Como antitécnico e inconstitucional calificó el congresista Octavio Salazar (Fuerza 2011) al Decreto Supremo N° 001-2012-IN que propuso crear el Programa Servicio Voluntariado de Apoyo a la Policía Nacional. Fue durante su participación durante la sesión de interpelación al ministro del Interior.
Recordó que el Ejecutivo presentó el Proyecto de Ley N° 215/2011-PE para crear el Servicio Policial voluntario; además el Grupo Parlamentario Nacionalista, mediante el congresista Teófilo Gamarra, presentó el Proyecto de Ley N° 291/2011-PN que propone crear el servicio policial comunitario. “Sin embargo el día jueves 8 de marzo se publicó el Decreto Supremo N° 001-2012-IN con lo que se vulneró el ámbito jurisdiccional del Congreso de la República”, dijo.
Explicó que la propuesta de crear el citado programa no tiene viabilidad manifiesta porque en el artículo 5° del DS N° 001-2012-IN se precisa que los voluntarios realizarán, entre otras actividades, labores administrativas en las dependencias de la PNP y oficinas de las autoridades políticas. “Esto llama poderosamente la atención, ya que entre las funciones policiales no se encuentra la de brindar apoyo administrativo a las autoridades políticas”, añadió.
Refirió también que el numeral 5.3 del referido decreto supremo precisa que la participación en el citado programa no genera vínculo laboral con la institución policial, por lo cual los voluntarios no tendrán responsabilidad penal sobre sus actos, a diferencia de los efectivos policiales que luego de una formación de tres años ingresan a laborar y tienen responsabilidad penal sobre sus actos.
Sostuvo que el numeral 5.4 se refiere a que la prestación del servicio voluntario de apoyo a la PNP no autoriza el uso de armas de fuego, ni de medios e instrumentos de disuasión o distintivos propios de la institución policial, distintos a los que entregue la institución para la realización del servicio voluntario. “¿Qué se pretende hacer, una guardia paralela como el estilo chavista de Venezuela?”, cuestionó.
Además, el artículo 8° refiere que el Ministerio del Interior podrá suscribir convenios de cooperación con entidades públicas y privadas para promover la participación de los ciudadanos en el servicio. Al respecto, el cuestionamiento está referido a que con el cumplimiento de este artículo se pretende beneficiar a ciertos grupos con las funciones encargadas a los voluntarios.
“También resulta preocupante el manejo de la confidencialidad en la información, ya que el personal voluntario que ingresará a la institución podrá acceder a información relevante y que por su limitada formación especializada, podría filtrar esos datos en perjuicio de las acciones policiales organizadas en defensa de la ciudadanía”, expresó.
Otro aspecto a considerar es la agresión a los efectivos policiales. A la fecha se han registrado más de mil casos de agresiones a policías en todo el país. “Si eso sucede con este personal formado para su función, qué pasará con los voluntarios que tienen un mayor nivel de vulnerabilidad”, dijo.
“También se registrará una especie de competencia con el Servicio Militar Voluntario al mermar el número de aspirantes a este, frente a las ventajas que puede ofrecer el Servicio Policial Voluntario”, precisó.
Lima, 09 de abril de 2012
Oficina de Prensa
Congresista Octavio Salazar
No hay comentarios:
Publicar un comentario