La participación de la delegación del Estado peruano durante la audiencia de supervisión en la Corte-IDH por el caso “Barrios Altos contra el Perú”, que culminó con el apartamiento de dos procuradores, debe preocuparnos porque no estamos encarando correctamente los procesos en sede supranacional.
Sobre la audiencia mencionada, el Presidente del Poder Judicial, César San Martín, explicó el acuerdo con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) acerca de cómo los procuradores públicos debieron ejercer la defensa del Estado peruano en el caso citado:“Aquí (ante la Corte-IDH) sencillamente debió decirse: primero, que el Estado peruano cumplió con investigar y sancionar a los responsables; segundo, que las sanciones fueron muy altas; tercero, que no hay otra cosa en discusión; cuarto, que en ningún momento el Estado ha negado que los hechos (caso Barrios Altos) constituyen graves violaciones de los derechos humanos”.
Sin embargo, luego de la audiencia se ha puesto en discusión cuál fue la posición institucional del Perú ante la Corte-IDH. El Minjus sostiene que es la del "amparo" que presentó el Poder Ejecutivo contra la sentencia del 20 de julio de 2012. Dicha aseveración no coincide con la del Poder Judicial, cuyo titular, el 27 de agosto de 2012, luego del papelón ante la Corte-IDH, le recordó a la ministra de Justicia que: “…La síntesis de las coordinaciones se encuentra recogida en el informe presentado con fecha 21 de agosto de 2012”.
Ese informe contiene la posición institucional del PJ, la cual subraya que la sentencia del 20.07.12 no implica una violación al cumplimiento de las resoluciones de supervisión de la Corte-IDH; que cumple rigurosamente con lo dispuesto en el numeral 5° de las resoluciones y recomendaciones de la sentencia de la Corte-IDH del 14 de marzo de 2001; y que responde también a una coordinación con el Minjus.
Si hubo coordinaciones al más alto nivel, ¿qué pasó?. Sorprende lo declarado por la ministra Eda Rivas ante la Comisión de Justicia en el Congreso, cuando le preguntamos si para esta audiencia había convocado a la Asesoría Especializada en casos de DD. HH. contemplada en el Reglamento del Decreto Legislativo 1068. Nos respondió negativamente porque no se trataba de un caso complejo (¿?).
Ahora los próximos procesos que tenemos ante la Corte-IDH, como los de Jeremías Osorio (desaparición forzada); Nicolás Cruz (Chavín de Huantar); Gladys Carol Espinoza (tortura); Jota (caso cifrado, Mónica Féria), podemos perderlos por falta de una estrategia de defensa.
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