Miércoles 20 de mayo. Diario Correo
El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, anunció que el Gobierno invertirá 1300 millones de soles para equipamiento policial, comisarías, bases en el VRAEM y uniformes. Este monto equivale solo al 6% del dinero que mueve el tráfico ilícito de drogas anualmente en el Perú: alrededor de 20,300 millones de soles.
Mientras tanto, el narcotráfico sigue penetrando las instituciones públicas, la actividad económica y la política. Nuestra PNP, sin los recursos necesarios, apenas puede incautar el 7% de las 400 toneladas de cocaína que se producen al año. En Colombia, por ejemplo, existen 250 helicópteros para enfrentar este delito, lamentablemente, en nuestro país apenas tenemos 25. Enorme diferencia.
El narcotráfico se extiende por todo el territorio nacional para constituirse en una red “empresarial” cada vez más difícil de controlar (minería, pesquería, agroexportación, empresas de transporte e inmobiliaria, etc.). Como toda actividad delictiva proveniente del Crimen Organizado, funciona en forma similar a los grupos económicos dedicados a diversas actividades empresariales, integrados, con órganos de línea, apoyo, asesoría legal y contable.
En el contexto descrito, los delitos evolucionan en diferentes modalidades que van de menor a mayor complejidad. La disminución en capturas de burriers significa que hay nuevas modalidades de traslado de droga y de su exportación, que se dan principalmente en los terminales marítimos y aéreos. Sin embargo, se carece de suficientes equipos de rayos X en dichos terminales, lo que facilita que productos de exportación con droga no sean detectados. Es urgente, por lo tanto, implementar cámaras de videovigilancia integrales en todos los terminales marítimos y aeropuertos. Además, el personal asignado a dichos lugares debe someterse con frecuencia al detector de mentiras.
El narcotráfico debe enfrentarse de manera multisectorial. Lamentablemente, no lo estamos haciendo. Tanto en mi experiencia policial como legislativa, he podido apreciar diversos obstáculos que deben superarse para combatirlo con éxito. Comencemos por la problemática legislativa: el 20 de agosto de 2013 se publicó la Ley 30077, Ley Contra el Crimen Organizado, la que hasta la fecha no puede implementarse por falta de recursos presupuestales (de los 59 millones que necesitan lo operadores del sistema, en este caso el PJ, Ministerio Público, la PNP y el INPE, para su funcionamiento, solo les dio la mitad). La falta de jueces y fiscales con capacitación hace ineficaz esta ley. Por ejemplo, se necesitan 15 mil fiscales y no los tiene el MP.
En segundo lugar, es imperativo reformar la administración de justicia (predictibilidad, plazo razonable, medios probatorios, etc.) debiendo incorporarse el
sistema de gobierno electrónico en la gestión de toda su estructura institucional para facilitar el trabajo de sus operadores.
En tercer lugar, la PNP necesita constituir una Dirección Ejecutiva Nacional contra el Crimen Organizado. Actualmente, existe en el Ministerio del Interior, pero es básicamente administrativa. La dirección que propongo crear coordinará a nivel nacional con las Fiscalías y Procuradurías de Crimen Organizado y la Unidad de Inteligencia Financiera acciones eficaces contra el narcotráfico, la extorsión, el sicariato, la minería ilegal, el contrabando, la tala ilegal de madera, la trata de personas u otros delitos de igual naturaleza, para tal efecto deberán estructurar un nodo de información de antecedentes criminales.
Mientras tanto, el crimen organizado se organiza cada vez mejor, en tanto, los organismos estatales llamados a combatirlo se desorganizan cada vez más.
El narcotráfico genera violencia social y criminal que afecta la seguridad de la sociedad peruana, como se puede apreciar en regiones donde tiene sus núcleos de producción y distribución. Si además añadimos otros efectos, como el consumo interno de drogas, la destrucción del medioambiente, la infiltración en la política, en la economía, en las instituciones públicas o el lavado de activos, cabe preguntarse si no somos ya un Narcoestado en formación.
Estimado Sr. Salazar, por su particular preocupación por la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos, creo conveniente que Ud. proponga nuevas alternativas de protección dados los avances tecnológicos de la sociedad. Un caso muy explícito es que cualquier persona puede acosar a un ciudadano vía sms, creo que es de conocimiento público que los trabajadores de la empresas de telefonía son los mismos que facilitan los números de celulares privados a sus allegados, desde los portales Web.
ResponderEliminarLo cual sería considerado acoso, pero según la legislación peruana la única forma de interceptar al agresor es únicamente si este hace alguna amenaza de muerte.
Que los mensajes hayan sido recibidos por más de cuatro años consecutivos con insultos, no solo a una persona, sino a toda su familia, además de indicar en los mismos mensajes que se está vigilando a la víctima, lo cual usted podrá imaginar es una tortura para la víctima, sin embargo la empresa de telecomunicaciones, en este caso Claro, indica que la única forma de proceder es a través de una denuncia.
La fiscalía por su parte asegura que solo se podrá hacer un seguimiento siempre y cuando haya amenaza de muerte.
El colmo es que la misma empresa de telecomunicaciones asegura que es imposible restringir este servicio de mensajería desde la web, es decir que uno debe seguir soportando hasta que quizá ocurra algo peor.
Confío en su seriedad y compromiso para tomar cartas en el asunto, es necesario que las leyes avancen acorde a las innovaciones tecnológicas y amparen la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos.
Estimado Sr. Salazar, por su particular preocupación por la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos, creo conveniente que Ud. proponga nuevas alternativas de protección dados los avances tecnológicos de la sociedad. Un caso muy explícito es que cualquier persona puede acosar a un ciudadano vía sms, creo que es de conocimiento público que los trabajadores de la empresas de telefonía son los mismos que facilitan los números de celulares privados a sus allegados, desde los portales Web.
ResponderEliminarLo cual sería considerado acoso, pero según la legislación peruana la única forma de interceptar al agresor es únicamente si este hace alguna amenaza de muerte.
Que los mensajes hayan sido recibidos por más de cuatro años consecutivos con insultos, no solo a una persona, sino a toda su familia, además de indicar en los mismos mensajes que se está vigilando a la víctima, lo cual usted podrá imaginar es una tortura para la víctima, sin embargo la empresa de telecomunicaciones, en este caso Claro, indica que la única forma de proceder es a través de una denuncia.
La fiscalía por su parte asegura que solo se podrá hacer un seguimiento siempre y cuando haya amenaza de muerte.
El colmo es que la misma empresa de telecomunicaciones asegura que es imposible restringir este servicio de mensajería desde la web, es decir que uno debe seguir soportando hasta que quizá ocurra algo peor.
Confío en su seriedad y compromiso para tomar cartas en el asunto, es necesario que las leyes avancen acorde a las innovaciones tecnológicas y amparen la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos.