El derecho a la consulta Previa ha formado parte de la oferta electoral del partido de gobierno, Gana Perú. Si bien es cierto resulta indispensable reconocer el derecho de consulta previa a nuestros compatriotas indígenas y originarios en la explotación de los recursos naturales en los territorios donde ellos habiten, muy distinto es que a partir de ese reconocimiento, se consagre en el Perú un peligroso contrabando ideológico regional, que atente contra el Estado Nación y su soberanía. El concepto de “consulta previa”, recogido por el Convenio 169 OIT, ratificado por el Perú en 1993, no otorga a las poblaciones involucradas el derecho a decidir si se desarrollan o no determinadas actividades ni resulta vinculante para el Estado.
Desde la década de los noventa, el discurso indígena ha pasado por un proceso de “afinamiento” en cuanto a estructura conceptual y visión estratégica. Hoy el núcleo sustantivo que configura se constituye a partir de dos grandes ejes programáticos y complementarios: los Estados plurinacionales y el derecho a autodeterminación. Desde la perspectiva indígena, la conformación de un Estado plurinacional aseguraría el ejercicio del derecho a la identidad cultural o, en otros términos, el derecho a ser “culturalmente diferentes”, en tanto el poder descansaría en todas las nacionalidades que se puedan reconocer. El correlato de este supuesto es el reconocimiento de un “sujeto colectivo” (pueblo) portador de derechos específicos y aplicables sólo a estos y que estaría amparado en la existencia de la diversidad étnica y cultural del país. Frente a las críticas de pretender fragmentar o crear nuevas naciones, el discurso indígena contemporáneo argumenta que su propuesta promueve “la unidad en la diversidad”, sin embargo, una revisión de la evolución del concepto de plurinacionalidad, considerada en un contexto amplio, nos indica una tendencia a desconocer o deslegitimar el Estado-nación.
La autodeterminación es entendida como el derecho a elegir su propio sistema político y jurídico, así como su modelo de desarrollo económico, social, científico y cultural en un territorio geográfico definido. Este derecho recusa un tipo de gobierno “impositivo” (que impulsaría un Estado-nación) y, en su lugar, propone un tipo de gobierno “considerativo” del Estado hacia estas poblaciones.
Tanto la autonomía como el autogobierno se corresponden con las demandas de los movimientos antiglobalización en general, en el sentido que estos promueven una mayor participación directa de la población en el control de la gestión del poder político y coincide con algunos de los principios del denominado Socialismo del Siglo XXI que propugna el proyecto político bolivariano de Hugo Chávez.
Teniente General PNP (r) Octavio Salazar Miranda
Congresista de la República
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