miércoles

APRUEBAN INCLUIR EL DELITO LA RECOLECCIÓN DE FONDOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO A LEY PENAL ANTITERRORISTA

A iniciativa del congresista Octavio Salazar Miranda (Fuerza 2011), la Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobó Incorporar como delito la recolección de fondos y el financiamiento del terrorismo en la Ley penal antiterrorista (Decreto  Ley N° 25475).
El congresista Octavio Salazar destacó el respaldo a su iniciativa porque constituye una herramienta legal que permitirá enfrentar al terrorismo, que sumado al narcotráfico,  afecta el normal desarrollo de las actividades en lugares del país como el Valle del Río Apurímac y Ene (Vrae).  
A esta iniciativa para enfrentar la problemática del terrorismo  de manera integral se añade el Proyecto de Ley N° 1078/2011-CR, presentado el 3 de mayo, que planeta modificar el artículo 3-C del Decreto Ley N° 25475, a fin de sancionar con pena privativa de libertad no menor de 25 años a quienes adoctrinen con ideas terroristas a menores de edad.
El objetivo de esta iniciativa legislativa es sancionar de manera ejemplar a quienes adoctrinan a menores de edad en ideas terroristas y les enseñan que el terrorismo es el medio para capturar el poder, situación que no está contemplada en nuestra legislación. Lo que se pretende es que también sea penado el hecho que los hijos menores de edad de los terroristas reciban adoctrinamiento en el interior de estas agrupaciones violentistas.
De acuerdo a la propuesta se establece pena privativa de libertad no menor de veinticinco años si el agente capta, acoge, recepciona, traslada o retiene para instruir, adiestrar, formar en prácticas terroristas a menores de edad. Además, si el agente hace participar al menor de edad en la comisión de delitos de terrorismo, y si como efecto de los hechos se producen lesiones graves a terceras personas.
Además, el congresista Octavio Salazar ha propuesto el Proyecto de Ley Nº 01181/2011-CR que propone la creación de la Autoridad Autónoma del  Vrae (AAV), a fin de enfrentar el terrorismo y el narcotráfico que impera en la zona.
El congresista Octavio Salazar explicó que la AAV será una  instancia de coordinación entre los tres niveles de gobierno, para programar, implementar y ejecutar de manera articulada y compartida, acciones que permitan el desarrollo social y económico mejorando el nivel de vida de la población de la zona del Vrae, combatir el terrorismo, el narcotráfico y toda actividad ilícita. La AAV cumplirá sus funciones por un plazo de 10 años prorrogables por el mismo plazo, siendo referente para ello el nivel de pacificación y desarrollo social, cultural y económico alcanzado en la zona.

domingo

PLANTEAN CREAR AUTORIDAD AUTÓMOMA DEL VRAE


A fin de enfrentar el terrorismo y el narcotráfico que impera en el Valle del río Apurímac y el Ene (Vrae), el congresista Octavio Salazar (Fuerza 2011) propone la creación de la Autoridad Autónoma del  Vrae (AAV), mediante el Proyecto de Ley Nº 01181/2011-CR.

El congresista Octavio Salazar explicó que la AAV será una  instancia de coordinación entre los tres niveles de gobierno, para programar, implementar y ejecutar de manera articulada y compartida, acciones que permitan el desarrollo social y económico mejorando el nivel de vida de la población de la zona del Vrae, combatir el terrorismo, el narcotráfico y toda actividad ilícita. La AAV cumplirá sus funciones por un plazo de 10 años prorrogables por el mismo plazo, siendo referente para ello el nivel de pacificación y desarrollo social, cultural y económico alcanzado en la zona.

Respecto a la conformación de la AAV, el congresista Octavio Salazar explicó que está integrada por el Comisionado del presidente de la República quien la preside; el presidente del Consejo de Ministros o su representante, así como los ministros de Defensa; Economía y Finanzas; Interior; Educación  y Salud o sus respectivos representantes.

Asimismo integran la AAV los titulares de Agricultura; Energía y Minas; Transportes y Comunicaciones; Vivienda, Construcción y Saneamiento; de la Mujer; Inclusión Social o sus respectivos representantes; así como el presidente de DEVIDA;  los presidentes regionales y los alcaldes provinciales de las zonas involucradas.

De acuerdo con la propuesta, la AAV funciona en la zona del Vrae y está adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, además informará dos veces al año de sus actividades y logros ante el Pleno del Congreso de la República.

De acuerdo con la propuesta, se autorizará a los ministerios a transferir los recursos necesarios a la AAV, también se autorizará a los gobiernos regionales y municipales a transferir presupuestos y facultades de acuerdo a Ley, a la AAV para lo cual se suscribirán convenios.

Asimismo, las donaciones nacionales o internacionales que se dirijan a la AAV están exoneradas de los pagos de derechos de aduanas; también el gobierno dispondrá de los mecanismos  por los cuales se agilizan los procesos de adquisiciones de servicios y ejecución de obras.

Las competencias de esta instancia son coordinar con los tres niveles de gobierno, para elaborar, proponer, implementar y ejecutar políticas, estrategias,  planes a corto, mediano y largo plazo a fin de lograr el desarrollo social y económico de la zona del Vrae.

Asimismo coordinar con los tres niveles de gobierno, para elaborar y proponer políticas, estrategias,  planes a corto, mediano y largo plazo para lograr la pacificación de la zona, combatir el terrorismo, narcotráfico y todos los actos ilícitos derivados del mismo; celebrar convenios  con los gobiernos regionales  de la zona del Vrae  para  ejecutar acciones que permitan el desarrollo humano y la mejora progresiva y sostenida de las condiciones de vida de la población para la superación de la pobreza.

También celebrar convenios  con las municipalidades de la zona del Vrae para  ejecutar acciones que permitan el desarrollo humano y la mejora progresiva y sostenida de las condiciones de vida de la población para la superación de la pobreza.

El ámbito de influencia de la mencionada instancia será los distritos de Ayahuanco, Llochegua, Sivia y Santillana de la provincia de Huanta; las jurisdicciones de Ayna, Santa Rosa, San Miguel, Anco, Chungui de la provincia de La Mar (Ayacucho); así como la provincia de Tayacaja (Huancavelica); los distritos de Kimbiri, Pichari y Vilcabamba de la provincia de La Convención (Cusco). Además de los distritos de Mazamari, San Martín de Pangoa y Río Tambo de la provincia de Satipo (Junín).

Precisó que dichas zonas no son excluyentes, ya que la labor de la AAV podrá también  comprender otros distritos dentro de Cusco, Ayacucho, Huancavelica y Junín que se encuentren afectados por el narcotráfico y terrorismo.

DESTACAN LABOR DE MADRES EN JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA


Para rendir un homenaje a las madres de La Libertad, el congresista Octavio Salazar (Fuerza 2011) lideró una amena reunión que congregó a madres provenientes de los barrios más pobres de Trujillo, como Alto Trujillo, así como de provincias de La Libertad.

“El aporte de las madres en el país es de vital importancia para la formación de nuevos ciudadanos y la construcción de una sociedad justa y pacífica, alejada de expresiones de maltrato y violencia, por ello en esta cruzada nacional para enfrentar a la inseguridad ciudadana, las madres tienen un papel preponderante”, comentó.

Añadió que en La Libertad merece una especial mención las madres que dedican su tiempo en las jornadas de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana como una expresión de solidaridad social y de compromiso con la sociedad     

Además, destacó el papel de las madres en el ámbito económico, ya que de acuerdo a las cifras recientes existe un creciente porcentaje de hogares en los cuales las madres son jefe de familia y constituyen el único sustento económico para sus hijos. 

miércoles

Artículo de opinión en el diario Correo.

Octavio Salazar:

"Qué esperar de los nuevos ministros"

Lima - La cuestionada operación Libertad, que ocasionó la muerte de 8 militares y policías -con la posterior aparición del suboficial Luis Astuquillca por sus propios medios y la recuperación del cuerpo del suboficial César Vilca por su mismo padre-, y un número importante de heridos, generó una crisis política en el gobierno que terminó luego de la presentación de una moción de censura por parte de las bancadas opositoras, y antes de su votación en el Congreso, con la renuncia de los otrora ministros Alberto Otárola y Daniel Lozada, hoy reemplazados por José Urquizo y el general EP (r) Wilver Calle, respectivamente.

Ya con los cambios en el gabinete, ahora lo importante es saber cómo enfrentará el gobierno las dificultades y amenazas estructurales que afectan a nuestra seguridad y orden interno, las cuales deben ser abordadas con decisión, inteligencia y recursos.

A pesar de los avances del Núcleo Básico de Defensa, que cubre parte de las necesidades operativas de las FF.AA., a efecto de mejorar los niveles de control y vigilancia de los espacios aéreo, marítimo y terrestre; en el sector Defensa la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas no se encuentra en un nivel óptimo. Hay que garantizar entonces la capacidad operativa de unas FF.AA. orientadas a la disuasión y defensa.

En el sector Interior se tiene que enfrentar problemas cada vez más complejos en el ámbito de la seguridad ciudadana, como son la prevalencia de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud; contra la libertad y contra el patrimonio; la prevalencia creciente de inseguridad en la capital y en el interior del país; la prevalencia del pandillaje y consumo de drogas entre la juventud y su incidencia en la comisión de delitos; el resurgimiento ideológico de SL en las universidades; además de los conflictos sociales que tienen marcada carga ideológica generados por una supuesta defensa de intereses medioambientales, además de la minería ilegal, la tala ilegal de madera o el contrabando.

En ese orden de ideas, mención especial merecen zonas como el VRAE, donde es evidente que se carece de estrategias eficaces, por lo cual es necesario evaluar un cambio en la estrategia porque la que se aplicó hasta la fecha ha tenido un alto costo en vidas humanas.

Es indispensable, además, fortalecer la profesionalización, especialización y cobertura operativa tanto de la PNP como de las FF.AA. asegurando su equipamiento y remuneración digna, a fin de garantizar la presencia efectiva del Estado en zonas vulnerables a la violencia, especialmente donde hay terrorismo y narcotráfico, como en el VRAE.
Asimismo, reitero mi propuesta de suscribir un pacto democrático de gobernabilidad frente al terrorismo que se plasme en acciones concretas y no signifique una propuesta más.

POLICÍA NACIONAL INFORMARÁ SOBRE INVESTIGACIÓN POLICIAL Y LAVADO DE ACTIVOS

Bajo la coordinación del congresista Octavio Salazar (Fuerza 2011), hoy sesionó el Grupo de trabajo de monitoreo y evaluación de la actuación de la Policía Nacional del Perú en la investigación del delito; así como el monitoreo y evaluación de las actividades de las instituciones encargadas del seguimiento del lavado de activos de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana.
En la sesión, que se realizó en la Sala N° 4 del Edificio de Comisiones, Víctor Raúl Haya de La Torre, participó el General PNP Herbert Rosas Bejarano, Director contra el Crimen Organizado y contra el Terrorismo, quien analizó el tema estructura orgánica de las unidades especializadas dedicadas a la investigación policial.
También estuvo presente el General PNP César Cortijo Arrieta, Director de la Dirincri, quien tuvo a su cargo el tema: “La investigación policial: realidad actual y propuestas para superar las limitaciones y dificultades del proceso de investigación policial”.
Finalmente, para analizar la labor de la Policía Nacional del Perú frente al lavado de activos, participó el General Walter Sánchez Bermúdez, Director de la Dirandro; el Coronel PNP Renato Solís Torres, Director de la División de Investigación de Lavado de Activos; y el Coronel José Luis Lavalle Santa Cruz, Director de la Policía Fiscal.
El Grupo de trabajo de monitoreo y evaluación de la actuación de la Policía Nacional del Perú en la investigación del delito; así como el monitoreo y evaluación de las actividades de las instituciones encargadas del seguimiento del lavado de activos de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana tiene como coordinador al congresista Octavio Salazar y sus integrantes son los congresistas José León Rivera y Gustavo Rondón Fudinaga.
Oficina de Prensa
Congresista Octavio Salazar

lunes

PROPONEN COMO DELITO LA RECOLECCIÓN DE FONDOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Incorporar como delito la recolección de fondos y el financiamiento del terrorismo en la Ley penal antiterrorista (Decreto  Ley N° 25475), mediante el Proyecto de Ley N° 783, planteó el congresista Octavio Salazar como una propuesta que se suma a otra iniciativa presentada como modificar el artículo 3-C del Decreto Ley N° 25475, a fin de sancionar con pena privativa de libertad no menor de 25 años a quienes adoctrinen con ideas terroristas a menores de edad.
De acuerdo a la iniciativa legislativa Nº 783 presentada por el congresista Octavio Salazar el pasado 31 de enero, se establecen penas distintas, así para el que al interior o fuera del territorio nacional recolecte fondos o realice cualquier otra acción que conlleve a obtenerlos, con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, en todo o en parte, para cometer el delito de terrorismo, aún cuando los actos terroristas no se hayan realizado, la pena será no menor de  15 ni mayor de 30 años.
Se precisa que para quien al interior o fuera del territorio nacional, aporte o  provea los fondos,  recursos financieros o económicos, o servicios financieros o servicios conexos de otra índole, a disposición de las personas que cometan o intenten cometer el delito de terrorismo, aún cuando los actos terroristas no se hayan realizado, la pena será no menor de 20 ni mayor de 35 años.
La pena será no menor de 25 años ni mayor de 35 cuando se ofrezca recompensa o se premie la comisión de cualquier acto terrorista, o el agente  tenga la calidad de funcionario o servidor público.
Otra propuesta es el Proyecto de Ley N° 1078/2011-CR, presentado el 3 de mayo, que planeta modificar el artículo 3-C del Decreto Ley N° 25475, a fin de sancionar con pena privativa de libertad no menor de 25 años a quienes adoctrinen con ideas terroristas a menores de edad.
“En estos días observamos cómo el accionar demencial del terrorismo mantiene capturados a menores de edad para adoctrinarlos con ideas violentistas, por ello este proyecto de ley plantea una pena no menor de 25 años para quienes captan, acogen, recepcionan, trasladan o retienen a menores de edad para adoctrinarlos en prácticas terroristas, independientemente que cometan o no actos terroristas”, explicó.
Detalló que el objetivo de su iniciativa legislativa es sancionar de manera ejemplar a quienes adoctrinan a menores de edad en ideas terroristas y les enseñan que el terrorismo es el medio para capturar el poder, situación que no está contemplada en nuestra legislación.   
Agregó que lo que se pretende es que también sea penado el hecho que los hijos menores de edad de los terroristas reciban adoctrinamiento en el interior de estas agrupaciones violentistas.
De acuerdo a la propuesta se establece pena privativa de libertad no menor de veinticinco años si el agente capta, acoge, recepciona, traslada o retiene para instruir, adiestrar, formar en prácticas terroristas a menores de edad. Además, si el agente hace participar al menor de edad en la comisión de delitos de terrorismo, y si como efecto de los hechos se producen lesiones graves a terceras personas.
Lima, 07 de mayo de 2012
Oficina de Prensa
Congresista Octavio Salazar.

domingo

Amigos comparto esta propuesta de ley para sancionar a quienes adoctrinen a niños en el terrorismo:

http://peru21.pe/2012/05/06/actualidad/carcel-uso-ninos-terrorismo-2023083

“ES ANTITÉCNICO DELEGAR TODA LA INTELIGENCIA DEL VRAE A POLICÍA NACIONAL”


El congresista Octavio Salazar afirmó que es antitécnico y una falta de conocimiento de la problemática manifestar que la Policía Nacional del Perú se encargará sola de la inteligencia en el valle del río Apurímac y el Ene (VRAE), ya que muy por el contrario se trata de centralizar la labor de inteligencia para lograr resultados en la lucha contra el terrorismo y su aliado el narcotráfico.

“Delegar a una sola institución como la Policía Nacional la labor de inteligencia en el VRAE denota un absoluto desconocimiento de la organización del Estado y del planeamiento estratégico  y táctico de la lucha contra el terrorismo; o se pretende delegar tareas a una sola institución para evitar que otros asuman las responsabilidades que les corresponde”, comentó.   

Opinó que el uso de la inteligencia requiere de personal especializado, y de políticos que tengan las cosas claras y que conozcan cómo funciona ésta para conceptuar y definir las acciones en una zona de la naturaleza del VRAE. “El político debe usar los medios a su alcance para apoyar en la parte estratégica y táctica”, aseguró.

Añadió que el ministro es el responsable de la parte política de la lucha contra el terrorismo, quien junto a la autoridad militar policial diseña la estrategia a aplicar, la que debe ir de la mano con el concepto inicial del Gobierno.

Agregó que la decisión de que toda la inteligencia del VRAE la maneje la Policía Nacional “porque tiene la mejor inteligencia del país” es una medida que resulta antitécnica porque la inteligencia debe funcionar como un sistema. “La Dirección de Inteligencia Nacional, que es la cabeza del sistema, y las Fuerzas Armadas tienen efectivos preparados que conocen su labor, además de tecnología para las labores de inteligencia, lo que sumado a la Policía Nacional del Perú, y con una buena orientación política y estratégica, pueden generar los resultados que se esperan”, expresó.

Lima, 06 de mayo de 2012
Oficina de Prensa
Congresista Octavio Salazar  

viernes

REGULACIÓN DE USO DE LA FUERZA POR PNP FACILITARÁ LUCHA CONTRA INSEGURIDAD CIUDADANA Y RECUPERAR PRINCIPIO DE AUTORIDAD

Como una decisión acertada que facilitará la labor de los efectivos policiales en su lucha contra la inseguridad ciudadana y permitirá garantizar el respeto del principio de autoridad, además de evitar procesos judiciales en contra del personal policial por cumplir con su tarea de preservar el orden interno, calificó el congresista Octavio Salazar (Fuerza 2011) a la aprobación de la Ley que regula el empleo de la fuerza por parte del personal de la Policía Nacional del Perú (PNP).   
El congresista Octavio Salazar, autor de la iniciativa legislativa, refirió, asimismo, que la norma aprobada establece principios rectores para el empleo de la fuerza entre los que destacan el respeto de los Derecho Humanos; la legalidad; la necesidad; la racionalidad; la precaución y la excepcionalidad. 
Explicó que la ley precisa que el empleo de la fuerza por parte del personal policial responde al nivel de resistencia y a la situación que motiva la intervención. Añadió que se precisa niveles de empleo de la fuerza, como la fuerza preventiva y la reactiva.
“Entre los diversos niveles de empleo de la fuerza, el personal de la PNP debe utilizar aquella que, de acuerdo a las circunstancias, sea la menos lesiva. Además, para determinar el nivel de empleo de la fuerza se debe considerar la intensidad y peligrosidad de la agresión; la forma de proceder del agresor; la hostilidad del entorno y los medios de los que disponga el personal policial para el empleo de la fuerza”, detalló. 
Afirmó que mediante la ley aprobada se establece el marco legal para el empleo de la fuerza por parte del personal de la PNP, a fin de preservar el orden interno, en cumplimiento de su finalidad, establecida en la Constitución Política del Perú.

Lima, 04 de mayo de 2012
Oficina de Prensa y RR.PP.
Congresista Octavio Salazar