jueves

"The Justices don't read the newspapers!" y el Movadef

El 9 de abril de este año, el presidente Humala anunció desde Canadá un golpe devastador contra el terrorismo con la detención de 24 personas. Cuatro meses después, el Colegiado "F" de la Sala Penal Nacional del Poder Judicial ordenó liberar a los detenidos, lo que motivó un bullying por parte del Presidente de la República, el procurador antiterrorista y diversos medios de comunicación, que derivó en la "destitución" de estos magistrados por parte del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que no ha tomado en cuenta que "no puede removerse a los jueces sin los informes previos de la Ocma o de una sala superior", como ha recordado el presidente del CNM.
Resulta muy complicado ser juez en un país en proceso de consolidación institucional-republicana. Esto explica cómo estos jueces, que habían sido homenajeados días antes por el propio presidente de Poder Judicial, pasaron, luego de conocerse su resolución, a la condición de parias judiciales. Una lástima.
Los jueces deben ser sancionados si es que delinquen y cometen actos de corrupción, pero este no es el caso. Ellos han sido castigados con una remoción por el contenido de su resolución, y eso es inaudito. En las democracias desarrolladas, los tribunales emiten sentencias impopulares, y los ciudadanos y los altos funcionarios pueden discrepar de ellas, pero jamás se les ocurriría insultar, desafiar o coaccionar a los jueces.
Por eso, como nos lo recuerda un destacado miembro del Tribunal Constitucional, la frase preferida en la Corte Suprema de EE.UU. es "the Justices don't read the newspapers!" (¡Los jueces no leen los periódicos!). Resulta indispensable que nuestra judicatura actúe con ese estándar de independencia.
Mientras cargamos la responsabilidad en los jueces, hay que preguntarnos si en el operativo "Perseo", que permitió la captura de la cúpula del Movadef, el Ministerio Público y la Procuraduría hicieron bien su trabajo. Todo indica que no. César Nakazaki, a quien no se le podría acusar de filosenderista, ha señalado que "el colegiado F decidió cesar la prisión preventiva porque la Fiscalía no demostró la existencia de los presupuestos indispensables para privar de la libertad al imputado: Prueba suficiente y peligro procesal. (...) Al pedir prisión preventiva, la Fiscalía debió probar que el Movadef es un órgano de Sendero Luminoso (SL) (...) para realizar acciones terroristas previstas en la ley; cometer delitos, como el asesinato, para producir terror en la sociedad. Siquiera tuvo que demostrar que el Movadef fue parecido a Socorro Popular, órgano de apoyo de SL para que este realice terrorismo".
En pocas palabras, la Fiscalía debió probar que el Movadef es financiado por la subversión y el narcotráfico y que recibió dinero para perpetrar acciones terroristas; en eso consiste el delito de Financiamiento del Terrorismo, de cuya ley soy autor.
La sociedad peruana y sus instituciones deben prepararse de manera concertada y multisectorial, para enfrentar en el ámbito educativo, legal y político a organizaciones neosenderistas como el Movadef u otras que profesen ideologías criminales.

Es justamente en esos ámbitos que el trabajo a largo plazo del neosenderismo se está realizando con relativo éxito. Y esto debemos enfrentarlo con educación, con legalidad eficaz y con política activa.


martes

Ministerio del Interior: no hay dinero para implementar ley de Crimen Organizado


Congresista Octavio Salazar exige al MEF destinar partida presupuestal para acabar con índices delictivos.

Parlamentario pide públicamente a premier Ana Jara aclarar doble discurso del Gobierno en lucha contra la criminalidad.

A través del Oficio N° 1362-2014 el ministro del Interior, Daniel Urresti, informó al congresista Octavio Salazar Miranda que su cartera no dispone del presupuesto necesario para implementar la Ley de Crimen Organizado, que entró en vigencia el 1 de julio pasado luego de un año de suspensión.

En julio, luego de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informara que no destinaría partidas presupuestales adicionales para la implementación de la normativa, el legislador solicitó formalmente al sector Interior que le precise si contaba con los recursos necesarios para garantizar la ejecución de ley que busca frenar los índices de delincuencia que se registran a diario en el país.

El documento en referencia precisa que: “La PNP solamente cuenta con recursos mínimos e indispensables para cumplir con sus gastos prioritarios que demanda su función, en lo que respecta a recursos asignados para la implementación de la ley, no se cuenta con crédito presupuestario alguno adicionales al Presupuesto Institucional, se ha solicitado una demanda adicional de S/. 11’805,817 nuevos soles”.

Asimismo, el oficio recalca además la preocupación de los operadores encargados de implementar la ley por la falta de asignación de recursos presupuestales que respalden el trabajo y la labor de la Policía Nacional del Perú. “(La labor de la PNP) está supeditada a la transferencia de créditos presupuestarios que efectué el Ministerio de Economía y Finanzas al tener en consideración la Cuarta Disposición Complementaria de esta ley, que su aplicación será financiada con cargo al presupuesto institucional de cada entidad involucrada sin demandar recursos adicionales al tesoro público”.

Sobre el particular, el congresista Octavio Salazar exige al Gobierno central y al MEF a cumplir con la entrega de las partidas presupuestales requeridas por las instituciones vinculadas a la normativa: Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional.

“Hemos recibido la misma respuesta de los otros operadores relacionados con la ejecución de la Ley de Crimen Organizado: No existe partida presupuestal y por tanto están atados de manos. Considero que el Gobierno está revelando un doble discurso pues mientras que por un lado afirma que ha intensificado la lucha contra la delincuencia y crimen organizado, por otro lado le cierra el caño a las instituciones encargadas de lidiar con esta problemática”, precisó el legislador.


“Espero que en su discurso ante el Congreso de la República, la premier Ana Jara explique este tema y aclare este doble discurso que solo contribuye con quienes actúan fuera de la ley”, añadió.

(Oficio enviado por el ministro Daniel Urresti adjuntando carta de la Policía Nacional donde indica que no hay recursos para implementar Ley de Crimen Organizado)