo enfrentar la delincuencia. El policía debe estar allí, en las calles, donde el ciudadano lo necesita, trabajando de la mano con el serenazgo, con los municipios, con las juntas vecinales. Necesitamos una Policía que cuente con mejores recursos tecnológicos, más eficiente y articulada con todos los actores de esta cadena de voluntades. Una sola Policía segura, respetuosa y respetable, cada vez más cerca de la gente. Una, fuerte y sólida, y no muchas policías.
Desde hace un tiempo hay quienes proponen la municipalización de la Policía. Se plantea que si la seguridad ciudadana se desarrolla en un ámbito local, pues es allí donde debe reforzarse la acción policial. Sin embargo, el Estado es el único que puede desarrollar acciones de lucha contra la delincuencia, hacer uso de la fuerza pública, y no cualquier persona, entidad o institución que crea tener el derecho de hacerlo. Imaginemos lo que pasaría si cada gobierno local, cada entidad pública o privada organiza su propia fuerza policial o sus cuerpos armados particulares. ¿Qué pasaría en el caso de que un alcalde decida marchar por las calles para reclamar algo que él cree legítimo? ¿Y qué pasaría si lo acompaña su propia policía? ¿Se enfrentaría contra la Policía del Estado o con los cuerpos armados de otros distritos o provincias? Lo que está aquí en juego es algo más que prerrogativas institucionales. Desde sus orígenes, la democracia se sustenta en la voluntad y el interés popular en función de mecanismos específicos que articulan el contrato social y la división de poderes. Uno de esos acuerdos tácitos se refiere precisamente a la delegación del uso de la fuerza a cuerpos especializados, unificados e integrados al sistema político y social.