Viernes 28 de Noviembre, Diario La Industria de Trujillo
Hemos señalado en artículos anteriores que la Seguridad Ciudadana, concebida como una política de Estado eficaz, requiere precisar su problemática estructural de los aspectos concurrentes que corresponden a cada gobierno y los efectos que generan.
Consideramos los siguientes aspectos estructurales: 1. Crisis familiar; 2. informalidad económica; 3. Corrupción; 4. Precariedad educativa; 5. Precariedad institucional de los operadores de justicia; 6. Incremento delincuencial; 7. Cultura confrontacional; 8. Factores sicológicos, entre otros.
En otras palabras, el Perú vive un clima social convulsionado por las recurrentes demandas locales, el alto nivel de violencia familiar, el sistema penitenciario colapsado, la carencia de recursos en la administración de justicia, el crimen organizado; situación que se agravó con la implementación de un Código Procesal Penal excesivamente garantista que no ha sido corregido.
En cuanto a los aspectos concurrentes que corresponden a la gestión de este Gobierno, recordemos que el presidente de la República ofreció liderar la lucha contra la inseguridad ciudadana, de hecho, fue una de sus banderas de campaña. Pero el balance de sus casi cuatro años de gobierno son seis ministros del Interior y, no obstante el activismo” mediático” del actual titular de esta cartera, los índices de victimización, delincuencia y crimen organizado siguen incrementándose.
El Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014 (Seguridad Ciudadana-PNUD-ONU), con datos recogidos en 2012, coloca al Perú en un preocupante primer lugar respecto a la percepción de inseguridad en el barrio (50%) y en victimización directa. Por eso, no debe extrañar que el 67% de la ciudadanía repruebe la gestión de Humala y 46% identifique la inseguridad como uno de los principales problemas del país (Fuente: Encuesta Ipsos).
El incremento de los índices sobre inseguridad tiene su explicación en los errores cometidos por el Gobierno como: 1. El descabezamiento de la PNP con el pase al retiro de 29 generales, lo que afectó la cadena de mando y la especialización; 2. Con la poda institucional se pasó al retiro a oficiales capacitados en Scotland Yard y el FBI, por eso hay menos equipos en la Dirección de Investigación Criminal de la PNP; 3. Se adoptó una estructura organizativa militarizada para la PNP (generales en Macro-regiones y coroneles mandando a coroneles en las regiones); y, 4. Burocratización operativa de la institución (18 direcciones ejecutivas, administrativas y operativas policiales).
Debemos agregar que el “activismo” mediático y la utilización política de la PNP por parte del ministro Urresti, le ha llevado a tomar decisiones negativas para la institución policial, como la desactivación de 30 equipos de control policial que se dedicaban a realizar visitas inopinadas a las comisarías y control de los servicios en las calles; la disminución del tiempo de formación policial a un año e, incluso, cinco meses; la creación de direcciones policiales al paso y de acuerdo a la coyuntura cuando la actual ley del PNP establece ocho direcciones ejecutivas administrativas y 8 operativas policiales.
Recientemente, los cuestionamientos sobre la falta de experiencia y preparación del grupo de “elite” Terna para enfrentar a los delincuentes, solo confirman el resquebrajamiento de la institución policial.
No podemos esperar al cambio de gobierno para revertir el actual estado de cosas, necesitamos enfrentar el crecimiento de la criminalidad. Para tal efecto, sugerimos: 1. Solucionar los problemas presupuestales en la implementación de la Ley de Crimen Organizado; 2. Reducir la carga procesal con más Juzgados y Salas Penales y magistrados calificados; 3. Crear más fiscalías especializadas contra el crimen organizado; 3. Fortalecer a la PNP; 4. Potenciar la investigación e inteligencia policial; 5. Coordinar con los gobiernos regionales y locales la emisión de ordenanzas orientadas a la tranquilidad; 6. Reformar el sistema penitenciario; e 7. Implementar una plataforma tecnológica de alerta temprana a nivel nacional que recoja información de ocurrencias sobre crimen organizado, orden de capturas, entrada y salida de extranjeros, ficha de delincuentes, organizaciones criminales, modus operandi, detenidos, reos sentenciados y procesados
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