Para enfrentar a la inseguridad ciudadana y facilitar la labor de investigación policial urge incrementar el número de vacantes en las escuelas de formación de oficiales y sub oficiales, calificando al personal en la especialidad de investigación policial desde la etapa de formación.
Así lo plantea una de las recomendaciones del Informe Final del Grupo de Trabajo de Monitoreo y Evaluación de la Actuación de la Policía Nacional del Perú en la Investigación del Delito; así como el Monitoreo y Evaluación de las Actividades de las Instituciones Encargadas del Seguimiento del Lavado de Activos de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, que tuvo como coordinador al congresista Octavio Salazar Miranda (Fuerza 2011).
Asimismo, se plantea la necesidad de elaborar, financiar y ejecutar diferentes proyectos de inversión pública para la adquisición de equipos, armamento, vehículos, tecnología y otros en beneficio de la labor de investigación de la Policía Nacional del Perú (PNP); así como elevar el presupuesto destinado a gastos de inteligencia operativa.
También se sugiere modificar el tiempo de detención de los presuntos autores en las investigaciones por diferentes delitos, lo que permitiría a la PNP realizar una investigación más eficiente; y promover la suscripción de convenios con otras instituciones policiales del mundo en materia de intercambio de información y de cooperación interinstitucional.
Lucha contra el lavado de activos
En lo referido a la labor para enfrentar al lavado de activos, a nivel de la PNP se propone fortalecer la capacidad de acceso a la información de las entidades públicas, mediante convenios y enlaces; e intensificar la coordinación permanente con el Ministerio Público, a fin de accionar con la diligencia y eficacia para lograr los fines de denuncia y confiscación de bienes.
Asimismo, se plantea intensificar la coordinación oficial entre las instituciones comprometidas en la lucha contra el lavado de activos generando plenarios jurisdiccionales en el tema; y coordinar con la SUNAT la ejecución de operativos de control de transporte de dinero transfronterizo (ingreso y salida).
Mediante el informe final se sugiere a los ministerios de Economía y Finanzas y Justicia, además de la SUNAT, a emitir el reglamento para la aplicación de prohibición de portar en efectivo montos superiores a US$30,000 al ingreso o salida del país.
Mientras que al Congreso de la República se le plantea tipificar el financiamiento de terrorismo como un delito autónomo; al Poder Judicial y al Ministerio Público se les recomienda regular la atención de pedidos de levantamiento de secreto bancario.
Por su parte a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se les propone implementar el registro de casas de cambio y de empresas de préstamo y empeño.
Además se plantea a las mencionadas instituciones evaluar establecer un límite para la realización de determinadas transacciones locales en efectivo; regular aspectos concernientes al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva; y dictar un marco regulatorio para el congelamiento de fondos en casos de lavado de activos y financiamiento de terrorismo.
Lima, 18 de julio de 2012
Oficina de Prensa
Congresista Octavio Salazar
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