Sábado 3 de Enero de 2015, Diario Correo
Daniel Urresti carajea a director de la Dircote
Este 2014 fue un año muy difícil para nuestro país: estancamiento de la economía, denuncias de corrupción que implican al Gobierno, incremento de la inseguridad, la delincuencia y el crimen organizado, etc.
En el contexto descrito, el Gobierno cambió dos presidentes de Consejo de Ministros y renovó algunas carteras, entre ellas la del sector Interior, y designó, el 23 de junio pasado, a Daniel Urresti, quien se convirtió en el sexto ministro en el cargo en la gestión Humala.
Luego de seis meses, ¿cuál sería la conclusión de la gestión Urresti? El desborde verbal del ministro pretende cambiar la percepción negativa de la población sobre la seguridad ciudadana y, para ello, recurre con facilidad y, de forma reiterativa, al lenguaje vulgar, tal como lo demuestran dos casos recientes: 1. Haciendo gala de su estilo militarista, insultó y amenazó a dos efectivos policiales en Andahuaylas: “Yo ordené que todo esto lo arreglen (...) ¡Carajo! ¡Lo que yo quiero saber es cómo va! Si esto no está arreglado -en dos o tres semanas- y usted no me da cuenta, te envío al VRAEM”; y 2. “¡Carajo! Déjame que yo sé lo que hago”, le increpó públicamente al director de la Dircote, quien trató de que no hiciera el ridículo al debatir públicamente con Manuel Fajardo, abogado senderista, durante la clausura de una exhibición de pinturas terroristas en el Centro de Lima, en la que fue derrotado políticamente, por cierto.
Primera carajeada de Urresti a un policía en Andahuaylas
Durante la gestión “urrestiana”, la inseguridad ciudadana ha empeorado, por eso no es de extrañar que el Perú encabece las encuestas sobre victimización de delitos en los últimos doce meses en hemisferio occidental. Según el Barómetro de las Américas, el año 2014 el 30.5% fue víctima de algún delito, lo que revela que la situación ha empeorado respecto a 2012, cuando la cifra fue 28.1%.
Y las últimas encuestas nacionales urbano-rurales de diciembre van en la misma dirección: Ipsos muestra que el 60% de los peruanos cree que la seguridad está empeorando, mientras que el 62%, según Pulso Perú, considera como hecho negativo del gobierno de Humala el no combatir la delincuencia, por lo que desaprueba con 8.9 (sobre nota de 20) las actividades del Gobierno durante 2014 para combatir la inseguridad ciudadana. Esa es la verdad, la popularidad ministerial colisiona con lo que día a día vive la ciudadanía frente a la delincuencia.
Pese a la precariedad cualitativa de las cifras estatales en seguridad ciudadana, es posible constatar que en los últimos años hay un incremento permanente de delitos patrimoniales, que transversalmente afectan a toda la sociedad, y de la violencia que se emplea en ellos (primero se dispara y luego se roba).
He señalado en anteriores columnas que se han consolidado nuevas modalidades de crimen organizado en las principales ciudades del país. Además del narcotráfico, el contrabando, la tala ilegal de madera, la trata de personas o la minería ilegal, se ha incrementado la extorsión a los negocios, especialmente a los medianos y pequeños (bodegas, restaurantes, tiendas de artefactos), por bandas criminales de la localidad que obligan al pago de cupos bajo amenaza de convertir a los comerciantes en víctimas de los sicarios.
En estos cuatro años, el sicariato y la extorsión a los negocios han tenido una dimensión y magnitud geográfica que los convierte en la modalidad más frecuente de crimen organizado.
Lo que sí ha quedado demostrado en los seis meses de la gestión de Urresti es que carece de planes y objetivos definidos para luchar contra la delincuencia y, más bien, enfoca su gestión en asegurarse presencia en los medios (histrionismo mediático) para su propio beneficio y complacencia.
