De los recientes cambios ministeriales, el que más atención concita, no cabe duda, es el correspondiente al sector Interior.
Al respecto, los principales sondeos de opinión revelan datos muy preocupantes. En julio de 2013, Ipsos formuló esta pregunta: ¿Qué ha sido lo peor del segundo año de gobierno de Ollanta Humala? El 59% de los encuestados señaló a la delincuencia y la falta de seguridad. En diciembre de ese año, la encuesta nacional urbana de GFK reveló que el 62% de los peruanos consideraba como aspecto negativo de la gestión del Gobierno el no combatir a la delincuencia. El mismo mes, la encuesta de Opinión Pública Datum Internacional difundió la nota promedio (del 0 al 20) sobre diversos aspectos de la gestión gubernamental, la cual arrojó respecto a las acciones de seguridad ciudadana y lucha contra el narcotráfico la nota desaprobatoria de 08.
Al respecto, el quinto ministro saliente, Walter Albán, señaló reiteradamente que se estaba controlando el aumento de la criminalidad; sin embargo, los ciudadanos no piensan lo mismo, tal como lo revela la reciente encuesta nacional urbana de CPI, difundida el 19 de junio de este año, donde el 76.1% de los peruanos "despide" al exministro del Interior, discrepando con su "optimismo". Su reemplazante en el cargo ha debutado con un inusitado entusiasmo verbal.
"En pocos días avanzaremos lo que no se ha hecho en mucho tiempo"; "No vamos a permitir que sigan circulando estos benditos vehículos que están llenos de papeletas y choferes llenos de papeletas, que siguen como Pedro en su casa"; "Voy a cerrar San Jacinto", son algunas de las expresiones del general EP ® Daniel Urresti, sexto titular de la Cartera del Interior y tercer militar en ocuparla en lo que va del Gobierno, que al parecer son preludio de un "activismo" operativo en la lucha contra la delincuencia, que por incoherente y sin metas claras, como remedio puede resultar peor que la enfermedad.
El nuevo titular del Interior debe mostrar mayor ponderación y humildad. La destrucción de dragas en Madre de Dios, su carta de presentación, no significa haber liquidado a los mineros ilegales y mucho menos avances en la formalización minera.
Los retos que le esperan al nuevo ministro son enormes. El crimen organizado y la delincuencia común articulada a ella tienen estas características: 1. Una estructura organizativa similar a consorcios empresariales de liderazgo centralizado, que inclusive opera desde las cárceles, pero también articulado internacional, nacional, regional y localmente; 2. Capacidad logística con armas, vehículos, escondites y facilidad para obtener información; 3. Las armas de fuego y explosivos que posee son utilizados, sin dudar, contra civiles y policías; 4. La ampliación de sus actividades se ha visto favorecida también por los efectos del Plan Colombia, que a través de la migración de organizaciones delictivas, provenientes de ese país, proporciona a los nacionales nuevos conocimientos en acciones vinculadas al narcotráfico, al lavado de activos; y, 5. Participación delictiva articulada en la minería ilegal, en la trata de personas, en el contrabando, en la extorsión a empresarios, a pequeños comerciantes, bodegueros o asociaciones de taxistas, y en el sicariato.
Además, un aspecto concurrente que afecta a la seguridad y actividad económica, especialmente en el interior del país, radica en la evidente asociación de ciertos gobiernos regionales y locales con la corrupción (19 de los 25 presidentes regionales enfrentan investigaciones fiscales o procesos judiciales por corrupción) y el crimen organizado, siendo probable incluso que candidatos corruptos participen en las elecciones de octubre, sin que el JNE pueda detectarlos.
Enfrentar estos flagelos requiere, entre otros aspectos, solucionar los problemas presupuestales en la implementación de la Ley de Crimen Organizado; fortalecer a la PNP, modernizándola con una gestión que tenga altos niveles de confianza de la ciudadanía (no con "podas" institucionales ni burocratizando la estructura y funcionamiento policial como sucede actualmente); y potenciar la investigación e inteligencia policial, pero más la prevención policial, acompañada de políticas multisectoriales que a la vez potencien la prevención social.
Ojalá que el Gobierno y su nuevo ministro del Interior recapaciten por el bien de los peruanos.
Artículo publicado en Diario Correo, viernes 27 de Junio del 2014.
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