¿Son viables hoy las reformas electorales?

29 de agosto 2015

Diario Correo 

Con inusitado entusiasmo, los representantes del JNE, la ONPE y el Reniec, los académicos, representantes del Congreso, el propio Presidente de la República y, por supuesto, los llamados “expertos” financiados por organizaciones internacionales señalan que es imperativo aprobar reformas electorales antes del mes de octubre. La pregunta es la siguiente: ¿existe tal consenso?

Ciertamente que la legislación por sí misma no convierte a los partidos políticos en más democráticos, eficientes y capaces de recoger los intereses de los ciudadanos. Incluso, los partidos políticos en el mundo desarrollado también atraviesan crisis, pero, o se reforman o se refundan, sin afectar el Estado de Derecho ni la institucionalidad de esas sociedades. No es el caso de Latinoamérica ni de otros países subdesarrollados.

Con respecto al caso peruano, indudablemente es necesaria una verdadera reforma institucional de los partidos políticos. Si bien es verdad que desde la convocatoria de la Asamblea Constituyente en 1978 hasta la actualidad la política peruana se ha renovado y se sigue “renovando” cronológicamente con nuevos rostros y nuevas organizaciones de alcance nacional, los estilos de hacer política no; además, siguen teniendo dificultades para consolidarse institucionalmente sin depender exclusivamente, para su vigencia, de líderes carismáticos.

Actualmente, salvo en las elecciones generales presidenciales y parlamentarias, los denominados partidos nacionales tienen enormes problemas para encarar con éxito los procesos electorales regionales y municipales. En efecto, dichos movimientos se han impuesto a los partidos de alcance nacional en los procesos electorales de los años 2006, 2010 y 2014.

Obviamente, el hecho de que los gobiernos regionales y locales tengan mayores presupuestos y recursos influye en la conformación de movimientos improvisados que compiten con éxito frente a los partidos políticos. Sin embargo, hay otros aspectos en la estructura y funcionamiento del sistema político y del sistema electoral que influyen en su debilidad institucional.

Y es en ese contexto cuando los “expertos” representantes nativos de organizaciones internacionales, que influyen en las propuestas de los organismos electorales, exigen inmediatamente una reforma legal del sistema político y electoral que garantice la democracia interna en estos antes de la convocatoria a las elecciones generales de 2016. Coincidimos con ese deseo, el problema radica en lo que para ellos significa la urgencia “reformista”.

Al respecto, tenemos experiencias legislativas cuestionables realizadas bajo la influencia de los “expertos” internacionales y de los organismos electorales. Por ejemplo, la Ley de Reforma Constitucional N°30305, que modifica los artículos 191, 194 y 203 de nuestra carta política sobre la denominación y no reelección inmediata de autoridades regionales y municipales. Con enorme entusiasmo parlamentario se limitó el periodo de gestión de los gobernadores regionales y alcaldes. No compartimos ese optimismo, pues con o sin reelección inmediata, quien ingresa a la gestión pública con la intención de delinquir lo intentará siempre.

Cabe citar un caso emblemático: México, país “campeón” en “restricciones” a la reelección de autoridades, donde justamente están vigentes todas las instituciones que diversos “expertos” reclaman instaurar aquí, tales como el financiamiento público a los partidos, el monopolio partidario de todas las candidaturas (sin invitados), la eliminación del voto preferencial, pero muy especialmente la prohibición de reelecciones en todas las autoridades ejecutivas. Los resultados los conocemos: más corrupción y crimen.

Lo único seguro que esta reforma constitucional garantiza en nuestro país es el “castigo” a las autoridades exitosas, cuyo porcentaje de reelección, por cierto, es diminuto: presidentes regionales, 16%; alcaldes provinciales, 11.28%; y alcaldes distritales, 17.95%.

Reiteramos: las reformas en el sistema electoral, de gobierno y de partidos políticos deben ser integrales, acompañadas de eficientes mecanismos de control y transparencia, no a través de “parches” legislativos que no garantizan eficacia contra la corrupción, el crimen y la delincuencia en las instituciones políticas. Esto debe ser responsabilidad de un nuevo gobierno y un nuevo Parlamento, debido que gozarán de una mayor legitimidad al inicio de su gestión, teniendo, por cierto, en consideración los aportes de los organismos electorales y también de los “expertos”.

¿El Perú es un Narcoestado?

Miércoles 20 de mayo. Diario Correo

El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, anunció que el Gobierno invertirá 1300 millones de soles para equipamiento policial, comisarías, bases en el VRAEM y uniformes. Este monto equivale solo al 6% del dinero que mueve el tráfico ilícito de drogas anualmente en el Perú: alrededor de 20,300 millones de soles.

Mientras tanto, el narcotráfico sigue penetrando las instituciones públicas, la actividad económica y la política. Nuestra PNP, sin los recursos necesarios, apenas puede incautar el 7% de las 400 toneladas de cocaína que se producen al año. En Colombia, por ejemplo, existen 250 helicópteros para enfrentar este delito, lamentablemente, en nuestro país apenas tenemos 25. Enorme diferencia.

El narcotráfico se extiende por todo el territorio nacional para constituirse en una red “empresarial” cada vez más difícil de controlar (minería, pesquería, agroexportación, empresas de transporte e inmobiliaria, etc.). Como toda actividad delictiva proveniente del Crimen Organizado, funciona en forma similar a los grupos económicos dedicados a diversas actividades empresariales, integrados, con órganos de línea, apoyo, asesoría legal y contable.

En el contexto descrito, los delitos evolucionan en diferentes modalidades que van de menor a mayor complejidad. La disminución en capturas de burriers significa que hay nuevas modalidades de traslado de droga y de su exportación, que se dan principalmente en los terminales marítimos y aéreos. Sin embargo, se carece de suficientes equipos de rayos X en dichos terminales, lo que facilita que productos de exportación con droga no sean detectados. Es urgente, por lo tanto, implementar cámaras de videovigilancia integrales en todos los terminales marítimos y aeropuertos. Además, el personal asignado a dichos lugares debe someterse con frecuencia al detector de mentiras.

El narcotráfico debe enfrentarse de manera multisectorial. Lamentablemente, no lo estamos haciendo. Tanto en mi experiencia policial como legislativa, he podido apreciar diversos obstáculos que deben superarse para combatirlo con éxito. Comencemos por la problemática legislativa: el 20 de agosto de 2013 se publicó la Ley 30077, Ley Contra el Crimen Organizado, la que hasta la fecha no puede implementarse por falta de recursos presupuestales (de los 59 millones que necesitan lo operadores del sistema, en este caso el PJ, Ministerio Público, la PNP y el INPE, para su funcionamiento, solo les dio la mitad). La falta de jueces y fiscales con capacitación hace ineficaz esta ley. Por ejemplo, se necesitan 15 mil fiscales y no los tiene el MP.

En segundo lugar, es imperativo reformar la administración de justicia (predictibilidad, plazo razonable, medios probatorios, etc.) debiendo incorporarse el

sistema de gobierno electrónico en la gestión de toda su estructura institucional para facilitar el trabajo de sus operadores.

En tercer lugar, la PNP necesita constituir una Dirección Ejecutiva Nacional contra el Crimen Organizado. Actualmente, existe en el Ministerio del Interior, pero es básicamente administrativa. La dirección que propongo crear coordinará a nivel nacional con las Fiscalías y Procuradurías de Crimen Organizado y la Unidad de Inteligencia Financiera acciones eficaces contra el narcotráfico, la extorsión, el sicariato, la minería ilegal, el contrabando, la tala ilegal de madera, la trata de personas u otros delitos de igual naturaleza, para tal efecto deberán estructurar un nodo de información de antecedentes criminales.

Mientras tanto, el crimen organizado se organiza cada vez mejor, en tanto, los organismos estatales llamados a combatirlo se desorganizan cada vez más.

El narcotráfico genera violencia social y criminal que afecta la seguridad de la sociedad peruana, como se puede apreciar en regiones donde tiene sus núcleos de producción y distribución. Si además añadimos otros efectos, como el consumo interno de drogas, la destrucción del medioambiente, la infiltración en la política, en la economía, en las instituciones públicas o el lavado de activos, cabe preguntarse si no somos ya un Narcoestado en formación.

El histrionismo de los “CARAJO” y la inseguridad ciudadana

Sábado 3 de Enero de 2015, Diario Correo

Daniel Urresti carajea a director de la Dircote

Este 2014 fue un año muy difícil para nuestro país: estancamiento de la economía, denuncias de corrupción que implican al Gobierno, incremento de la inseguridad, la delincuencia y el crimen organizado, etc.

En el contexto descrito, el Gobierno cambió dos presidentes de Consejo de Ministros y renovó algunas carteras, entre ellas la del sector Interior, y designó, el 23 de junio pasado, a Daniel Urresti, quien se convirtió en el sexto ministro en el cargo en la gestión Humala.

Luego de seis meses, ¿cuál sería la conclusión de la gestión Urresti? El desborde verbal del ministro pretende cambiar la percepción negativa de la población sobre la seguridad ciudadana y, para ello, recurre con facilidad y, de forma reiterativa, al lenguaje vulgar, tal como lo demuestran dos casos recientes: 1. Haciendo gala de su estilo militarista, insultó y amenazó a dos efectivos policiales en Andahuaylas: “Yo ordené que todo esto lo arreglen (...) ¡Carajo! ¡Lo que yo quiero saber es cómo va! Si esto no está arreglado -en dos o tres semanas- y usted no me da cuenta, te envío al VRAEM”; y 2. “¡Carajo! Déjame que yo sé lo que hago”, le increpó públicamente al director de la Dircote, quien trató de que no hiciera el ridículo al debatir públicamente con Manuel Fajardo, abogado senderista, durante la clausura de una exhibición de pinturas terroristas en el Centro de Lima, en la que fue derrotado políticamente, por cierto.

Primera carajeada de Urresti a un policía en Andahuaylas

Durante la gestión “urrestiana”, la inseguridad ciudadana ha empeorado, por eso no es de extrañar que el Perú encabece las encuestas sobre victimización de delitos en los últimos doce meses en hemisferio occidental. Según el Barómetro de las Américas, el año 2014 el 30.5% fue víctima de algún delito, lo que revela que la situación ha empeorado respecto a 2012, cuando la cifra fue 28.1%.

Y las últimas encuestas nacionales urbano-rurales de diciembre van en la misma dirección: Ipsos muestra que el 60% de los peruanos cree que la seguridad está empeorando, mientras que el 62%, según Pulso Perú, considera como hecho negativo del gobierno de Humala el no combatir la delincuencia, por lo que desaprueba con 8.9 (sobre nota de 20) las actividades del Gobierno durante 2014 para combatir la inseguridad ciudadana. Esa es la verdad, la popularidad ministerial colisiona con lo que día a día vive la ciudadanía frente a la delincuencia.

Pese a la precariedad cualitativa de las cifras estatales en seguridad ciudadana, es posible constatar que en los últimos años hay un incremento permanente de delitos patrimoniales, que transversalmente afectan a toda la sociedad, y de la violencia que se emplea en ellos (primero se dispara y luego se roba).

He señalado en anteriores columnas que se han consolidado nuevas modalidades de crimen organizado en las principales ciudades del país. Además del narcotráfico, el contrabando, la tala ilegal de madera, la trata de personas o la minería ilegal, se ha incrementado la extorsión a los negocios, especialmente a los medianos y pequeños (bodegas, restaurantes, tiendas de artefactos), por bandas criminales de la localidad que obligan al pago de cupos bajo amenaza de convertir a los comerciantes en víctimas de los sicarios.

En estos cuatro años, el sicariato y la extorsión a los negocios han tenido una dimensión y magnitud geográfica que los convierte en la modalidad más frecuente de crimen organizado.

Lo que sí ha quedado demostrado en los seis meses de la gestión de Urresti es que carece de planes y objetivos definidos para luchar contra la delincuencia y, más bien, enfoca su gestión en asegurarse presencia en los medios (histrionismo mediático) para su propio beneficio y complacencia.