¿Son viables hoy las reformas electorales?

29 de agosto 2015

Diario Correo 

Con inusitado entusiasmo, los representantes del JNE, la ONPE y el Reniec, los académicos, representantes del Congreso, el propio Presidente de la República y, por supuesto, los llamados “expertos” financiados por organizaciones internacionales señalan que es imperativo aprobar reformas electorales antes del mes de octubre. La pregunta es la siguiente: ¿existe tal consenso?

Ciertamente que la legislación por sí misma no convierte a los partidos políticos en más democráticos, eficientes y capaces de recoger los intereses de los ciudadanos. Incluso, los partidos políticos en el mundo desarrollado también atraviesan crisis, pero, o se reforman o se refundan, sin afectar el Estado de Derecho ni la institucionalidad de esas sociedades. No es el caso de Latinoamérica ni de otros países subdesarrollados.

Con respecto al caso peruano, indudablemente es necesaria una verdadera reforma institucional de los partidos políticos. Si bien es verdad que desde la convocatoria de la Asamblea Constituyente en 1978 hasta la actualidad la política peruana se ha renovado y se sigue “renovando” cronológicamente con nuevos rostros y nuevas organizaciones de alcance nacional, los estilos de hacer política no; además, siguen teniendo dificultades para consolidarse institucionalmente sin depender exclusivamente, para su vigencia, de líderes carismáticos.

Actualmente, salvo en las elecciones generales presidenciales y parlamentarias, los denominados partidos nacionales tienen enormes problemas para encarar con éxito los procesos electorales regionales y municipales. En efecto, dichos movimientos se han impuesto a los partidos de alcance nacional en los procesos electorales de los años 2006, 2010 y 2014.

Obviamente, el hecho de que los gobiernos regionales y locales tengan mayores presupuestos y recursos influye en la conformación de movimientos improvisados que compiten con éxito frente a los partidos políticos. Sin embargo, hay otros aspectos en la estructura y funcionamiento del sistema político y del sistema electoral que influyen en su debilidad institucional.

Y es en ese contexto cuando los “expertos” representantes nativos de organizaciones internacionales, que influyen en las propuestas de los organismos electorales, exigen inmediatamente una reforma legal del sistema político y electoral que garantice la democracia interna en estos antes de la convocatoria a las elecciones generales de 2016. Coincidimos con ese deseo, el problema radica en lo que para ellos significa la urgencia “reformista”.

Al respecto, tenemos experiencias legislativas cuestionables realizadas bajo la influencia de los “expertos” internacionales y de los organismos electorales. Por ejemplo, la Ley de Reforma Constitucional N°30305, que modifica los artículos 191, 194 y 203 de nuestra carta política sobre la denominación y no reelección inmediata de autoridades regionales y municipales. Con enorme entusiasmo parlamentario se limitó el periodo de gestión de los gobernadores regionales y alcaldes. No compartimos ese optimismo, pues con o sin reelección inmediata, quien ingresa a la gestión pública con la intención de delinquir lo intentará siempre.

Cabe citar un caso emblemático: México, país “campeón” en “restricciones” a la reelección de autoridades, donde justamente están vigentes todas las instituciones que diversos “expertos” reclaman instaurar aquí, tales como el financiamiento público a los partidos, el monopolio partidario de todas las candidaturas (sin invitados), la eliminación del voto preferencial, pero muy especialmente la prohibición de reelecciones en todas las autoridades ejecutivas. Los resultados los conocemos: más corrupción y crimen.

Lo único seguro que esta reforma constitucional garantiza en nuestro país es el “castigo” a las autoridades exitosas, cuyo porcentaje de reelección, por cierto, es diminuto: presidentes regionales, 16%; alcaldes provinciales, 11.28%; y alcaldes distritales, 17.95%.

Reiteramos: las reformas en el sistema electoral, de gobierno y de partidos políticos deben ser integrales, acompañadas de eficientes mecanismos de control y transparencia, no a través de “parches” legislativos que no garantizan eficacia contra la corrupción, el crimen y la delincuencia en las instituciones políticas. Esto debe ser responsabilidad de un nuevo gobierno y un nuevo Parlamento, debido que gozarán de una mayor legitimidad al inicio de su gestión, teniendo, por cierto, en consideración los aportes de los organismos electorales y también de los “expertos”.

¿El Perú es un Narcoestado?

Miércoles 20 de mayo. Diario Correo

El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, anunció que el Gobierno invertirá 1300 millones de soles para equipamiento policial, comisarías, bases en el VRAEM y uniformes. Este monto equivale solo al 6% del dinero que mueve el tráfico ilícito de drogas anualmente en el Perú: alrededor de 20,300 millones de soles.

Mientras tanto, el narcotráfico sigue penetrando las instituciones públicas, la actividad económica y la política. Nuestra PNP, sin los recursos necesarios, apenas puede incautar el 7% de las 400 toneladas de cocaína que se producen al año. En Colombia, por ejemplo, existen 250 helicópteros para enfrentar este delito, lamentablemente, en nuestro país apenas tenemos 25. Enorme diferencia.

El narcotráfico se extiende por todo el territorio nacional para constituirse en una red “empresarial” cada vez más difícil de controlar (minería, pesquería, agroexportación, empresas de transporte e inmobiliaria, etc.). Como toda actividad delictiva proveniente del Crimen Organizado, funciona en forma similar a los grupos económicos dedicados a diversas actividades empresariales, integrados, con órganos de línea, apoyo, asesoría legal y contable.

En el contexto descrito, los delitos evolucionan en diferentes modalidades que van de menor a mayor complejidad. La disminución en capturas de burriers significa que hay nuevas modalidades de traslado de droga y de su exportación, que se dan principalmente en los terminales marítimos y aéreos. Sin embargo, se carece de suficientes equipos de rayos X en dichos terminales, lo que facilita que productos de exportación con droga no sean detectados. Es urgente, por lo tanto, implementar cámaras de videovigilancia integrales en todos los terminales marítimos y aeropuertos. Además, el personal asignado a dichos lugares debe someterse con frecuencia al detector de mentiras.

El narcotráfico debe enfrentarse de manera multisectorial. Lamentablemente, no lo estamos haciendo. Tanto en mi experiencia policial como legislativa, he podido apreciar diversos obstáculos que deben superarse para combatirlo con éxito. Comencemos por la problemática legislativa: el 20 de agosto de 2013 se publicó la Ley 30077, Ley Contra el Crimen Organizado, la que hasta la fecha no puede implementarse por falta de recursos presupuestales (de los 59 millones que necesitan lo operadores del sistema, en este caso el PJ, Ministerio Público, la PNP y el INPE, para su funcionamiento, solo les dio la mitad). La falta de jueces y fiscales con capacitación hace ineficaz esta ley. Por ejemplo, se necesitan 15 mil fiscales y no los tiene el MP.

En segundo lugar, es imperativo reformar la administración de justicia (predictibilidad, plazo razonable, medios probatorios, etc.) debiendo incorporarse el

sistema de gobierno electrónico en la gestión de toda su estructura institucional para facilitar el trabajo de sus operadores.

En tercer lugar, la PNP necesita constituir una Dirección Ejecutiva Nacional contra el Crimen Organizado. Actualmente, existe en el Ministerio del Interior, pero es básicamente administrativa. La dirección que propongo crear coordinará a nivel nacional con las Fiscalías y Procuradurías de Crimen Organizado y la Unidad de Inteligencia Financiera acciones eficaces contra el narcotráfico, la extorsión, el sicariato, la minería ilegal, el contrabando, la tala ilegal de madera, la trata de personas u otros delitos de igual naturaleza, para tal efecto deberán estructurar un nodo de información de antecedentes criminales.

Mientras tanto, el crimen organizado se organiza cada vez mejor, en tanto, los organismos estatales llamados a combatirlo se desorganizan cada vez más.

El narcotráfico genera violencia social y criminal que afecta la seguridad de la sociedad peruana, como se puede apreciar en regiones donde tiene sus núcleos de producción y distribución. Si además añadimos otros efectos, como el consumo interno de drogas, la destrucción del medioambiente, la infiltración en la política, en la economía, en las instituciones públicas o el lavado de activos, cabe preguntarse si no somos ya un Narcoestado en formación.

El histrionismo de los “CARAJO” y la inseguridad ciudadana

Sábado 3 de Enero de 2015, Diario Correo

Daniel Urresti carajea a director de la Dircote

Este 2014 fue un año muy difícil para nuestro país: estancamiento de la economía, denuncias de corrupción que implican al Gobierno, incremento de la inseguridad, la delincuencia y el crimen organizado, etc.

En el contexto descrito, el Gobierno cambió dos presidentes de Consejo de Ministros y renovó algunas carteras, entre ellas la del sector Interior, y designó, el 23 de junio pasado, a Daniel Urresti, quien se convirtió en el sexto ministro en el cargo en la gestión Humala.

Luego de seis meses, ¿cuál sería la conclusión de la gestión Urresti? El desborde verbal del ministro pretende cambiar la percepción negativa de la población sobre la seguridad ciudadana y, para ello, recurre con facilidad y, de forma reiterativa, al lenguaje vulgar, tal como lo demuestran dos casos recientes: 1. Haciendo gala de su estilo militarista, insultó y amenazó a dos efectivos policiales en Andahuaylas: “Yo ordené que todo esto lo arreglen (...) ¡Carajo! ¡Lo que yo quiero saber es cómo va! Si esto no está arreglado -en dos o tres semanas- y usted no me da cuenta, te envío al VRAEM”; y 2. “¡Carajo! Déjame que yo sé lo que hago”, le increpó públicamente al director de la Dircote, quien trató de que no hiciera el ridículo al debatir públicamente con Manuel Fajardo, abogado senderista, durante la clausura de una exhibición de pinturas terroristas en el Centro de Lima, en la que fue derrotado políticamente, por cierto.

Primera carajeada de Urresti a un policía en Andahuaylas

Durante la gestión “urrestiana”, la inseguridad ciudadana ha empeorado, por eso no es de extrañar que el Perú encabece las encuestas sobre victimización de delitos en los últimos doce meses en hemisferio occidental. Según el Barómetro de las Américas, el año 2014 el 30.5% fue víctima de algún delito, lo que revela que la situación ha empeorado respecto a 2012, cuando la cifra fue 28.1%.

Y las últimas encuestas nacionales urbano-rurales de diciembre van en la misma dirección: Ipsos muestra que el 60% de los peruanos cree que la seguridad está empeorando, mientras que el 62%, según Pulso Perú, considera como hecho negativo del gobierno de Humala el no combatir la delincuencia, por lo que desaprueba con 8.9 (sobre nota de 20) las actividades del Gobierno durante 2014 para combatir la inseguridad ciudadana. Esa es la verdad, la popularidad ministerial colisiona con lo que día a día vive la ciudadanía frente a la delincuencia.

Pese a la precariedad cualitativa de las cifras estatales en seguridad ciudadana, es posible constatar que en los últimos años hay un incremento permanente de delitos patrimoniales, que transversalmente afectan a toda la sociedad, y de la violencia que se emplea en ellos (primero se dispara y luego se roba).

He señalado en anteriores columnas que se han consolidado nuevas modalidades de crimen organizado en las principales ciudades del país. Además del narcotráfico, el contrabando, la tala ilegal de madera, la trata de personas o la minería ilegal, se ha incrementado la extorsión a los negocios, especialmente a los medianos y pequeños (bodegas, restaurantes, tiendas de artefactos), por bandas criminales de la localidad que obligan al pago de cupos bajo amenaza de convertir a los comerciantes en víctimas de los sicarios.

En estos cuatro años, el sicariato y la extorsión a los negocios han tenido una dimensión y magnitud geográfica que los convierte en la modalidad más frecuente de crimen organizado.

Lo que sí ha quedado demostrado en los seis meses de la gestión de Urresti es que carece de planes y objetivos definidos para luchar contra la delincuencia y, más bien, enfoca su gestión en asegurarse presencia en los medios (histrionismo mediático) para su propio beneficio y complacencia.

SEGURIDAD CIUDADANA: ¿QUÉ HACER?

Viernes 28 de Noviembre, Diario La Industria de Trujillo

Hemos señalado en artículos anteriores que la Seguridad Ciudadana, concebida como una política de Estado eficaz, requiere precisar su problemática estructural de los aspectos concurrentes que corresponden a cada gobierno y los efectos que generan.

Consideramos los siguientes aspectos estructurales: 1. Crisis familiar; 2. informalidad económica; 3. Corrupción; 4. Precariedad educativa; 5. Precariedad institucional de los operadores de justicia; 6. Incremento delincuencial; 7. Cultura confrontacional; 8. Factores sicológicos, entre otros.

En otras palabras, el Perú vive un clima social convulsionado por las recurrentes demandas locales, el alto nivel de violencia familiar, el sistema penitenciario colapsado, la carencia de recursos en la administración de justicia, el crimen organizado; situación que se agravó con la implementación de un Código Procesal Penal excesivamente garantista que no ha sido corregido.

En cuanto a los aspectos concurrentes que corresponden a la gestión de este Gobierno, recordemos que el presidente de la República ofreció liderar la lucha contra la inseguridad ciudadana, de hecho, fue una de sus banderas de campaña. Pero el balance de sus casi cuatro años de gobierno son seis ministros del Interior y, no obstante el activismo” mediático” del actual titular de esta cartera, los índices de victimización, delincuencia y crimen organizado siguen incrementándose.

El Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014 (Seguridad Ciudadana-PNUD-ONU), con datos recogidos en 2012, coloca al Perú en un preocupante primer lugar respecto a la percepción de inseguridad en el barrio (50%) y en victimización directa. Por eso, no debe extrañar que el 67% de la ciudadanía repruebe la gestión de Humala y 46% identifique la inseguridad como uno de los principales problemas del país (Fuente: Encuesta Ipsos).

El incremento de los índices sobre inseguridad tiene su explicación en los errores cometidos por el Gobierno como: 1. El descabezamiento de la PNP con el pase al retiro de 29 generales, lo que afectó la cadena de mando y la especialización; 2. Con la poda institucional se pasó al retiro a oficiales capacitados en Scotland Yard y el FBI, por eso hay menos equipos en la Dirección de Investigación Criminal de la PNP; 3. Se adoptó una estructura organizativa militarizada para la PNP (generales en Macro-regiones y coroneles mandando a coroneles en las regiones); y, 4. Burocratización operativa de la institución (18 direcciones ejecutivas, administrativas y operativas policiales).

Debemos agregar que el “activismo” mediático y la utilización política de la PNP por parte del ministro Urresti, le ha llevado a tomar decisiones negativas para la institución policial, como la desactivación de 30 equipos de control policial que se dedicaban a realizar visitas inopinadas a las comisarías y control de los servicios en las calles; la disminución del tiempo de formación policial a un año e, incluso, cinco meses; la creación de direcciones policiales al paso y de acuerdo a la coyuntura cuando la actual ley del PNP establece ocho direcciones ejecutivas administrativas y 8 operativas policiales.

Recientemente, los cuestionamientos sobre la falta de experiencia y preparación del grupo de “elite” Terna para enfrentar a los delincuentes, solo confirman el resquebrajamiento de la institución policial.

                                                                                                          

No podemos esperar al cambio de gobierno para revertir el actual estado de cosas, necesitamos enfrentar el crecimiento de la criminalidad. Para tal efecto, sugerimos: 1.  Solucionar los problemas presupuestales en la implementación de la Ley de Crimen Organizado; 2. Reducir la carga procesal con más Juzgados y Salas Penales y magistrados calificados;  3.  Crear más fiscalías especializadas contra el crimen organizado; 3. Fortalecer a la PNP; 4. Potenciar la investigación e inteligencia policial; 5. Coordinar con los gobiernos regionales y locales la emisión de ordenanzas orientadas a la tranquilidad; 6. Reformar el sistema penitenciario; e  7. Implementar una plataforma tecnológica de alerta temprana a nivel nacional que recoja información de ocurrencias sobre crimen organizado, orden de capturas, entrada y salida de extranjeros, ficha  de delincuentes, organizaciones criminales, modus operandi, detenidos, reos sentenciados y procesados

Nueva biblia estratégica del Sendero VRAEM

Diversas reacciones, desde el escepticismo hasta el alarmismo, ha suscitado el documento de 28 páginas titulado “Estrategia y táctica del Partido para combatir y derrotar la ‘Estrategia integral o estrategia global’ del enemigo”, presumiblemente elaborado por uno de los hermanos Quispe Palomino, el camarada “Raúl”.

Los jóvenes de hoy ven muy lejanos los hechos sangrientos protagonizados por Sendero Luminoso y el MRTA durante la década del 80 y hasta 1992, lo que constituyó el periodo de violencia más prolongado de toda la historia de la República. 

La captura de "Artemio", jefe del Comité Central del Alto Huallaga y último integrante de la Dirección Nacional en esa zona en 2012, y las muertes de “Alipio” y “Gabriel” en el VRAEM en agosto de 2013, indujo a que algunos analistas señalaran que el fenómeno subversivo ya no constituía mayor peligro para el Perú, pues desde la captura de Guzmán en 1992, los remanentes senderistas del Alto Huallaga y del VRAEM han mutado a ser "pymes" o "guachimanes" del narcotráfico.

Sin embargo, después de meses de relativa tranquilidad, solo en octubre se han producido tres graves acciones subversivas en el VRAEM: 1. Día 3, emboscada en Ayna a una caravana policial en la que murieron dos policías; 2. Día 13,Centabamba, en la que murió un militar y resultaron heridas cinco personas; 3.Día 28, ataque terrorista a un helicóptero MI-17 en Paquichari. 

En estos meses de repliegue,según el documento presuntamente elaborado por el camarada “Raúl”, los terroristas se enfocaron a evaluar sus debilidades operativas, especialmente en el ámbito de la comunicación e inteligencia.

En el documento además de reafirmar sus críticas a Guzmán, pretenden superar a Lenin y a Mao TseTung; proponen aniquilamientos selectivos contra dirigentes de MOVADEF y conocidos analistas políticos; deslindan contra el narcotráfico, anuncian atentados contra proyectos energéticos como el de Camisea; y rechazan el uso de la tecnología (celulares) por motivos de seguridad. En ese orden de ideas, cabe preguntarnos si Sendero VRAEM se encuentra en condiciones de materializar sus objetivos a nivel nacional. La respuesta, por ahora, es negativa. No obstante se debe reconocer que su mensaje puede tener influencia en  algunas zonas.

El documento no revela que los Quispe Palomino tengan vínculos con el MOVADEF, pero ¿eso convierte a estos últimos en inofensivos? o ¿no será impedimento para que sus contradicciones de hoy se resuelvan en el futuro bajo la égida marxista leninista maoísta de la toma del poder por medio de la violencia?

Veamos, no debe subestimarse la capacidad ideológica de los difusores del llamado Pensamiento Gonzalo, que si bien no se orientan por el momento al impulso de la "lucha armada", si están enfocando sus esfuerzos en la “instalación” de lineamientos políticos y programáticos a través del MOVADEF, organización que se mueve con eficacia en la sociedad (universidades, magisterio, sindicatos, etc).

Conclusión: mientras que la facción de los hermanos Quispe Palomino puede ser vencida en el corto y mediano plazo; la actividad proselitista del MOVADEF, por ahora pacífica y sin transgredir la legalidad vigente, es de largo plazo; por lo tanto, es potencialmente más peligrosa.

¿El INEI "maquilla" la inseguridad ciudadana?

El año 2011, en el Congreso de la República impulsamos con mucho entusiasmo la creación del Consejo Nacional de Política Criminal (Proyecto N° 082-2011-CR), con la finalidad de analizar el fenómeno social del delito y coadyuvar a la aprobación de medidas concertadas para combatirlo. Esto quedó plasmado en la Ley N° 29807.

Es al amparo de esta norma y su reglamento, que se conforma el Comité Estadístico Institucional de la Criminalidad (CEIC), integrado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Inpe.
La entidad encargada de consolidar esta información obviamente es el INEI. Lamentablemente, su trabajo genera dudas, tal como veremos más adelante.
En efecto, mientras se incrementa la delincuencia común, el crimen organizado, el sicariato, los secuestros, las extorsiones y la falta de seguridad, en mayo de este año el mencionado Comité, con información procesada por el INEI, anunciaba que la cifra oficial de homicidios en el Perú correspondiente al año 2012 representó una tasa de 6.5 por cada 100,000 habitantes.
Con respecto al año 2013, siempre con data procesada por el INEI, el Comité Estadístico Interinstitucional (CEIC) acaba de informar que el Perú tuvo una tasa de homicidios de 6.61 por cada 100,000 habitantes, ligeramente mayor al año 2012 (6.53). Claro, siempre de acuerdo con el nuevo índice, pues anteriormente los homicidios registrados en dicho periodo por la PNP y el Ministerio Público eran 9.4 y 24.1, respectivamente.
¿Podemos tener confianza en la información que ahora nos proporciona el Instituto Nacional de Estadística e Informática con respecto a la inseguridad ciudadana? La respuesta es negativa.
No se lucha contra la criminalidad falseando la realidad. Y eso es precisamente lo que parece hacer el INEI con sus estadísticas sobre seguridad ciudadana. Un contundente ejemplo al respecto lo tenemos en sus boletines semestrales sobre victimización en la población mayor de 15 años. Realmente es una vergüenza. En el boletín semestral correspondiente al periodo abril-setiembre del 2013, el INEI informa que la cifra de VICTIMIZACIÓN es de 39.3. Sin embargo, en el siguiente boletín semestral correspondiente al periodo octubre 2013-marzo 2014, vuelve a citar la VICTIMIZACIÓN de abril-setiembre 2013, pero en esta oportunidad con otra cifra: 36.2. Es decir, el INEI, en sus dos boletines semestrales para un mismo periodo, ha modificado sus cifras, por supuesto hacia abajo (-3.1). ¿Cómo se llama a esto? MAQUILLAJE ESTADÍSTICO. Aquí no hay error, hay una grosera manipulación de cifras.
Por supuesto que debemos apoyar la unificación de datos en las instituciones del Estado sobre la evolución de los delitos y de la victimización, pues solo con buena información se puede enfrentar a la delincuencia común y al crimen organizado, pero hay que hacerlo con la verdad. No se puede falsear la realidad, como parece hacerlo el INEI. 

"The Justices don't read the newspapers!" y el Movadef

El 9 de abril de este año, el presidente Humala anunció desde Canadá un golpe devastador contra el terrorismo con la detención de 24 personas. Cuatro meses después, el Colegiado "F" de la Sala Penal Nacional del Poder Judicial ordenó liberar a los detenidos, lo que motivó un bullying por parte del Presidente de la República, el procurador antiterrorista y diversos medios de comunicación, que derivó en la "destitución" de estos magistrados por parte del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que no ha tomado en cuenta que "no puede removerse a los jueces sin los informes previos de la Ocma o de una sala superior", como ha recordado el presidente del CNM.

Resulta muy complicado ser juez en un país en proceso de consolidación institucional-republicana. Esto explica cómo estos jueces, que habían sido homenajeados días antes por el propio presidente de Poder Judicial, pasaron, luego de conocerse su resolución, a la condición de parias judiciales. Una lástima.

Los jueces deben ser sancionados si es que delinquen y cometen actos de corrupción, pero este no es el caso. Ellos han sido castigados con una remoción por el contenido de su resolución, y eso es inaudito. En las democracias desarrolladas, los tribunales emiten sentencias impopulares, y los ciudadanos y los altos funcionarios pueden discrepar de ellas, pero jamás se les ocurriría insultar, desafiar o coaccionar a los jueces.

Por eso, como nos lo recuerda un destacado miembro del Tribunal Constitucional, la frase preferida en la Corte Suprema de EE.UU. es "the Justices don't read the newspapers!" (¡Los jueces no leen los periódicos!). Resulta indispensable que nuestra judicatura actúe con ese estándar de independencia.

Mientras cargamos la responsabilidad en los jueces, hay que preguntarnos si en el operativo "Perseo", que permitió la captura de la cúpula del Movadef, el Ministerio Público y la Procuraduría hicieron bien su trabajo. Todo indica que no. César Nakazaki, a quien no se le podría acusar de filosenderista, ha señalado que "el colegiado F decidió cesar la prisión preventiva porque la Fiscalía no demostró la existencia de los presupuestos indispensables para privar de la libertad al imputado: Prueba suficiente y peligro procesal. (...) Al pedir prisión preventiva, la Fiscalía debió probar que el Movadef es un órgano de Sendero Luminoso (SL) (...) para realizar acciones terroristas previstas en la ley; cometer delitos, como el asesinato, para producir terror en la sociedad. Siquiera tuvo que demostrar que el Movadef fue parecido a Socorro Popular, órgano de apoyo de SL para que este realice terrorismo".

En pocas palabras, la Fiscalía debió probar que el Movadef es financiado por la subversión y el narcotráfico y que recibió dinero para perpetrar acciones terroristas; en eso consiste el delito de Financiamiento del Terrorismo, de cuya ley soy autor.

La sociedad peruana y sus instituciones deben prepararse de manera concertada y multisectorial, para enfrentar en el ámbito educativo, legal y político a organizaciones neosenderistas como el Movadef u otras que profesen ideologías criminales.

Es justamente en esos ámbitos que el trabajo a largo plazo del neosenderismo se está realizando con relativo éxito. Y esto debemos enfrentarlo con educación, con legalidad eficaz y con política activa.

Ministerio del Interior: no hay dinero para implementar ley de Crimen Organizado

Congresista Octavio Salazar exige al MEF destinar partida presupuestal para acabar con índices delictivos.

Parlamentario pide públicamente a premier Ana Jara aclarar doble discurso del Gobierno en lucha contra la criminalidad.

A través del Oficio N° 1362-2014 el ministro del Interior, Daniel Urresti, informó al congresista Octavio Salazar Miranda que su cartera no dispone del presupuesto necesario para implementar la Ley de Crimen Organizado, que entró en vigencia el 1 de julio pasado luego de un año de suspensión.

En julio, luego de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informara que no destinaría partidas presupuestales adicionales para la implementación de la normativa, el legislador solicitó formalmente al sector Interior que le precise si contaba con los recursos necesarios para garantizar la ejecución de ley que busca frenar los índices de delincuencia que se registran a diario en el país.

El documento en referencia precisa que: “La PNP solamente cuenta con recursos mínimos e indispensables para cumplir con sus gastos prioritarios que demanda su función, en lo que respecta a recursos asignados para la implementación de la ley, no se cuenta con crédito presupuestario alguno adicionales al Presupuesto Institucional, se ha solicitado una demanda adicional de S/. 11’805,817 nuevos soles”.

Asimismo, el oficio recalca además la preocupación de los operadores encargados de implementar la ley por la falta de asignación de recursos presupuestales que respalden el trabajo y la labor de la Policía Nacional del Perú. “(La labor de la PNP) está supeditada a la transferencia de créditos presupuestarios que efectué el Ministerio de Economía y Finanzas al tener en consideración la Cuarta Disposición Complementaria de esta ley, que su aplicación será financiada con cargo al presupuesto institucional de cada entidad involucrada sin demandar recursos adicionales al tesoro público”.

Sobre el particular, el congresista Octavio Salazar exige al Gobierno central y al MEF a cumplir con la entrega de las partidas presupuestales requeridas por las instituciones vinculadas a la normativa: Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional.

“Hemos recibido la misma respuesta de los otros operadores relacionados con la ejecución de la Ley de Crimen Organizado: No existe partida presupuestal y por tanto están atados de manos. Considero que el Gobierno está revelando un doble discurso pues mientras que por un lado afirma que ha intensificado la lucha contra la delincuencia y crimen organizado, por otro lado le cierra el caño a las instituciones encargadas de lidiar con esta problemática”, precisó el legislador.

“Espero que en su discurso ante el Congreso de la República, la premier Ana Jara explique este tema y aclare este doble discurso que solo contribuye con quienes actúan fuera de la ley”, añadió.

(Oficio enviado por el ministro Daniel Urresti adjuntando carta de la Policía Nacional donde indica que no hay recursos para implementar Ley de Crimen Organizado)

Crimen Organizado: los contradictorios mensajes del Gobierno

Uno de los grandes ausentes en el mensaje presidencial por Fiestas Patrias fue la problemática del crimen organizado, cuya ley entró en vigencia el 1 de Julio. Preocupado por la situación de las entidades responsables de aplicar esta ley, pregunté el 27 de junio al Poder Judicial y al Ministerio Público si tienen los recursos necesarios para implementar la ley, la respuesta remitida a mi despacho ha aclarado el por qué la ausencia de este tema en el mensaje del presidente Humala.

Mediante oficio Nº 3701-2014-P-PJ el presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza me ha informado que actualmente la judicatura no cuenta con el presupuesto necesario, razón por la cual ha solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas una ampliación extraordinaria de su presupuesto de S/. 43 millones para este año. 

“La adecuada implementación de la Ley Nº 30077 – Ley contra el Crimen Organizado pasa  necesariamente por la aprobación de recursos complementarios, así como por la exoneración a las restricciones  previstas para el ingreso de nuevo personal, y para la contratación de bienes y servicios por parte del MEF”. En respuesta a este requerimiento, el MEF sólo le otorgará al Poder Judicial 21 millones de soles, partida considerada insuficiente por Mendoza.

Pero este no sólo es el caso del Poder Judicial pues similar situación se presenta en el Ministerio Público pues el fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia me ha informado que no cuentan con la partida necesaria para la creación de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada.

Ante esta preocupante realidad me pregunto: ¿quiere en verdad el Gobierno hacerle frente al crimen organizado? Por estas evidencias yo creo que no.

1. Respuesta del Poder Judicial

2. Respuesta del Ministerio Público

¿Y después del sexto gabinete qué?

26 de Julio de 2014

El primer gabinete ministerial, liderado por Salomón Lerner, se denominó el gabinete de la inclusión social; el encabezado por Óscar Valdés, como el gabinete del Orden; el de Juan Jiménez Mayor, como el gabinete del diálogo. Los encabezados por César Villanueva y René Cornejo, más allá de sus perfiles personales y políticos, serán conocidos como los gabinetes "breves".

Ahora entramos al cuarto año de gobierno con un sexto gabinete y previo al mensaje presidencial de fiestas patrias, que afronta problemas muy serios, especialmente en lo económico; en lo concerniente a la seguridad ciudadana; y en el ámbito político.

Con respecto al crecimiento de la economía, en mayo del 2013 el ministro Castilla, luego de los primeros signos de enfriamiento, afirmó que no se afectarían las proyecciones anuales del PBI (6,2%) ni de la inflación (2%). ¿Tuvo razón? No, el crecimiento fue menor y la inflación mayor.

Con relación a las predicciones sobre el crecimiento económico de nuestro PBI para el 2014, inicialmente el MEF, el BCR y diversas consultoras pronosticaban un crecimiento de 6% e incluso más. Luego del crecimiento en enero de 4.2%, el BCR y el MEF bajaron su proyección a 5.7% y 5.5%, respectivamente. Posteriormente, el INEI informó que la economía peruana creció en abril apenas 2.01%, su menor ritmo mensual en casi cinco años y debajo de las expectativas del mercado, que esperaban un 2.85%.

Por eso no sorprendió que el BCR volviera a recortar el estimado de crecimiento económico para este año desde un 5.5% a 4.4%.

El Gobierno acaba de anunciar nuevas medidas reactivadoras, adicionales a las aprobadas recientemente en el Parlamento, las que serán dadas a conocer el 28 de julio. ¿Será suficiente? Veremos. No hay que olvidar que en el primer trimestre la inversión privada aumentó apenas 1.6%.

Con respecto al crecimiento de la delincuencia y la inseguridad, no cabe duda de que ha sido el talón de Aquiles del Gobierno, siendo el reclamo más recurrente de los ciudadanos. En un artículo anterior señalé que diversos sondeos de opinión revelaban esta preocupación. "En julio del 2013, Ipsos formuló esta pregunta: ¿Qué ha sido lo peor del segundo año de gobierno de Ollanta Humala? El 59% de los encuestados señaló a la delincuencia y la falta de seguridad. En diciembre de ese año, la encuesta nacional urbana de GFK reveló que el 62% de los peruanos consideraba como aspecto negativo de la gestión del Gobierno el no combatir a la delincuencia. El mismo mes, la encuesta de Opinión Pública Datum Internacional

difundió la nota promedio (del 0 al 20) sobre diversos aspectos de la gestión gubernamental, la cual arrojó respecto a las acciones de seguridad ciudadana y lucha contra el narcotráfico la nota desaprobatoria de 08", escribí.

Entidades como Ciudad Nuestra y Latinobarómetro revelan que la victimización por hogares se incrementó en 42.2% el año 2011; y en 43.2% el año 2012, mientras el año 2010 era 29%. Asimismo, en el Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014 (Seguridad Ciudadana-PNUD-ONU), con respecto a la percepción de la inseguridad y victimización en América Latina correspondiente al año 2012, coloca al Perú en un preocupante primer lugar con respecto a la percepción de inseguridad en el barrio (50%) y victimización directa (28.1).

El entusiasta "activismo" del actual ministro del Interior en modo alguno puede constituir la solución al crecimiento sostenido de la delincuencia y crimen organizado, cuyo liderazgo, además, resulta afectado por una investigación en sede judicial y fiscal debido a una presunta violación de derechos humanos.

Finalmente, en el ámbito político, entramos al cuarto año de gobierno y último de gestión efectiva, pues el 2016 es eminentemente electoral, precedido por recurrentes crisis gubernamentales generadas en el Gobierno, pero con una participación activa de la Primera Dama. Ella propició la caída del cuarto presidente del Consejo de Ministros; casi propicia que no se otorgue el voto de investidura al quinto gabinete; y acaba de provocar la renuncia de seis parlamentarios a la bancada oficialista en el Congreso.

¿Qué hay detrás de este estilo aparentemente autodestructivo de hacer política por la parte de la pareja presidencial? ¿Se puede enfrentar la desaceleración de la economía cuando la gobernabilidad se ve torpedeada sistemáticamente desde el propio gobierno?

Seguridad Ciudadana: menos promesas, más eficiencia

De los recientes cambios ministeriales, el que más atención concita, no cabe duda, es el correspondiente al sector Interior.
 

Al respecto, los principales sondeos de opinión revelan datos muy preocupantes. En julio de 2013, Ipsos formuló esta pregunta: ¿Qué ha sido lo peor del segundo año de gobierno de Ollanta Humala? El 59% de los encuestados señaló a la delincuencia y la falta de seguridad. En diciembre de ese año, la encuesta nacional urbana de GFK reveló que el 62% de los peruanos consideraba como aspecto negativo de la gestión del Gobierno el no combatir a la delincuencia. El mismo mes, la encuesta de Opinión Pública Datum Internacional difundió la nota promedio (del 0 al 20) sobre diversos aspectos de la gestión gubernamental, la cual arrojó respecto a las acciones de seguridad ciudadana y lucha contra el narcotráfico la nota desaprobatoria de 08.

Al respecto, el quinto ministro saliente, Walter Albán, señaló reiteradamente que se estaba controlando el aumento de la criminalidad; sin embargo, los ciudadanos no piensan lo mismo, tal como lo revela la reciente encuesta nacional urbana de CPI, difundida el 19 de junio de este año, donde el 76.1% de los peruanos "despide" al exministro del Interior, discrepando con su "optimismo". Su reemplazante en el cargo ha debutado con un inusitado entusiasmo verbal.

"En pocos días avanzaremos lo que no se ha hecho en mucho tiempo"; "No vamos a permitir que sigan circulando estos benditos vehículos que están llenos de papeletas y choferes llenos de papeletas, que siguen como Pedro en su casa"; "Voy a cerrar San Jacinto", son algunas de las expresiones del general EP ® Daniel Urresti, sexto titular de la Cartera del Interior y tercer militar en ocuparla en lo que va del Gobierno, que al parecer son preludio de un "activismo" operativo en la lucha contra la delincuencia, que por incoherente y sin metas claras, como remedio puede resultar peor que la enfermedad.

El nuevo titular del Interior debe mostrar mayor ponderación y humildad. La destrucción de dragas en Madre de Dios, su carta de presentación, no significa haber liquidado a los mineros ilegales y mucho menos avances en la formalización minera.

Los retos que le esperan al nuevo ministro son enormes. El crimen organizado y la delincuencia común articulada a ella tienen estas características: 1. Una estructura organizativa similar a consorcios empresariales de liderazgo centralizado, que inclusive opera desde las cárceles, pero también articulado internacional, nacional, regional y localmente; 2. Capacidad logística con armas, vehículos, escondites y facilidad para obtener información; 3. Las armas de fuego y explosivos que posee son utilizados, sin dudar, contra civiles y policías; 4. La ampliación de sus actividades se ha visto favorecida también por los efectos del Plan Colombia, que a través de la migración de organizaciones delictivas, provenientes de ese país, proporciona a los nacionales nuevos conocimientos en acciones vinculadas al narcotráfico, al lavado de activos; y, 5. Participación delictiva articulada en la minería ilegal, en la trata de personas, en el contrabando, en la extorsión a empresarios, a pequeños comerciantes, bodegueros o asociaciones de taxistas, y en el sicariato.

Además, un aspecto concurrente que afecta a la seguridad y actividad económica, especialmente en el interior del país, radica en la evidente asociación de ciertos gobiernos regionales y locales con la corrupción (19 de los 25 presidentes regionales enfrentan investigaciones fiscales o procesos judiciales por corrupción) y el crimen organizado, siendo probable incluso que candidatos corruptos participen en las elecciones de octubre, sin que el JNE pueda detectarlos.

Enfrentar estos flagelos requiere, entre otros aspectos, solucionar los problemas presupuestales en la implementación de la Ley de Crimen Organizado; fortalecer a la PNP, modernizándola con una gestión que tenga altos niveles de confianza de la ciudadanía (no con "podas" institucionales ni burocratizando la estructura y funcionamiento policial como sucede actualmente); y potenciar la investigación e inteligencia policial, pero más la prevención policial, acompañada de políticas multisectoriales que a la vez potencien la prevención social.

Ojalá que el Gobierno y su nuevo ministro del Interior recapaciten por el bien de los peruanos.

Artículo publicado en Diario Correo, viernes 27 de Junio del 2014.