Artículo de opinión publicado en el diario Correo (08.12.2012)3

Perú: Un Estado con recursos pero todavía ausente

La economía peruana ha experimentado en los últimos trece años un crecimiento anual de su PBI de alrededor de 7%, solo interrumpido por la crisis financiera internacional en los últimos meses del año 2008 e inicios del 2009. Asimismo, la tasa de pobreza ha descendido de casi 50%, a inicios del año 2000, al 30% en la actualidad. Este crecimiento ha tenido su correlato en los presupuestos nacionales, como el recientemente aprobado, y en la cobertura de los programas sociales.

Sin embargo, ni la ampliación de la cobertura de los programas sociales, mayormente asistencialistas, ni el crecimiento de nuestra economía, han resuelto las inequidades que afectan todavía a millones de peruanos. Por ejemplo, mientras la pobreza urbana es del 18% y la pobreza extrema solo 1.4%., en el ámbito rural, la pobreza representa el 55.1% y la pobreza extrema, el 20.5%.

No obstante que en la última década, mayoritariamente, las inversiones de capitales (mineras, en zonas andinas, y gasíferas, en la selva, principalmente) se han concentrado en las zonas rurales; y de una mayor inyección de transferencias de recursos hacia los gobiernos locales y regionales, la acción del Estado es ineficiente o, peor, ausente de los requerimientos ciudadanos.

¿Qué nos falta entonces para consolidar un crecimiento económico estable y con inclusión social? Una respuesta, no coyuntural, debe mirar el ámbito institucional.

La construcción de un Estado eficiente en el siglo XXI significa la creación de nuevas instituciones gubernamentales y el fortalecimiento de las existentes. Pero hay que distinguir entre el alcance de las actividades estatales, que consiste en las diferentes funciones y objetivos que asumen los gobiernos, y la fuerza o poder del Estado o la capacidad de los Estados para programar y elaborar políticas y aplicar leyes con rigor y transparencia, que equivale a lo que Fukuyama denomina capacidad estatal o institucional.

Existen países que intentan realizar complejas tareas, como la gestión de empresas estatales, o que cuentan con instituciones de alta calidad técnica, como el BCR aquí en Perú, y, sin embargo, son incapaces de proporcionar bienes públicos básicos e infraestructura pública a sus ciudadanos.

Es el momento de institucionalizar reformas de SEGUNDA GENERACIÓN en el Estado Peruano, especialmente en los siguientes ámbitos: educación; salud; seguridad ciudadana; y administración de justicia, pues el peor daño que se le puede hacer a los ciudadanos es que su Estado tenga muchísimas actividades, las haga mal y brinde malos servicios, cuando lo importante es que con los recursos provenientes de la riqueza que generan los empresarios y los trabajadores, sea eficiente en las funciones que realiza.

Necesitamos un Estado al servicio de los ciudadanos, y no al revés, es decir, que so pretexto de servirlos, en realidad, devenga en "derecho del Estado y de sus burócratas".