SEGURIDAD CIUDADANA: ¿QUÉ HACER?

Viernes 28 de Noviembre, Diario La Industria de Trujillo

Hemos señalado en artículos anteriores que la Seguridad Ciudadana, concebida como una política de Estado eficaz, requiere precisar su problemática estructural de los aspectos concurrentes que corresponden a cada gobierno y los efectos que generan.

Consideramos los siguientes aspectos estructurales: 1. Crisis familiar; 2. informalidad económica; 3. Corrupción; 4. Precariedad educativa; 5. Precariedad institucional de los operadores de justicia; 6. Incremento delincuencial; 7. Cultura confrontacional; 8. Factores sicológicos, entre otros.

En otras palabras, el Perú vive un clima social convulsionado por las recurrentes demandas locales, el alto nivel de violencia familiar, el sistema penitenciario colapsado, la carencia de recursos en la administración de justicia, el crimen organizado; situación que se agravó con la implementación de un Código Procesal Penal excesivamente garantista que no ha sido corregido.

En cuanto a los aspectos concurrentes que corresponden a la gestión de este Gobierno, recordemos que el presidente de la República ofreció liderar la lucha contra la inseguridad ciudadana, de hecho, fue una de sus banderas de campaña. Pero el balance de sus casi cuatro años de gobierno son seis ministros del Interior y, no obstante el activismo” mediático” del actual titular de esta cartera, los índices de victimización, delincuencia y crimen organizado siguen incrementándose.

El Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014 (Seguridad Ciudadana-PNUD-ONU), con datos recogidos en 2012, coloca al Perú en un preocupante primer lugar respecto a la percepción de inseguridad en el barrio (50%) y en victimización directa. Por eso, no debe extrañar que el 67% de la ciudadanía repruebe la gestión de Humala y 46% identifique la inseguridad como uno de los principales problemas del país (Fuente: Encuesta Ipsos).

El incremento de los índices sobre inseguridad tiene su explicación en los errores cometidos por el Gobierno como: 1. El descabezamiento de la PNP con el pase al retiro de 29 generales, lo que afectó la cadena de mando y la especialización; 2. Con la poda institucional se pasó al retiro a oficiales capacitados en Scotland Yard y el FBI, por eso hay menos equipos en la Dirección de Investigación Criminal de la PNP; 3. Se adoptó una estructura organizativa militarizada para la PNP (generales en Macro-regiones y coroneles mandando a coroneles en las regiones); y, 4. Burocratización operativa de la institución (18 direcciones ejecutivas, administrativas y operativas policiales).

Debemos agregar que el “activismo” mediático y la utilización política de la PNP por parte del ministro Urresti, le ha llevado a tomar decisiones negativas para la institución policial, como la desactivación de 30 equipos de control policial que se dedicaban a realizar visitas inopinadas a las comisarías y control de los servicios en las calles; la disminución del tiempo de formación policial a un año e, incluso, cinco meses; la creación de direcciones policiales al paso y de acuerdo a la coyuntura cuando la actual ley del PNP establece ocho direcciones ejecutivas administrativas y 8 operativas policiales.

Recientemente, los cuestionamientos sobre la falta de experiencia y preparación del grupo de “elite” Terna para enfrentar a los delincuentes, solo confirman el resquebrajamiento de la institución policial.

                                                                                                          

No podemos esperar al cambio de gobierno para revertir el actual estado de cosas, necesitamos enfrentar el crecimiento de la criminalidad. Para tal efecto, sugerimos: 1.  Solucionar los problemas presupuestales en la implementación de la Ley de Crimen Organizado; 2. Reducir la carga procesal con más Juzgados y Salas Penales y magistrados calificados;  3.  Crear más fiscalías especializadas contra el crimen organizado; 3. Fortalecer a la PNP; 4. Potenciar la investigación e inteligencia policial; 5. Coordinar con los gobiernos regionales y locales la emisión de ordenanzas orientadas a la tranquilidad; 6. Reformar el sistema penitenciario; e  7. Implementar una plataforma tecnológica de alerta temprana a nivel nacional que recoja información de ocurrencias sobre crimen organizado, orden de capturas, entrada y salida de extranjeros, ficha  de delincuentes, organizaciones criminales, modus operandi, detenidos, reos sentenciados y procesados

Nueva biblia estratégica del Sendero VRAEM

Diversas reacciones, desde el escepticismo hasta el alarmismo, ha suscitado el documento de 28 páginas titulado “Estrategia y táctica del Partido para combatir y derrotar la ‘Estrategia integral o estrategia global’ del enemigo”, presumiblemente elaborado por uno de los hermanos Quispe Palomino, el camarada “Raúl”.

Los jóvenes de hoy ven muy lejanos los hechos sangrientos protagonizados por Sendero Luminoso y el MRTA durante la década del 80 y hasta 1992, lo que constituyó el periodo de violencia más prolongado de toda la historia de la República. 

La captura de "Artemio", jefe del Comité Central del Alto Huallaga y último integrante de la Dirección Nacional en esa zona en 2012, y las muertes de “Alipio” y “Gabriel” en el VRAEM en agosto de 2013, indujo a que algunos analistas señalaran que el fenómeno subversivo ya no constituía mayor peligro para el Perú, pues desde la captura de Guzmán en 1992, los remanentes senderistas del Alto Huallaga y del VRAEM han mutado a ser "pymes" o "guachimanes" del narcotráfico.

Sin embargo, después de meses de relativa tranquilidad, solo en octubre se han producido tres graves acciones subversivas en el VRAEM: 1. Día 3, emboscada en Ayna a una caravana policial en la que murieron dos policías; 2. Día 13,Centabamba, en la que murió un militar y resultaron heridas cinco personas; 3.Día 28, ataque terrorista a un helicóptero MI-17 en Paquichari. 

En estos meses de repliegue,según el documento presuntamente elaborado por el camarada “Raúl”, los terroristas se enfocaron a evaluar sus debilidades operativas, especialmente en el ámbito de la comunicación e inteligencia.

En el documento además de reafirmar sus críticas a Guzmán, pretenden superar a Lenin y a Mao TseTung; proponen aniquilamientos selectivos contra dirigentes de MOVADEF y conocidos analistas políticos; deslindan contra el narcotráfico, anuncian atentados contra proyectos energéticos como el de Camisea; y rechazan el uso de la tecnología (celulares) por motivos de seguridad. En ese orden de ideas, cabe preguntarnos si Sendero VRAEM se encuentra en condiciones de materializar sus objetivos a nivel nacional. La respuesta, por ahora, es negativa. No obstante se debe reconocer que su mensaje puede tener influencia en  algunas zonas.

El documento no revela que los Quispe Palomino tengan vínculos con el MOVADEF, pero ¿eso convierte a estos últimos en inofensivos? o ¿no será impedimento para que sus contradicciones de hoy se resuelvan en el futuro bajo la égida marxista leninista maoísta de la toma del poder por medio de la violencia?

Veamos, no debe subestimarse la capacidad ideológica de los difusores del llamado Pensamiento Gonzalo, que si bien no se orientan por el momento al impulso de la "lucha armada", si están enfocando sus esfuerzos en la “instalación” de lineamientos políticos y programáticos a través del MOVADEF, organización que se mueve con eficacia en la sociedad (universidades, magisterio, sindicatos, etc).

Conclusión: mientras que la facción de los hermanos Quispe Palomino puede ser vencida en el corto y mediano plazo; la actividad proselitista del MOVADEF, por ahora pacífica y sin transgredir la legalidad vigente, es de largo plazo; por lo tanto, es potencialmente más peligrosa.

¿El INEI "maquilla" la inseguridad ciudadana?

El año 2011, en el Congreso de la República impulsamos con mucho entusiasmo la creación del Consejo Nacional de Política Criminal (Proyecto N° 082-2011-CR), con la finalidad de analizar el fenómeno social del delito y coadyuvar a la aprobación de medidas concertadas para combatirlo. Esto quedó plasmado en la Ley N° 29807.

Es al amparo de esta norma y su reglamento, que se conforma el Comité Estadístico Institucional de la Criminalidad (CEIC), integrado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Inpe.
La entidad encargada de consolidar esta información obviamente es el INEI. Lamentablemente, su trabajo genera dudas, tal como veremos más adelante.
En efecto, mientras se incrementa la delincuencia común, el crimen organizado, el sicariato, los secuestros, las extorsiones y la falta de seguridad, en mayo de este año el mencionado Comité, con información procesada por el INEI, anunciaba que la cifra oficial de homicidios en el Perú correspondiente al año 2012 representó una tasa de 6.5 por cada 100,000 habitantes.
Con respecto al año 2013, siempre con data procesada por el INEI, el Comité Estadístico Interinstitucional (CEIC) acaba de informar que el Perú tuvo una tasa de homicidios de 6.61 por cada 100,000 habitantes, ligeramente mayor al año 2012 (6.53). Claro, siempre de acuerdo con el nuevo índice, pues anteriormente los homicidios registrados en dicho periodo por la PNP y el Ministerio Público eran 9.4 y 24.1, respectivamente.
¿Podemos tener confianza en la información que ahora nos proporciona el Instituto Nacional de Estadística e Informática con respecto a la inseguridad ciudadana? La respuesta es negativa.
No se lucha contra la criminalidad falseando la realidad. Y eso es precisamente lo que parece hacer el INEI con sus estadísticas sobre seguridad ciudadana. Un contundente ejemplo al respecto lo tenemos en sus boletines semestrales sobre victimización en la población mayor de 15 años. Realmente es una vergüenza. En el boletín semestral correspondiente al periodo abril-setiembre del 2013, el INEI informa que la cifra de VICTIMIZACIÓN es de 39.3. Sin embargo, en el siguiente boletín semestral correspondiente al periodo octubre 2013-marzo 2014, vuelve a citar la VICTIMIZACIÓN de abril-setiembre 2013, pero en esta oportunidad con otra cifra: 36.2. Es decir, el INEI, en sus dos boletines semestrales para un mismo periodo, ha modificado sus cifras, por supuesto hacia abajo (-3.1). ¿Cómo se llama a esto? MAQUILLAJE ESTADÍSTICO. Aquí no hay error, hay una grosera manipulación de cifras.
Por supuesto que debemos apoyar la unificación de datos en las instituciones del Estado sobre la evolución de los delitos y de la victimización, pues solo con buena información se puede enfrentar a la delincuencia común y al crimen organizado, pero hay que hacerlo con la verdad. No se puede falsear la realidad, como parece hacerlo el INEI. 

"The Justices don't read the newspapers!" y el Movadef

El 9 de abril de este año, el presidente Humala anunció desde Canadá un golpe devastador contra el terrorismo con la detención de 24 personas. Cuatro meses después, el Colegiado "F" de la Sala Penal Nacional del Poder Judicial ordenó liberar a los detenidos, lo que motivó un bullying por parte del Presidente de la República, el procurador antiterrorista y diversos medios de comunicación, que derivó en la "destitución" de estos magistrados por parte del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que no ha tomado en cuenta que "no puede removerse a los jueces sin los informes previos de la Ocma o de una sala superior", como ha recordado el presidente del CNM.

Resulta muy complicado ser juez en un país en proceso de consolidación institucional-republicana. Esto explica cómo estos jueces, que habían sido homenajeados días antes por el propio presidente de Poder Judicial, pasaron, luego de conocerse su resolución, a la condición de parias judiciales. Una lástima.

Los jueces deben ser sancionados si es que delinquen y cometen actos de corrupción, pero este no es el caso. Ellos han sido castigados con una remoción por el contenido de su resolución, y eso es inaudito. En las democracias desarrolladas, los tribunales emiten sentencias impopulares, y los ciudadanos y los altos funcionarios pueden discrepar de ellas, pero jamás se les ocurriría insultar, desafiar o coaccionar a los jueces.

Por eso, como nos lo recuerda un destacado miembro del Tribunal Constitucional, la frase preferida en la Corte Suprema de EE.UU. es "the Justices don't read the newspapers!" (¡Los jueces no leen los periódicos!). Resulta indispensable que nuestra judicatura actúe con ese estándar de independencia.

Mientras cargamos la responsabilidad en los jueces, hay que preguntarnos si en el operativo "Perseo", que permitió la captura de la cúpula del Movadef, el Ministerio Público y la Procuraduría hicieron bien su trabajo. Todo indica que no. César Nakazaki, a quien no se le podría acusar de filosenderista, ha señalado que "el colegiado F decidió cesar la prisión preventiva porque la Fiscalía no demostró la existencia de los presupuestos indispensables para privar de la libertad al imputado: Prueba suficiente y peligro procesal. (...) Al pedir prisión preventiva, la Fiscalía debió probar que el Movadef es un órgano de Sendero Luminoso (SL) (...) para realizar acciones terroristas previstas en la ley; cometer delitos, como el asesinato, para producir terror en la sociedad. Siquiera tuvo que demostrar que el Movadef fue parecido a Socorro Popular, órgano de apoyo de SL para que este realice terrorismo".

En pocas palabras, la Fiscalía debió probar que el Movadef es financiado por la subversión y el narcotráfico y que recibió dinero para perpetrar acciones terroristas; en eso consiste el delito de Financiamiento del Terrorismo, de cuya ley soy autor.

La sociedad peruana y sus instituciones deben prepararse de manera concertada y multisectorial, para enfrentar en el ámbito educativo, legal y político a organizaciones neosenderistas como el Movadef u otras que profesen ideologías criminales.

Es justamente en esos ámbitos que el trabajo a largo plazo del neosenderismo se está realizando con relativo éxito. Y esto debemos enfrentarlo con educación, con legalidad eficaz y con política activa.

Ministerio del Interior: no hay dinero para implementar ley de Crimen Organizado

Congresista Octavio Salazar exige al MEF destinar partida presupuestal para acabar con índices delictivos.

Parlamentario pide públicamente a premier Ana Jara aclarar doble discurso del Gobierno en lucha contra la criminalidad.

A través del Oficio N° 1362-2014 el ministro del Interior, Daniel Urresti, informó al congresista Octavio Salazar Miranda que su cartera no dispone del presupuesto necesario para implementar la Ley de Crimen Organizado, que entró en vigencia el 1 de julio pasado luego de un año de suspensión.

En julio, luego de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informara que no destinaría partidas presupuestales adicionales para la implementación de la normativa, el legislador solicitó formalmente al sector Interior que le precise si contaba con los recursos necesarios para garantizar la ejecución de ley que busca frenar los índices de delincuencia que se registran a diario en el país.

El documento en referencia precisa que: “La PNP solamente cuenta con recursos mínimos e indispensables para cumplir con sus gastos prioritarios que demanda su función, en lo que respecta a recursos asignados para la implementación de la ley, no se cuenta con crédito presupuestario alguno adicionales al Presupuesto Institucional, se ha solicitado una demanda adicional de S/. 11’805,817 nuevos soles”.

Asimismo, el oficio recalca además la preocupación de los operadores encargados de implementar la ley por la falta de asignación de recursos presupuestales que respalden el trabajo y la labor de la Policía Nacional del Perú. “(La labor de la PNP) está supeditada a la transferencia de créditos presupuestarios que efectué el Ministerio de Economía y Finanzas al tener en consideración la Cuarta Disposición Complementaria de esta ley, que su aplicación será financiada con cargo al presupuesto institucional de cada entidad involucrada sin demandar recursos adicionales al tesoro público”.

Sobre el particular, el congresista Octavio Salazar exige al Gobierno central y al MEF a cumplir con la entrega de las partidas presupuestales requeridas por las instituciones vinculadas a la normativa: Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional.

“Hemos recibido la misma respuesta de los otros operadores relacionados con la ejecución de la Ley de Crimen Organizado: No existe partida presupuestal y por tanto están atados de manos. Considero que el Gobierno está revelando un doble discurso pues mientras que por un lado afirma que ha intensificado la lucha contra la delincuencia y crimen organizado, por otro lado le cierra el caño a las instituciones encargadas de lidiar con esta problemática”, precisó el legislador.

“Espero que en su discurso ante el Congreso de la República, la premier Ana Jara explique este tema y aclare este doble discurso que solo contribuye con quienes actúan fuera de la ley”, añadió.

(Oficio enviado por el ministro Daniel Urresti adjuntando carta de la Policía Nacional donde indica que no hay recursos para implementar Ley de Crimen Organizado)

Crimen Organizado: los contradictorios mensajes del Gobierno

Uno de los grandes ausentes en el mensaje presidencial por Fiestas Patrias fue la problemática del crimen organizado, cuya ley entró en vigencia el 1 de Julio. Preocupado por la situación de las entidades responsables de aplicar esta ley, pregunté el 27 de junio al Poder Judicial y al Ministerio Público si tienen los recursos necesarios para implementar la ley, la respuesta remitida a mi despacho ha aclarado el por qué la ausencia de este tema en el mensaje del presidente Humala.

Mediante oficio Nº 3701-2014-P-PJ el presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza me ha informado que actualmente la judicatura no cuenta con el presupuesto necesario, razón por la cual ha solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas una ampliación extraordinaria de su presupuesto de S/. 43 millones para este año. 

“La adecuada implementación de la Ley Nº 30077 – Ley contra el Crimen Organizado pasa  necesariamente por la aprobación de recursos complementarios, así como por la exoneración a las restricciones  previstas para el ingreso de nuevo personal, y para la contratación de bienes y servicios por parte del MEF”. En respuesta a este requerimiento, el MEF sólo le otorgará al Poder Judicial 21 millones de soles, partida considerada insuficiente por Mendoza.

Pero este no sólo es el caso del Poder Judicial pues similar situación se presenta en el Ministerio Público pues el fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia me ha informado que no cuentan con la partida necesaria para la creación de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada.

Ante esta preocupante realidad me pregunto: ¿quiere en verdad el Gobierno hacerle frente al crimen organizado? Por estas evidencias yo creo que no.

1. Respuesta del Poder Judicial

2. Respuesta del Ministerio Público

¿Y después del sexto gabinete qué?

26 de Julio de 2014

El primer gabinete ministerial, liderado por Salomón Lerner, se denominó el gabinete de la inclusión social; el encabezado por Óscar Valdés, como el gabinete del Orden; el de Juan Jiménez Mayor, como el gabinete del diálogo. Los encabezados por César Villanueva y René Cornejo, más allá de sus perfiles personales y políticos, serán conocidos como los gabinetes "breves".

Ahora entramos al cuarto año de gobierno con un sexto gabinete y previo al mensaje presidencial de fiestas patrias, que afronta problemas muy serios, especialmente en lo económico; en lo concerniente a la seguridad ciudadana; y en el ámbito político.

Con respecto al crecimiento de la economía, en mayo del 2013 el ministro Castilla, luego de los primeros signos de enfriamiento, afirmó que no se afectarían las proyecciones anuales del PBI (6,2%) ni de la inflación (2%). ¿Tuvo razón? No, el crecimiento fue menor y la inflación mayor.

Con relación a las predicciones sobre el crecimiento económico de nuestro PBI para el 2014, inicialmente el MEF, el BCR y diversas consultoras pronosticaban un crecimiento de 6% e incluso más. Luego del crecimiento en enero de 4.2%, el BCR y el MEF bajaron su proyección a 5.7% y 5.5%, respectivamente. Posteriormente, el INEI informó que la economía peruana creció en abril apenas 2.01%, su menor ritmo mensual en casi cinco años y debajo de las expectativas del mercado, que esperaban un 2.85%.

Por eso no sorprendió que el BCR volviera a recortar el estimado de crecimiento económico para este año desde un 5.5% a 4.4%.

El Gobierno acaba de anunciar nuevas medidas reactivadoras, adicionales a las aprobadas recientemente en el Parlamento, las que serán dadas a conocer el 28 de julio. ¿Será suficiente? Veremos. No hay que olvidar que en el primer trimestre la inversión privada aumentó apenas 1.6%.

Con respecto al crecimiento de la delincuencia y la inseguridad, no cabe duda de que ha sido el talón de Aquiles del Gobierno, siendo el reclamo más recurrente de los ciudadanos. En un artículo anterior señalé que diversos sondeos de opinión revelaban esta preocupación. "En julio del 2013, Ipsos formuló esta pregunta: ¿Qué ha sido lo peor del segundo año de gobierno de Ollanta Humala? El 59% de los encuestados señaló a la delincuencia y la falta de seguridad. En diciembre de ese año, la encuesta nacional urbana de GFK reveló que el 62% de los peruanos consideraba como aspecto negativo de la gestión del Gobierno el no combatir a la delincuencia. El mismo mes, la encuesta de Opinión Pública Datum Internacional

difundió la nota promedio (del 0 al 20) sobre diversos aspectos de la gestión gubernamental, la cual arrojó respecto a las acciones de seguridad ciudadana y lucha contra el narcotráfico la nota desaprobatoria de 08", escribí.

Entidades como Ciudad Nuestra y Latinobarómetro revelan que la victimización por hogares se incrementó en 42.2% el año 2011; y en 43.2% el año 2012, mientras el año 2010 era 29%. Asimismo, en el Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014 (Seguridad Ciudadana-PNUD-ONU), con respecto a la percepción de la inseguridad y victimización en América Latina correspondiente al año 2012, coloca al Perú en un preocupante primer lugar con respecto a la percepción de inseguridad en el barrio (50%) y victimización directa (28.1).

El entusiasta "activismo" del actual ministro del Interior en modo alguno puede constituir la solución al crecimiento sostenido de la delincuencia y crimen organizado, cuyo liderazgo, además, resulta afectado por una investigación en sede judicial y fiscal debido a una presunta violación de derechos humanos.

Finalmente, en el ámbito político, entramos al cuarto año de gobierno y último de gestión efectiva, pues el 2016 es eminentemente electoral, precedido por recurrentes crisis gubernamentales generadas en el Gobierno, pero con una participación activa de la Primera Dama. Ella propició la caída del cuarto presidente del Consejo de Ministros; casi propicia que no se otorgue el voto de investidura al quinto gabinete; y acaba de provocar la renuncia de seis parlamentarios a la bancada oficialista en el Congreso.

¿Qué hay detrás de este estilo aparentemente autodestructivo de hacer política por la parte de la pareja presidencial? ¿Se puede enfrentar la desaceleración de la economía cuando la gobernabilidad se ve torpedeada sistemáticamente desde el propio gobierno?

Seguridad Ciudadana: menos promesas, más eficiencia

De los recientes cambios ministeriales, el que más atención concita, no cabe duda, es el correspondiente al sector Interior.
 

Al respecto, los principales sondeos de opinión revelan datos muy preocupantes. En julio de 2013, Ipsos formuló esta pregunta: ¿Qué ha sido lo peor del segundo año de gobierno de Ollanta Humala? El 59% de los encuestados señaló a la delincuencia y la falta de seguridad. En diciembre de ese año, la encuesta nacional urbana de GFK reveló que el 62% de los peruanos consideraba como aspecto negativo de la gestión del Gobierno el no combatir a la delincuencia. El mismo mes, la encuesta de Opinión Pública Datum Internacional difundió la nota promedio (del 0 al 20) sobre diversos aspectos de la gestión gubernamental, la cual arrojó respecto a las acciones de seguridad ciudadana y lucha contra el narcotráfico la nota desaprobatoria de 08.

Al respecto, el quinto ministro saliente, Walter Albán, señaló reiteradamente que se estaba controlando el aumento de la criminalidad; sin embargo, los ciudadanos no piensan lo mismo, tal como lo revela la reciente encuesta nacional urbana de CPI, difundida el 19 de junio de este año, donde el 76.1% de los peruanos "despide" al exministro del Interior, discrepando con su "optimismo". Su reemplazante en el cargo ha debutado con un inusitado entusiasmo verbal.

"En pocos días avanzaremos lo que no se ha hecho en mucho tiempo"; "No vamos a permitir que sigan circulando estos benditos vehículos que están llenos de papeletas y choferes llenos de papeletas, que siguen como Pedro en su casa"; "Voy a cerrar San Jacinto", son algunas de las expresiones del general EP ® Daniel Urresti, sexto titular de la Cartera del Interior y tercer militar en ocuparla en lo que va del Gobierno, que al parecer son preludio de un "activismo" operativo en la lucha contra la delincuencia, que por incoherente y sin metas claras, como remedio puede resultar peor que la enfermedad.

El nuevo titular del Interior debe mostrar mayor ponderación y humildad. La destrucción de dragas en Madre de Dios, su carta de presentación, no significa haber liquidado a los mineros ilegales y mucho menos avances en la formalización minera.

Los retos que le esperan al nuevo ministro son enormes. El crimen organizado y la delincuencia común articulada a ella tienen estas características: 1. Una estructura organizativa similar a consorcios empresariales de liderazgo centralizado, que inclusive opera desde las cárceles, pero también articulado internacional, nacional, regional y localmente; 2. Capacidad logística con armas, vehículos, escondites y facilidad para obtener información; 3. Las armas de fuego y explosivos que posee son utilizados, sin dudar, contra civiles y policías; 4. La ampliación de sus actividades se ha visto favorecida también por los efectos del Plan Colombia, que a través de la migración de organizaciones delictivas, provenientes de ese país, proporciona a los nacionales nuevos conocimientos en acciones vinculadas al narcotráfico, al lavado de activos; y, 5. Participación delictiva articulada en la minería ilegal, en la trata de personas, en el contrabando, en la extorsión a empresarios, a pequeños comerciantes, bodegueros o asociaciones de taxistas, y en el sicariato.

Además, un aspecto concurrente que afecta a la seguridad y actividad económica, especialmente en el interior del país, radica en la evidente asociación de ciertos gobiernos regionales y locales con la corrupción (19 de los 25 presidentes regionales enfrentan investigaciones fiscales o procesos judiciales por corrupción) y el crimen organizado, siendo probable incluso que candidatos corruptos participen en las elecciones de octubre, sin que el JNE pueda detectarlos.

Enfrentar estos flagelos requiere, entre otros aspectos, solucionar los problemas presupuestales en la implementación de la Ley de Crimen Organizado; fortalecer a la PNP, modernizándola con una gestión que tenga altos niveles de confianza de la ciudadanía (no con "podas" institucionales ni burocratizando la estructura y funcionamiento policial como sucede actualmente); y potenciar la investigación e inteligencia policial, pero más la prevención policial, acompañada de políticas multisectoriales que a la vez potencien la prevención social.

Ojalá que el Gobierno y su nuevo ministro del Interior recapaciten por el bien de los peruanos.

Artículo publicado en Diario Correo, viernes 27 de Junio del 2014.



¿Más delincuencia, menos homicidios?

El presidente Ollanta Humala al iniciar su gobierno ofreció combatir la inseguridad ciudadana; sin embargo, entrando a la mitad de su mandato, entidades como Ciudad Nuestra y Latinobarómetro revelan que la victimización por hogares se incrementó en 42.2% el año 2011; y en 43.2% el año 2012, mientras el año 2010 era 29%.

Asimismo, en el Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014 (Seguridad Ciudadana-PNUD-ONU), respecto a la percepción de la inseguridad y victimización en América Latina correspondiente al año 2012, coloca al Perú en un preocupante primer lugar respecto a la percepción de inseguridad en el barrio (50%) y victimización directa (28.1). Sin embargo, mientras se incrementa la delincuencia común, el crimen organizado, el sicariato, los secuestros, las extorsiones y la falta de seguridad, el Ministerio de Justicia acaba de informar que la cifra oficial de homicidios en el Perú correspondiente al año 2012, representa una tasa de 6.5 por cada 100,000 habitantes.

Si ya se cuestionaba que la tasa de 9.40, registrada por la PNP, era muy "optimista" respecto a las alarmantes cifras del Ministerio Público del año 2011 (24.1), la del MINJUS de 6.5 resulta ser "nubenáutica". Recapitulemos, en los últimos años, las tasas de homicidios dolosos reportadas por la PNP, que aparecen en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018, fueron las siguientes: 10.2 muertes por cada cien mil habitantes para 2009; 9.2 para 2010; 9.5 para el 2011 y 9.6 para el 2012, en tanto el Ministerio Público registró una tendencia ascendente, teniendo un aumento muy significativo para el 2011 (14 por cada cien mil habitantes para el 2009; 18.6 para el 2010 y 24.1 para el 2011).

Ante la controversia en la data de homicidios, el Ministerio Público desarrolló un conjunto de acciones con la finalidad de identificar las razones de tales diferencias, constituyendo para tal efecto una comisión que concluyó con un resultado sorprendente: 6.4 homicidios por cada 100,000 habitantes para el año 2012 (una reducción significativa respecto al año anterior).

Pero, eso no es todo, el Ministerio Público sostiene, como argumento para justificar su "sinceramiento", que en la elaboración de las cifras proporcionadas para los años 2011 y anteriores, "no se llevó a cabo un seguimiento estadístico que permitiera informar si la muerte se debió, efectivamente, a un acto delictivo doloso o tuvo una causa distinta (accidente de tránsito, muerte natural, suicidio, etc.)". Vale decir, la nueva "data" no puede ser comparada con las anteriores.

Paralelamente, el Consejo Nacional de Política Criminal (Conapoc) constituyó el año 2013 un comité estadístico, a cargo del INEI, para, entre otros aspectos, determinar el número oficial de homicidios en el país, que para el año 2012 es 6.5% (casi similar a la del Ministerio Público). Lamentablemente la metodología utilizada tampoco inspira confianza.

Los homicidios constituyen la forma más extrema de violencia en una sociedad, que se ejerce de manera intencional para quitar la vida a otra persona, por lo tanto, las instituciones estatales deben abordarla necesariamente con sinceridad para enfrentarla con eficacia. Todo indica, sin embargo, que estamos ante un "maquillaje estadístico" del MINJUS y del INEI.

Si el objetivo del gobierno, para demostrar que ha logrado resultados positivos contra la criminalidad, se sustenta en abrumar a la opinión pública con cifras reñidas en esencia con la verdad, pues no le servirá. La "estadística" de la vida diaria del ciudadano se encargará de desmentirlo en las urnas el 2016.

¿La no-reelección es la solución?

El JNE y la ONPE han señalado en un comunicado conjunto que la violencia podría incrementarse debido a los comicios municipales y regionales de octubre. Ambos organismos electorales advierten que "esta no es una situación nueva. En diversas localidades del país se han producido durante los últimos años hechos de violencia, amenaza y acoso político que afectan la vida, la salud, la integridad física y las libertades y derechos de autoridades, dirigentes políticos y líderes de opinión". Les preocupa, como a todos los peruanos, la penetración del crimen organizado (proveniente del narcotráfico, de la minería ilegal, del contrabando, del sicariato, de la extorsión, etc.) dentro del mencionado escenario político electoral.

En el contexto descrito, se ha propuesto enfrentar el uso corrupto del poder y de los recursos públicos en los gobiernos regionales y locales, prohibiendo la reelección de los presidentes regionales y de los alcaldes a partir del 2018. Aunque, siendo el porcentaje de autoridades reelectas, especialmente en el ámbito regional, minoritario, su prohibición no constituye necesariamente una solución a los problemas descritos. Se debe transitar más bien por reformas institucionales e integrales.

Al respecto, Carlos Meléndez ("La Soledad de la Política") considera que desde finales de la primera década del siglo XXI el Perú está experimentando un nuevo ciclo de transformaciones, señalando con acierto que "estos cambios profundos se deben a la confluencia de tres factores distintos que van desde transformaciones económicas estructurales (la presencia intensiva y extensiva de capitales en zonas rurales del sur; la amplitud de la brecha de desigualdad dada la agudeza del crecimiento económico), reformas institucionales(descentralización política, reformas participativas y activación política a nivel local) a rezagos históricos institucionales (dificultad del asentamiento estatal). Estos factores estructurales confluyen en un contexto con partidos políticos nacionales muy debilitados, sin enraizamiento en la sociedad, donde los actores políticos (básicamente operadores o political brokers) tienen dificultades para intermediar las demandas resultantes de las nuevas tensiones sociales...".

Sobre las reformas institucionales acotadas, cabe señalar que con la dación del Decreto legislativo 776 en 1994, se otorgó un mayor sustento económico a las municipalidades y se cambió la distribución del fondo de compensación municipal-FONCOMÚN. Asimismo, el año 2002 se crearon los gobiernos regionales (aunque de circunscripción departamental) con administración de sus presupuestos. Ambas reformas contribuyeron a incentivar la conformación de proyectos políticos en el ámbito municipal y regional al margen de las propuestas partidarias nacionales.

En tal sentido, los siguientes datos son reveladores: a nivel regional, de 25 gobiernos regionales, el año 2002, los partidos nacionales ganaron en 14; el 2006, en 4; y el 2010, también en 4, mientras las listas regionales ganaron 11, en el año 2002, y 21 tanto en el 2006 como en el 2010. A nivel de municipios provinciales, el año 2002 los partidos nacionales ganaron 108; en el 2006, 106; y en el 2010, apenas 77, las listas regionales obtuvieron 32 municipios provinciales el año 2002; 74, el 2006; y 112, el 2010, en tanto las listas provinciales ganaron 54 el año 2002; 15, el año 2006; y 6 el año 2010. A nivel de los 1605 municipios distritales donde hubieron elecciones el año 2010, la dispersión es mayor, pero no tan desfavorable a los partidos nacionales, los cuales ganaron en 693 distritos, pero las listas regionales triunfaron en 845 (el 2006, lo hicieron en 462 distritos y el 2002 en 200).

Resulta evidente que los movimientos regionales, con mayores recursos y poder, crecen electoralmente respecto a los partidos nacionales y listas locales provinciales, aunque carentes de institucionalidad democrática y sin una supervisión eficaz.

No se trata entonces de solucionar los problemas regionales y locales con leyes reactivas ni con decisiones coyunturales y reversibles (acciones de control, fiscalización política, supervisión electoral, administración de justicia, etc.). Se trata de que los poderes del Estado, los organismos electorales y de control, funcionen.

Manual para destruir un país

En el 2005 salió a la luz una carta que le habría mandado el dictador Fidel Castro al difunto ex presidente de Venezuela Hugo Chávez. En ella Castro detalla paso a paso como llegar al poder e instaurar una dictadura... ¿Algún parecido con la realidad?

Carta de Fidel Castro a Hugo Chávez

Sabemos, Hugo, que para lograr acabar con el imperialismo yanqui, tenemos qué hacer las cosas bien. Los árabes ya están listos; Lula está trabajando en Brasil, y las FARC las has animado tú. El pueblo del poder está muy cerca; los pobres son mayoría y tienen poca memoria; inyéctales desesperanza y acusa al pasado, a la democracia, de todos los males; mantente en línea permanente, con tu pueblo; identifícate con ellos; tu verbo es simple; eso les llega muy bien, pues, tiene la salsa que hace falta; emociónalos, tómalos en cuenta, aprende a manejar la IGNORANCIA; el verbo debe ser encendido, de autoridad y poder.

No te preocupes por los ricos y la clase media; no son más que tu 80% de pobres lo que necesitas. Los ricos salen corriendo, si les haces buuuuuu... A los católicos les encantan las menciones de la Biblia o de Cristo; los católicos, que son la mayoría en Venezuela, no hacen nada con rezar, sin acciones que no van a llegar a ninguna parte;son unos bobalicones; mientras la iglesia esté dormida, aprovecha; cuando decidan moverse, ya estarás instalado. Recuerda que la iglesia es guavinosa; sigue acusándola; los católicos sin liderazgo no son nadie, y ningún curita va a reaccionar; hay dos o tres que quieren reventar pero sus superiores los acorralan.

Si ves a algún sacerdote alebrestado, cómpralo, llámalo, gánatelo. Si el pueblo cristiano se te revela, ese será tu ultimo día, pero difícilmente vendrá. Los judíos, en Venezuela, no cuentan; los evangélicos son unos pobres pendejos, y las demás religiones, para qué nombrarlas.

Saca al Cristo, siempre habla en su nombre; recuerda que esto a mí me dio excelentes resultados; incluye banderas y a Simón Bolívar, cuando puedas; genera un nuevo nacionalismo; despierta el odio; divide a los venezolanos; esa etapa te da buenos dividendos; se eliminarán unos a otros; la violencia te ayudará también a instalarte más tarde a la fuerza; mientras tanto, háblales de democracia y de constitución.

Pide dinero y compra la fidelidad, mientras cumplan los objetivos; cuando logres lo quieres, si se oponen o te aconsejan, deséchalos; envíalos a las embajadas; dales dinero para que callen o sácales del país, para que la prensa no los utilice.

Los que se opongan, siémbrales delitos; eso los descalifica para siempre. Por todos los medios, mantén mayoría en la asamblea; mantén tu lado, como mínimo, a la fiscalía y al tribunal.

Compra a todos los militares, con ropa y equipo; a todos lo que tengan comandos, ponlos donde haya bastante dinero; CORRÓMPELOS, para lograr fidelidad; a unos de ellos ponlos en la petrolera, para que logres el control militar; en las guarniciones centrales, necesitas poner a tu gente; ofrece cursos para cambiar a los indecisos de los puestos clave. Si logras de 200 a 300 militares de alto rango, con comando de tropas, eres indestructible; si tienes dudas de algunos, ponlos a prueba; por ejemplo, con un golpe simulado; ahí salen todos los traidores y todos los fieles.

Es necesario controlar los medios de producción del Estado; a los comerciantes, les encanta el dinero; compra a los banqueros, a los grandes comerciantes, y a los grandes constructores dales contratos, trabajos y facilidades para esta primera etapa.

Para la segunda etapa, tienes qué haber formado comités de defensa de la revolución; llámalos bolivarianos; haz trabajo comunitario con ellos, para que se sientan agradecidos; págales para que sigan los lineamientos, las marchas, las concentraciones. De los comités, selecciona los más agresivos, para una fuerza de choque armada que puedas necesitar, si la cosa se pone difícil.

Controla la policía, destrúyela; ponla a tu disposición. En la segunda etapa, tienes qué profundizar la misión de la revolución; debes mencionar mucho la palabra revolución; eso emociona a los pobres.

Aquí tienes que fracturar a la unión de trabajadores y de empresarios que puedan hacer oposición; tienes qué lograr que los trabajadores estén afiliados a una central paralela; con dinero se logra; igualmente, tienes qué armar una central de empresarios paralela.
Ataca a los empresarios, acúsalos de hambreadores, fascistas y, particularmente, acúsalos de golpistas.Hazte el débil; la mente del hombre siempre se ubica en el más débil y en la justicia. Si no puedes comprarlos, cierra los medios de comunicación radial, impresos y las televisoras. Tu empresa de petróleo es la que produce el dinero del proyecto; crea una junta directiva revolucionaria; saca a los técnicos y acaba con esa llamada meritocracia; si tienes todo en esta etapa, puedes seguir a la tercera. 

En la tercera etapa, puedes violar la constitución, porque nadie te lo va a impedir; ordena allanamientos, siembra armas, drogas, dinero; acúsalos de espías o corruptos; desprestígialos; recoge a muchos periodistas, empresarios, líderes laborales; los demás escaparán del país o tomarán escarmiento.

Reestructura el gabinete; aquí puedes deshacerte de tus colaboradores;a unos, puedes premiarlos, y a otros, desecharlos pues, ya no hay 0posición; tienes qué poner camaradas; establece el estado de excepción; suspende las garantías; lanza el toque de queda; apúrate, mira que el pueblo se te está poniendo bravo; cierra todos los medios de comunicación; destituye alcaldes y gobernadores de la oposición; anuncia la reestructuración de todas las áreas del Estado y la elaboración de una nueva constitución; forma un consejo de gobierno con 500 miembros; en ese consejo asesor del gobierno estaré yo.

Hay qué fusilar a los opositores que no aprendan; esto es lo único que los silencia y es más económico; nunca dejes que se organicen y conozcan tus intenciones; seremos respetados nuevamente por el marxismo leninismo; Brasil, Ecuador, Venezuela y Cuba a pasos indestructibles; si veo que no tienes criadillas, recojo a toda mi gente; me la pueden matar los militares, cuando se te alcen; si no me haces caso, ve a ver qué haces.
¿Qué estás esperando, Hugo?

Seguridad Ciudadana: del escepticismo a la resignación

 

 

Las recientes declaraciones del ministro del Interior, Walter Albán, en la que asegura que no hay medidas a corto plazo para reducir los índices de delincuencia, evidencian que el Gobierno ha pasado del escepticismo a la resignación. Sino recordemos como en más de una ocasión funcionarios del gobierno de Ollanta Humala intentaron minimizar este problema. Wilfredo Pedraza sostuvo que la inseguridad en el país era “especialmente un tema de sensación”. A su turno, el ex premier Juan Jiménez declaraba en su última entrevista en el cargo que había una “histeria colectiva”. 

Ahora, Albán nos confiesa que “la criminalidad seguirá siendo alta”, es decir, las alarmantes cifras de extorsiones, sicariato y robos no tendrán variación. Lejos de buscar soluciones de un problema que necesita medidas inmediatas, se empeña en culpar al pasado de la actual situación de inseguridad. Sin embargo, Latinobarómetro Internacional revela que en el año 2010, la vicitimización en el Perú tuvo su nivel más bajo con 29% mientras que con el actual gobierno alcanzó 40% en el 2011 y, de acuerdo a la encuesta de Ciudad Nuestra, 43.2%  en el 2012.

Lamentablemente, las declaraciones del ministro del Interior dejan en la ciudadanía una sensación de desprotección, constituyendo un peligroso mensaje a la delincuencia: este gobierno no puede hacer nada para combatirlos. Y revelan que para este cargo su inexperiencia le está pasando factura.

Cabe señalar que los ministros de este gobierno que antecedieron a Walter Albán  cometieron graves errores como: 1. El pase al retiro de 30 Generales y 596 oficiales y suboficiales) que afectó la experiencia e idoneidad en la gestión de la PNP 2. Se adoptó una  estructura organizativa burocratizada para la PNP (Generales en Macroregiones y Coroneles mandando a Coroneles en las regiones); y 3. Burocratización operativa de la institución (18 Direcciones Ejecutivas, administrativas y operativas policiales).

Desde fines del 2011 han salido de la PNP 2,948 integrantes (Generales, Coroneles, Comandantes y Suboficiales), y  la solución de Albán  para acabar con la ineficiencia policial es depurar a  “miles de policías”. En una institución de 110 mil efectivos, esto solo agravará la situación.

El gobierno, primero, con su “reingeniería policial”; luego con la “reforma” legislativa para modernizar a la PNP; nos propone ahora con su último titular del interior la REFUNDACIÓN policial. ¿Estamos ante otro experimento fallido o el objetivo de siempre es el aniquilamiento de la institución?  ¿Qué pasará con la novísima y pregonada Ley de Carrera Policial aprobada en este gobierno donde se establecen las causales disciplinarias para ser dado de baja?  ¿Se garantizarán los derechos humanos y el debido proceso  de los policías en esta “depuración? ¿Existen alternativas integrales  de reforma en el gobierno que no se limiten a la poda policial?

 

 

 

 

¿Por qué avanzan el crimen organizado y la delincuencia?

Enfrentar el crimen organizado, la delincuencia común o el terrorismo, exige de un Estado democrático un equilibrio en el mantenimiento del orden público y el respeto a los derechos humanos. En otras palabras, debe mantener dos pilares en armonía funcional: de un lado la seguridad, la ley y el orden; y de otro, el respeto a las garantías. Si se inclina al primer pilar, devendría en un Estado policiaco; y si lo hace al segundo pilar, en una "anarquía" institucional, cómplice de la delincuencia.

El Perú no tiene los niveles que el crimen organizado y la delincuencia exhiben en países como Brasil, México o Venezuela, pero se ha incrementado peligrosamente en los últimos 30 meses.

Lamentablemente, los operadores designados por el gobierno para encarar estos flagelos son personas sin experiencia, mientras tanto el crimen organizado crece, infiltrándose y corrompiendo el sistema de justicia. Estas son sus características: 1. Estructura organizativa similar a consorcios empresariales de liderazgo centralizado, que inclusive opera desde las cárceles, pero también articulado internacional, nacional, regional y localmente; 2. Capacidad logística con armas, vehículos, escondites y facilidad para obtener información; 3. Las armas de fuego y explosivos que posee son utilizados, sin dudar, contra civiles y policías; 4. La ampliación de sus actividades se ha visto favorecida también por los resultados del Plan Colombia, que a través de la migración de organizaciones delictivas, provenientes de ese país, proporciona a los nacionales nuevos conocimientos en acciones vinculadas al narcotráfico (narcoavionetas aterrizan a diario en zonas como la margen izquierda del río Ene y el bajo Putumayo), al lavado de activos; y, 5. Participación delictiva articulada en la minería ilegal, en la trata de personas, en el contrabando, en la extorsión a empresarios, a pequeños comerciantes, bodegueros o asociaciones de taxistas y en el sicariato, que se ha convertido también en un instrumento delictivo para administrar "justicia" de facto.

Es verdad que el Congreso aprobó instrumentos legales para enfrentar al crimen organizado, no obstante, con menos beneficios penitenciarios, con más delincuentes en las cárceles, la delincuencia sigue en aumento y con más violencia.

No cabe duda que necesitamos enfrentar el crecimiento de la criminalidad. Para tal efecto, entre otros aspectos, se debe: 1. Solucionar los problemas presupuestales en la implementación de la Ley del Crimen Organizado; 2. Reducir la carga procesal con más juzgados y salas penales y magistrados calificados; 3. Crear más fiscalías especializadas contra el crimen organizado; 4. Fortalecer a la PNP, modernizándola con una gestión que tenga altos niveles de confianza de la ciudadanía (no con "podas" institucionales ni burocratizando la estructura y funcionamiento policial, como sucede actualmente); 5. Potenciar la investigación e inteligencia policial pero más la prevención policial, acompañada de políticas multisectoriales que a la vez potencien la prevención social; 6. Coordinar con los gobiernos regionales y locales la emisión de ordenanzas orientadas a la tranquilidad pública que tiendan a fortalecer, por ejemplo, operaciones integradas bajo la dirección policial para mejorar la vigilancia y prevenir los delitos y/o faltas contra los ciudadanos; 7. Reformar el sistema penitenciario (que vaya más allá de la instalación de bloqueadores electrónicos o construcción de establecimientos carcelarios); y 8. Implementar una plataforma tecnológica de alerta temprana a nivel nacional que recoja información de ocurrencias sobre crimen organizado, orden de capturas, entrada y salida de extranjeros, ficha de delincuentes, organizaciones criminales, modus operandi, detenidos, reos sentenciados y procesados.