"The Justices don't read the newspapers!" y el Movadef

El 9 de abril de este año, el presidente Humala anunció desde Canadá un golpe devastador contra el terrorismo con la detención de 24 personas. Cuatro meses después, el Colegiado "F" de la Sala Penal Nacional del Poder Judicial ordenó liberar a los detenidos, lo que motivó un bullying por parte del Presidente de la República, el procurador antiterrorista y diversos medios de comunicación, que derivó en la "destitución" de estos magistrados por parte del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que no ha tomado en cuenta que "no puede removerse a los jueces sin los informes previos de la Ocma o de una sala superior", como ha recordado el presidente del CNM.

Resulta muy complicado ser juez en un país en proceso de consolidación institucional-republicana. Esto explica cómo estos jueces, que habían sido homenajeados días antes por el propio presidente de Poder Judicial, pasaron, luego de conocerse su resolución, a la condición de parias judiciales. Una lástima.

Los jueces deben ser sancionados si es que delinquen y cometen actos de corrupción, pero este no es el caso. Ellos han sido castigados con una remoción por el contenido de su resolución, y eso es inaudito. En las democracias desarrolladas, los tribunales emiten sentencias impopulares, y los ciudadanos y los altos funcionarios pueden discrepar de ellas, pero jamás se les ocurriría insultar, desafiar o coaccionar a los jueces.

Por eso, como nos lo recuerda un destacado miembro del Tribunal Constitucional, la frase preferida en la Corte Suprema de EE.UU. es "the Justices don't read the newspapers!" (¡Los jueces no leen los periódicos!). Resulta indispensable que nuestra judicatura actúe con ese estándar de independencia.

Mientras cargamos la responsabilidad en los jueces, hay que preguntarnos si en el operativo "Perseo", que permitió la captura de la cúpula del Movadef, el Ministerio Público y la Procuraduría hicieron bien su trabajo. Todo indica que no. César Nakazaki, a quien no se le podría acusar de filosenderista, ha señalado que "el colegiado F decidió cesar la prisión preventiva porque la Fiscalía no demostró la existencia de los presupuestos indispensables para privar de la libertad al imputado: Prueba suficiente y peligro procesal. (...) Al pedir prisión preventiva, la Fiscalía debió probar que el Movadef es un órgano de Sendero Luminoso (SL) (...) para realizar acciones terroristas previstas en la ley; cometer delitos, como el asesinato, para producir terror en la sociedad. Siquiera tuvo que demostrar que el Movadef fue parecido a Socorro Popular, órgano de apoyo de SL para que este realice terrorismo".

En pocas palabras, la Fiscalía debió probar que el Movadef es financiado por la subversión y el narcotráfico y que recibió dinero para perpetrar acciones terroristas; en eso consiste el delito de Financiamiento del Terrorismo, de cuya ley soy autor.

La sociedad peruana y sus instituciones deben prepararse de manera concertada y multisectorial, para enfrentar en el ámbito educativo, legal y político a organizaciones neosenderistas como el Movadef u otras que profesen ideologías criminales.

Es justamente en esos ámbitos que el trabajo a largo plazo del neosenderismo se está realizando con relativo éxito. Y esto debemos enfrentarlo con educación, con legalidad eficaz y con política activa.