¿Necesita la DINI atribuciones operativas?

      

En diciembre del año 2012, como parte de las facultades legislativas concedidas por el Congreso de la República, el Poder Ejecutivo publicó el Decreto Legislativo Nº 1141 mediante el cual se redefine los objetivos, las facultades y los ámbitos de acción de la DINI.

Diversas personalidades políticas de todas las tendencias, así como analistas y medios de comunicación, han cuestionado las actividades de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), particularmente de su director general y director ejecutivo. Los cuestionamientos van desde el destaque de 150 integrantes de la PNP hasta la contratación de 400 policías y militares en situación de retiro, reclutados para realizar actividades de reglaje y seguimiento a opositores y críticos del régimen.

Cabe señalar que el presupuesto que tiene la DINI correspondiente al año 2013 asciende a S/.73'952,800, lo que significa un incremento de 676.47% respecto al del año 2010. Sin embargo, lo que ha llamado la atención es el avance de su ejecución presupuestal.

>En efecto, según una revista local (Velaverde) los tres primeros meses de este año la DINI ha tenido una ejecución presupuestal en enero, de S/.3'688,015; en febrero, de S/.10'254,965; y en marzo, de S/.16'329,040, es decir S/.30'272,020, lo que significa que en 90 días la DINI ha gastado más que en los años 2010 y 2011 juntos. El año 2012 tuvo un presupuesto de S/.18'133,300.

Los cuestionamientos a la DINI apuntan a su nueva estructura normativa. Por ejemplo, el decreto legislativo establece nuevas atribuciones y un poder más amplio. Veamos: el artículo 16.1 precisa que la DINI es un "organismo público ejecutor, con personería jurídica de derecho público, autonomía administrativa, funcional y económica; constituye pliego presupuestal propio. Su titular es el director de Inteligencia Nacional"; el artículo 16.2 establece que la DINI es el órgano rector del sistema de inteligencia nacional que "depende funcionalmente del Presidente de la República y se encuentra adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros"; por último, en la Ley 28664 del año 2006, la DINI tenía solo 7 funciones, ahora pasa a tener 17 funciones, entre ellas la formulación y ejecución de acciones y políticas de diversa índole.

Tenemos entonces una estructura organizativa en la que la DINI ya no solo produce inteligencia, tiene además atribuciones operativas.

¿Se justifica que la DINI tenga funciones de planeamiento, supervisión, evaluación y por añadidura de ejecución operativa? Considero que no.

La DINI debe ser un organismo con poca burocracia que solo coordine y centralice inteligencia que produce las FF.AA. y la PNP para uso del Presidente y otros altos funcionarios, pero de ninguna manera convertirse en una policía "política" que desestabilice instituciones y persiga adversarios y críticos del Gobierno.

En ese orden de ideas, urge una modificación normativa que modere las actuales funciones de esta entidad, mientras tanto el Congreso de la República, a través de la Comisión de Inteligencia y la Contraloría General de la República, tiene que ejercer un eficaz control institucional de sus actividades.

¿Sólo coyunturales “turbulencias” económicas?

Diario Correo 16 de mayo 2013

El ministro Miguel Castilla ha señalado que el enfriamiento de la economía durante el primer trimestre del año se debe a la menor demanda mundial; a la caída de los commodities; a los días útiles no laborados; así como a problemas climatológicos que han retrasado proyectos de infraestructura, pero que no afectarán las proyecciones anuales del PBI (6.2%) ni de la inflación (2%) ¿Tiene razones para ser optimista el titular del MEF? Me temo que no.

Los ingresos por regularización del pago del Impuesto a la Renta (IR) han caído más de lo inicialmente estimado (de S/. 1,529  a 1,000 millones). Además de los S$ 53,000 millones proyectos mineros en cartera para el quinquenio, a duras penas se podrá ejecutar un tercio.

Asimismo, el frustrado intento estatista de comprar Repsol no ha sido el único caso en que el Poder Ejecutivo desalienta las inversiones.

No debe sorprender entonces que los reclamos de los gremios empresariales al gobierno sean cada vez más intensos. Por ejemplo, en el sondeo de marzo realizado por el Servicio de Asesoría Empresarial, un importante número de empresarios (52%) calificó como deficiente el rol del gobierno en el impulso de la inversión privada (hace ocho meses era 23%). La paralización de los proyectos de inversión debido a conflictos sociales o trabas burocráticas y legislativas, influyen, no cabe duda, en dicha percepción.

Respecto a los conflictos sociales, mientras Vladimiro Huaroc, responsable de la Oficina Nacional del Diálogo y Sostenibilidad sostiene que la estrategia de diálogo y prevención, desarrollada por el Gobierno, permite dejar atrás la política de “apagar incendios” y avanzar hacia soluciones consensuadas, la realidad lo contradice. La Defensoría del Pueblo señala que en febrero de 2013 existían 222 conflictos (activos 165 y 57 latentes) mientras que en junio de 2011 habían 217 (139 activos y 78 latentes). Esto revela que la supuesta estrategia de “anticiparse a los hechos con estrategias preventivas” no ha funcionado, sólo han “apagado” importantes inversiones.

Las trabas burocráticas o legislativas, sea por acción o por omisión gubernamental, también han contribuido a frenar importantes proyectos en minería e hidrocarburos. Mientras al sector pesquero se le hostiga con un Decreto Supremo que proscribe la pesca industrial de anchoveta en la franca marina de 5 y 10 millas, en el agro, parlamentarios oficialistas  promueven iniciativas legislativas que restringen el crecimiento de empresas al limitar el acceso a la propiedad de la tierra, con respaldo del presidente Humala, que el año pasado pretendió impulsarla sin éxito a través de COFIDE. Ahora le toca a la industria a través de una ley que para  reducir la obesidad infantil prohíbe la publicidad de alimentos “no saludables” en los medios de comunicación escrita, radial y televisiva (¿Se quiere afectar los ingresos de estos también?).

Si a lo anterior, se suman las frecuentes críticas del primer mandatario contra los empresarios, no debería sorprender que este año en lugar de tener un crecimiento económico de 6.2%, el PBI llegue apenas al 4.8. Y tampoco que en lugar de tener una inflación de 2%, tengamos una de 4. Sería lamentable que se cumplan estas predicciones, pero al parecer así será.