El 9 de
abril de este año, el presidente Humala anunció desde Canadá un golpe
devastador contra el terrorismo con la detención de 24 personas. Cuatro meses
después, el Colegiado "F" de la Sala Penal Nacional del Poder
Judicial ordenó liberar a los detenidos, lo que motivó un bullying por parte
del Presidente de la República, el procurador antiterrorista y diversos medios
de comunicación, que derivó en la "destitución" de estos magistrados
por parte del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que no ha tomado en cuenta
que "no puede removerse a los jueces sin los informes previos de la Ocma o
de una sala superior", como ha recordado el presidente del CNM.
Resulta
muy complicado ser juez en un país en proceso de consolidación
institucional-republicana. Esto explica cómo estos jueces, que habían sido
homenajeados días antes por el propio presidente de Poder Judicial, pasaron,
luego de conocerse su resolución, a la condición de parias judiciales. Una
lástima.
Los
jueces deben ser sancionados si es que delinquen y cometen actos de corrupción,
pero este no es el caso. Ellos han sido castigados con una remoción por el
contenido de su resolución, y eso es inaudito. En las democracias
desarrolladas, los tribunales emiten sentencias impopulares, y los ciudadanos y
los altos funcionarios pueden discrepar de ellas, pero jamás se les ocurriría
insultar, desafiar o coaccionar a los jueces.
Por eso,
como nos lo recuerda un destacado miembro del Tribunal Constitucional, la frase
preferida en la Corte Suprema de EE.UU. es "the Justices don't read the
newspapers!" (¡Los jueces no leen los periódicos!). Resulta indispensable
que nuestra judicatura actúe con ese estándar de independencia.
Mientras
cargamos la responsabilidad en los jueces, hay que preguntarnos si en el
operativo "Perseo", que permitió la captura de la cúpula del Movadef,
el Ministerio Público y la Procuraduría hicieron bien su trabajo. Todo indica
que no. César Nakazaki, a quien no se le podría acusar de filosenderista, ha
señalado que "el colegiado F decidió cesar la prisión preventiva porque la
Fiscalía no demostró la existencia de los presupuestos indispensables para
privar de la libertad al imputado: Prueba suficiente y peligro procesal. (...)
Al pedir prisión preventiva, la Fiscalía debió probar que el Movadef es un
órgano de Sendero Luminoso (SL) (...) para realizar acciones terroristas
previstas en la ley; cometer delitos, como el asesinato, para producir terror
en la sociedad. Siquiera tuvo que demostrar que el Movadef fue parecido a
Socorro Popular, órgano de apoyo de SL para que este realice terrorismo".
En pocas
palabras, la Fiscalía debió probar que el Movadef es financiado por la
subversión y el narcotráfico y que recibió dinero para perpetrar acciones
terroristas; en eso consiste el delito de Financiamiento del Terrorismo, de
cuya ley soy autor.
La
sociedad peruana y sus instituciones deben prepararse de manera concertada y
multisectorial, para enfrentar en el ámbito educativo, legal y político a
organizaciones neosenderistas como el Movadef u otras que profesen ideologías
criminales.
Es justamente en esos ámbitos que el trabajo a largo plazo del
neosenderismo se está realizando con relativo éxito. Y esto debemos enfrentarlo
con educación, con legalidad eficaz y con política activa.
