Las recientes declaraciones
del ministro del Interior, Walter Albán, en la que asegura que no hay medidas a
corto plazo para reducir los índices de delincuencia, evidencian que el
Gobierno ha pasado del escepticismo a la resignación. Sino recordemos como en
más de una ocasión funcionarios del gobierno de Ollanta Humala intentaron
minimizar este problema. Wilfredo Pedraza sostuvo que la inseguridad en el país
era “especialmente un tema de sensación”. A su turno, el ex premier Juan
Jiménez declaraba en su última entrevista en el cargo que había una “histeria
colectiva”.
Ahora, Albán nos confiesa que
“la criminalidad seguirá siendo alta”, es decir, las alarmantes cifras de
extorsiones, sicariato y robos no tendrán variación. Lejos de buscar soluciones
de un problema que necesita medidas inmediatas, se empeña en culpar al pasado de
la actual situación de inseguridad. Sin embargo, Latinobarómetro Internacional
revela que en el año 2010, la vicitimización en el Perú tuvo su nivel más bajo
con 29% mientras que con el actual gobierno alcanzó 40% en el 2011 y, de
acuerdo a la encuesta de Ciudad Nuestra, 43.2%
en el 2012.
Lamentablemente, las declaraciones del ministro del Interior
dejan en la ciudadanía una sensación de desprotección, constituyendo un
peligroso mensaje a la delincuencia: este gobierno no puede hacer nada para
combatirlos. Y revelan que para este cargo su inexperiencia le está pasando
factura.
Cabe señalar que los ministros de este
gobierno que antecedieron a Walter Albán
cometieron graves errores como: 1.
El pase al retiro de 30 Generales y 596 oficiales y suboficiales) que afectó la
experiencia e idoneidad en la gestión de la PNP 2. Se adoptó una estructura
organizativa burocratizada para la PNP (Generales en Macroregiones y Coroneles
mandando a Coroneles en las regiones); y 3.
Burocratización operativa de la institución (18 Direcciones Ejecutivas,
administrativas y operativas policiales).
Desde fines del 2011 han salido de la PNP 2,948 integrantes (Generales,
Coroneles, Comandantes y Suboficiales), y la solución de Albán para acabar con la ineficiencia policial es
depurar a “miles de policías”. En una
institución de 110 mil efectivos, esto solo agravará la situación.
El gobierno, primero, con su “reingeniería policial”; luego con la
“reforma” legislativa para modernizar a la PNP; nos propone ahora con su último
titular del interior la REFUNDACIÓN policial. ¿Estamos ante otro experimento
fallido o el objetivo de siempre es el aniquilamiento de la institución? ¿Qué pasará con la novísima y pregonada Ley
de Carrera Policial aprobada en este gobierno donde se establecen las causales
disciplinarias para ser dado de baja? ¿Se garantizarán los derechos humanos y el
debido proceso de los policías en esta “depuración?
¿Existen alternativas integrales de reforma en el gobierno que no se limiten a
la poda policial?
