¿Más delincuencia, menos homicidios?

El presidente Ollanta Humala al iniciar su gobierno ofreció combatir la inseguridad ciudadana; sin embargo, entrando a la mitad de su mandato, entidades como Ciudad Nuestra y Latinobarómetro revelan que la victimización por hogares se incrementó en 42.2% el año 2011; y en 43.2% el año 2012, mientras el año 2010 era 29%.

Asimismo, en el Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014 (Seguridad Ciudadana-PNUD-ONU), respecto a la percepción de la inseguridad y victimización en América Latina correspondiente al año 2012, coloca al Perú en un preocupante primer lugar respecto a la percepción de inseguridad en el barrio (50%) y victimización directa (28.1). Sin embargo, mientras se incrementa la delincuencia común, el crimen organizado, el sicariato, los secuestros, las extorsiones y la falta de seguridad, el Ministerio de Justicia acaba de informar que la cifra oficial de homicidios en el Perú correspondiente al año 2012, representa una tasa de 6.5 por cada 100,000 habitantes.

Si ya se cuestionaba que la tasa de 9.40, registrada por la PNP, era muy "optimista" respecto a las alarmantes cifras del Ministerio Público del año 2011 (24.1), la del MINJUS de 6.5 resulta ser "nubenáutica". Recapitulemos, en los últimos años, las tasas de homicidios dolosos reportadas por la PNP, que aparecen en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018, fueron las siguientes: 10.2 muertes por cada cien mil habitantes para 2009; 9.2 para 2010; 9.5 para el 2011 y 9.6 para el 2012, en tanto el Ministerio Público registró una tendencia ascendente, teniendo un aumento muy significativo para el 2011 (14 por cada cien mil habitantes para el 2009; 18.6 para el 2010 y 24.1 para el 2011).

Ante la controversia en la data de homicidios, el Ministerio Público desarrolló un conjunto de acciones con la finalidad de identificar las razones de tales diferencias, constituyendo para tal efecto una comisión que concluyó con un resultado sorprendente: 6.4 homicidios por cada 100,000 habitantes para el año 2012 (una reducción significativa respecto al año anterior).

Pero, eso no es todo, el Ministerio Público sostiene, como argumento para justificar su "sinceramiento", que en la elaboración de las cifras proporcionadas para los años 2011 y anteriores, "no se llevó a cabo un seguimiento estadístico que permitiera informar si la muerte se debió, efectivamente, a un acto delictivo doloso o tuvo una causa distinta (accidente de tránsito, muerte natural, suicidio, etc.)". Vale decir, la nueva "data" no puede ser comparada con las anteriores.

Paralelamente, el Consejo Nacional de Política Criminal (Conapoc) constituyó el año 2013 un comité estadístico, a cargo del INEI, para, entre otros aspectos, determinar el número oficial de homicidios en el país, que para el año 2012 es 6.5% (casi similar a la del Ministerio Público). Lamentablemente la metodología utilizada tampoco inspira confianza.

Los homicidios constituyen la forma más extrema de violencia en una sociedad, que se ejerce de manera intencional para quitar la vida a otra persona, por lo tanto, las instituciones estatales deben abordarla necesariamente con sinceridad para enfrentarla con eficacia. Todo indica, sin embargo, que estamos ante un "maquillaje estadístico" del MINJUS y del INEI.

Si el objetivo del gobierno, para demostrar que ha logrado resultados positivos contra la criminalidad, se sustenta en abrumar a la opinión pública con cifras reñidas en esencia con la verdad, pues no le servirá. La "estadística" de la vida diaria del ciudadano se encargará de desmentirlo en las urnas el 2016.