miércoles

Crimen Organizado: los contradictorios mensajes del Gobierno

Uno de los grandes ausentes en el mensaje presidencial por Fiestas Patrias fue la problemática del crimen organizado, cuya ley entró en vigencia el 1 de Julio. Preocupado por la situación de las entidades responsables de aplicar esta ley, pregunté el 27 de junio al Poder Judicial y al Ministerio Público si tienen los recursos necesarios para implementar la ley, la respuesta remitida a mi despacho ha aclarado el por qué la ausencia de este tema en el mensaje del presidente Humala.

Mediante oficio Nº 3701-2014-P-PJ el presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza me ha informado que actualmente la judicatura no cuenta con el presupuesto necesario, razón por la cual ha solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas una ampliación extraordinaria de su presupuesto de S/. 43 millones para este año. 

“La adecuada implementación de la Ley Nº 30077 – Ley contra el Crimen Organizado pasa  necesariamente por la aprobación de recursos complementarios, así como por la exoneración a las restricciones  previstas para el ingreso de nuevo personal, y para la contratación de bienes y servicios por parte del MEF”. En respuesta a este requerimiento, el MEF sólo le otorgará al Poder Judicial 21 millones de soles, partida considerada insuficiente por Mendoza.

Pero este no sólo es el caso del Poder Judicial pues similar situación se presenta en el Ministerio Público pues el fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia me ha informado que no cuentan con la partida necesaria para la creación de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada.

Ante esta preocupante realidad me pregunto: ¿quiere en verdad el Gobierno hacerle frente al crimen organizado? Por estas evidencias yo creo que no.

1. Respuesta del Poder Judicial


2. Respuesta del Ministerio Público





sábado

¿Y después del sexto gabinete qué?

26 de Julio de 2014



El primer gabinete ministerial, liderado por Salomón Lerner, se denominó el gabinete de la inclusión social; el encabezado por Óscar Valdés, como el gabinete del Orden; el de Juan Jiménez Mayor, como el gabinete del diálogo. Los encabezados por César Villanueva y René Cornejo, más allá de sus perfiles personales y políticos, serán conocidos como los gabinetes "breves".

Ahora entramos al cuarto año de gobierno con un sexto gabinete y previo al mensaje presidencial de fiestas patrias, que afronta problemas muy serios, especialmente en lo económico; en lo concerniente a la seguridad ciudadana; y en el ámbito político.

Con respecto al crecimiento de la economía, en mayo del 2013 el ministro Castilla, luego de los primeros signos de enfriamiento, afirmó que no se afectarían las proyecciones anuales del PBI (6,2%) ni de la inflación (2%). ¿Tuvo razón? No, el crecimiento fue menor y la inflación mayor.

Con relación a las predicciones sobre el crecimiento económico de nuestro PBI para el 2014, inicialmente el MEF, el BCR y diversas consultoras pronosticaban un crecimiento de 6% e incluso más. Luego del crecimiento en enero de 4.2%, el BCR y el MEF bajaron su proyección a 5.7% y 5.5%, respectivamente. Posteriormente, el INEI informó que la economía peruana creció en abril apenas 2.01%, su menor ritmo mensual en casi cinco años y debajo de las expectativas del mercado, que esperaban un 2.85%.

Por eso no sorprendió que el BCR volviera a recortar el estimado de crecimiento económico para este año desde un 5.5% a 4.4%.

El Gobierno acaba de anunciar nuevas medidas reactivadoras, adicionales a las aprobadas recientemente en el Parlamento, las que serán dadas a conocer el 28 de julio. ¿Será suficiente? Veremos. No hay que olvidar que en el primer trimestre la inversión privada aumentó apenas 1.6%.

Con respecto al crecimiento de la delincuencia y la inseguridad, no cabe duda de que ha sido el talón de Aquiles del Gobierno, siendo el reclamo más recurrente de los ciudadanos. En un artículo anterior señalé que diversos sondeos de opinión revelaban esta preocupación. "En julio del 2013, Ipsos formuló esta pregunta: ¿Qué ha sido lo peor del segundo año de gobierno de Ollanta Humala? El 59% de los encuestados señaló a la delincuencia y la falta de seguridad. En diciembre de ese año, la encuesta nacional urbana de GFK reveló que el 62% de los peruanos consideraba como aspecto negativo de la gestión del Gobierno el no combatir a la delincuencia. El mismo mes, la encuesta de Opinión Pública Datum Internacional
difundió la nota promedio (del 0 al 20) sobre diversos aspectos de la gestión gubernamental, la cual arrojó respecto a las acciones de seguridad ciudadana y lucha contra el narcotráfico la nota desaprobatoria de 08", escribí.

Entidades como Ciudad Nuestra y Latinobarómetro revelan que la victimización por hogares se incrementó en 42.2% el año 2011; y en 43.2% el año 2012, mientras el año 2010 era 29%. Asimismo, en el Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014 (Seguridad Ciudadana-PNUD-ONU), con respecto a la percepción de la inseguridad y victimización en América Latina correspondiente al año 2012, coloca al Perú en un preocupante primer lugar con respecto a la percepción de inseguridad en el barrio (50%) y victimización directa (28.1).

El entusiasta "activismo" del actual ministro del Interior en modo alguno puede constituir la solución al crecimiento sostenido de la delincuencia y crimen organizado, cuyo liderazgo, además, resulta afectado por una investigación en sede judicial y fiscal debido a una presunta violación de derechos humanos.
Finalmente, en el ámbito político, entramos al cuarto año de gobierno y último de gestión efectiva, pues el 2016 es eminentemente electoral, precedido por recurrentes crisis gubernamentales generadas en el Gobierno, pero con una participación activa de la Primera Dama. Ella propició la caída del cuarto presidente del Consejo de Ministros; casi propicia que no se otorgue el voto de investidura al quinto gabinete; y acaba de provocar la renuncia de seis parlamentarios a la bancada oficialista en el Congreso.


¿Qué hay detrás de este estilo aparentemente autodestructivo de hacer política por la parte de la pareja presidencial? ¿Se puede enfrentar la desaceleración de la economía cuando la gobernabilidad se ve torpedeada sistemáticamente desde el propio gobierno?