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¿Sólo un acto de corrupción policial o de un poder oculto?


Publicado en Diario Correo 6 de Diciembre 2013



Responder a la interrogante de este artículo es a lo que deberán abocarse tanto el Ministerio Público y el Poder Judicial cómo el Congreso de la República, luego  que una investigación periodística revelará que el operador montesinista, Óscar López Meneses contaba con seguridad de 8 patrulleros, dos motos y 22 agentes, durante 18 meses.

La renuncia del Ministro Pedraza, del Asesor Presidencial, Adrián Villafuerte, el relevo de mandos policiales, en modo alguno ha puesto punto final a la crisis política generada luego de la denuncia.

Por eso el oficialismo,  sus voceros, sus medios de comunicación, sus publicistas (¿Favre?) y  periodistas que antes acusaban a Ollanta Humala de Montesinista, pretenden solo responsabilizar a la PNP e inclusive a las fuerzas políticas de oposición por el resguardo dado en este gobierno a OLM, quien, por cierto, habría apoyado en la campaña presidencial de 2006 al actual mandatario no solo con asesorías “indirectas”, también con una camioneta y celulares, tanto para él como para Adrián Villafuerte.

Para Álvaro Vargas Llosa, el resguardo a OLM pudo realizarse con la venia de Palacio de Gobierno.

En efecto, AVLL advierte que: Ollanta Humala es el responsable máximo de esta crisis. Estoy seguro que la orden de proteger a López Meneses se dio por gente protegida por el presidente, como asesores que sabían bien que él tenía en ellos confianza desmesurada (…)”.


De otro lado, si de imputaciones montesinistas se trata, los vínculos de Ollanta Humala con estos no son nuevos. Recordemos que el entonces candidato presidencial de UPP-PN el año 2006  ya estaba rodeado de coroneles y comandantes vinculados a VMT.

Mientras tanto, el presidente Humala y sus aliados insisten en explicar el resguardo a OLM como un caso de corrupción policial. Si esta explicación fuera consistente, ¿Por qué renunció un ministro de estado? ¿Por qué “renunció” un asesor presidencial en materia de seguridad y defensa que fue secretario del general montesinista Saucedo Sánchez? o ¿Cómo explicar la denuncia del alcalde de Surco de que habría sido el ex jefe del comando conjunto, quien le solicitó la protección de serenazgo para la residencia en cuestión sí según el alcalde, este no solo le habría pedido telefónicamente aumentar la seguridad, sino que además la municipalidad le habría informado sobre las gestiones realizadas a través de una carta en mayo del 2012? ¿Quién dice la verdad, los mandos policiales, el burgomaestre de Surco o el actual Jefe del Comando Conjunto del FFAA y su antecesor?

Una operación que involucró un notorio despliegue de unidades, luego de 18 meses, difícilmente hubiese sido posible  sin conocimiento y autorización de altas instancias políticas.

Lamentablemente, se maltrata, una vez más, a la policía, utilizándola como cortina de humo para ocultar, por ejemplo, la realización de reglajes a los opositores y críticos del actual régimen.

Al respecto, la DINI, que con este gobierno ahora puede formular y ejecutar acciones políticas, destina el  70% de su presupuesto para actividades secretas, contando además con gastos reservados notoriamente incrementados: de 9’493,264.00, el año 2011  a S/73’952,800, el año 2013.

Otro aspecto importante es la ejecución presupuestal realizada por la DINI. Sólo en los tres primeros meses de este año gastó más que en el 2010 y 2011

¿Qué hizo la DINI en estos 18 meses?




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