Publicado en Diario
Correo 6 de Diciembre 2013
Responder a
la interrogante de este artículo es a lo que deberán abocarse tanto el
Ministerio Público y el Poder Judicial cómo el Congreso de la República, luego que una investigación periodística revelará
que el operador montesinista, Óscar López Meneses contaba con seguridad de 8
patrulleros, dos motos y 22 agentes, durante 18 meses.
La renuncia
del Ministro Pedraza, del Asesor Presidencial, Adrián Villafuerte, el relevo de
mandos policiales, en modo alguno ha puesto punto final a la crisis política generada
luego de la denuncia.
Por eso el
oficialismo, sus voceros, sus medios de
comunicación, sus publicistas (¿Favre?) y periodistas que antes acusaban a Ollanta
Humala de Montesinista, pretenden solo responsabilizar a la PNP e inclusive a
las fuerzas políticas de oposición por el resguardo dado en este gobierno a OLM,
quien, por cierto, habría apoyado en la campaña presidencial de 2006 al actual
mandatario no solo con asesorías “indirectas”, también con una camioneta y
celulares, tanto para él como para Adrián Villafuerte.
Para Álvaro
Vargas Llosa, el resguardo a OLM pudo realizarse con la venia de Palacio de
Gobierno.
En efecto,
AVLL advierte que: “Ollanta Humala es
el responsable máximo de esta crisis.
Estoy seguro que la orden de proteger a López Meneses se dio por gente
protegida por el presidente, como asesores que sabían bien que él tenía en
ellos confianza desmesurada (…)”.
De otro
lado, si de imputaciones montesinistas se trata, los vínculos de Ollanta Humala
con estos no son nuevos. Recordemos que el entonces candidato presidencial de
UPP-PN el año 2006 ya estaba rodeado de coroneles y
comandantes vinculados a VMT.
Mientras
tanto, el presidente Humala y sus aliados insisten en explicar el resguardo a
OLM como un caso de corrupción policial. Si esta explicación fuera consistente,
¿Por qué renunció un ministro de estado? ¿Por qué “renunció” un asesor
presidencial en materia de seguridad y defensa que fue secretario del general
montesinista Saucedo Sánchez? o ¿Cómo explicar la denuncia del alcalde de Surco
de que habría sido el ex jefe del comando conjunto, quien le solicitó la
protección de serenazgo para la residencia en cuestión sí según el alcalde,
este no solo le habría pedido telefónicamente aumentar la seguridad, sino que
además la municipalidad le habría informado sobre las gestiones realizadas a
través de una carta en mayo del 2012? ¿Quién dice la verdad, los mandos
policiales, el burgomaestre de Surco o el actual Jefe del Comando Conjunto del
FFAA y su antecesor?
Una operación
que involucró un notorio despliegue de unidades, luego de 18 meses,
difícilmente hubiese sido posible sin
conocimiento y autorización de altas instancias políticas.
Lamentablemente, se maltrata, una vez más, a la policía, utilizándola
como cortina de humo para ocultar, por ejemplo, la realización de reglajes a
los opositores y críticos del actual régimen.
Al respecto, la DINI, que con
este gobierno ahora puede formular y ejecutar acciones políticas, destina el 70% de su presupuesto para actividades secretas,
contando además con gastos reservados notoriamente incrementados: de
9’493,264.00, el año 2011 a S/73’952,800,
el año 2013.
Otro aspecto importante es la ejecución presupuestal
realizada por la DINI. Sólo en los tres primeros meses de este año gastó más que en el 2010 y 2011
